La libertad religiosa sigue preocupando

WASHINGTON, sábado, 13 mayo 2006 (ZENIT.org).- La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos ha publicado la semana pasada su informe anual sobre la situación mundial. Ha anunciado también las recomendaciones de este año para el secretario de estado sobre «países de especial preocupación», CPCs en la jerga del gobierno.

Según la Ley sobre Libertad Religiosa Internacional de 1998, Estados Unidos designa como CPCs a aquellos países cuyos gobiernos están implicados o toleran violaciones sistemáticas y manifiestas del derecho universal a la libertad de religión o creencia.

Tras el informe del año pasado, la Secretaria de Estado, Condoleeza Rice, designó como CPCs los siguientes países: Corea del Norte, Eritrea, Irán, China, Arabia Saudí, Sudán, Vietnam y Myanmar (la antigua Birmania). El informe de esta semana recomendaba que estos ocho países siguieran en la lista, y que se añadieran Uzbekistán, Turkmenistán y Pakistán.

La comisión, o USCIRF para ser breves, también tiene una «lista de observación» de países con graves problemas en cuanto a libertad religiosa. El informe de este año añadía Afganistán a la lista de Bangladesh, Bielorrusia, Cuba, Egipto, Indonesia y Nigeria.

El USCIRF también supervisa de cerca la situación de la India, Rusia y Sri Lanka. Además, continúa estando «especialmente preocupado» por Irak.

Sobre este último, el informe del USCIRF indica que «siguen las cuestiones fundamentales sobre el contenido final de la constitución, y sobre cómo se implementarán las disposiciones sobre libertad religiosa y otros derechos fundamentales a través de la legislación». Como consecuencia, los derechos humanos, incluyendo la libertad religiosa, siguen en peligro. El informe también expresaba su preocupación por la violencia en Irak debida a la intolerancia religiosa, al igual que por los ataques a los lugares de culto.

Están en especial peligro las comunidades minoritarias, incluyendo a los cristianos irakíes. Debido a la violencia continuada, los cristianos están abandonando el país, y el USCIRF advertía que el éxodo puede significar el fin de una larga presencia cristiana.

Post-Talibán

En cuanto a la presencia de Afganistán en la lista de observación, el informe comentaba que las condiciones han mejorado desde los días del régimen talibán, pero que el año pasado ha sido problemático para la libertad religiosa.

La nueva constitución afgana tiene defectos, que incluyen la falta de protecciones claras del derecho de religión o creencia, indicaba el informe. Esto tiene como resultado un creciente número de procesos penales y otras actuaciones oficiales contra los individuos.

Los defectos constitucionales se han visto exacerbados por el Tribunal Supremo del país, «que sigue siendo dirigido por un Juez que rechazó la ayuda sobre estándares internacionales de derechos humanos de la Comisión».

Además, la falta de control eficaz por parte del gobierno de la mayor parte del país, a excepción de los alrededores de la capital, Kabul, ha llevado a un deterioro progresivo de la situación de la libertad religiosa y de otros derechos humanos en muchas provincias.

Visita a China

China, por su parte, ha aumentado su control sobre los líderes religiosos, afirmaba el informe norteamericano. Los miembros del USCIRF han visitado China por primera vez el pasado agosto. Entre otras reuniones, se encontraron con representantes de las organizaciones religiosas «patrióticas». Estos organismos aprobados oficialmente se limitan a cinco creencias: budismo, catolicismo, Islam, protestantismo y taoísmo.

El coste del reconocimiento oficial ha sido alto, observaba el USCIRF. Las organizaciones aprobadas deben someterse a que el gobierno controle sus actividades. También han aceptado restricciones sobre qué doctrinas y tradiciones pueden enseñar. Se ha informado de que algunos líderes cristianos han tenido que refrenarse sobre las enseñanzas que implican la segunda venida de Jesús, la sanación divina, la práctica del ayuno, y el nacimiento virginal.

«La mayoría de la práctica religiosa en China tiene lugar fuera del sistema de las organizaciones aprobadas por el gobierno», indicaba el informe del USCIRF. Esto a pesar de las graves penas legales para quienes se implican en actividades religiosas no aprobadas.

Los budistas en el Tíbet y los musulmanes en la región de Xinjiang también se enfrentan a graves restricciones en la práctica de sus religiones, y el informe acusaba a las autoridades de graves abusos de los derechos humanos en estas dos regiones.

Otro país de la lista CPC es Vietnam. El gobierno «sigue cometiendo violaciones sistemáticas y manifiestas de la libertad de religión o creencia», indicaba el informe. En mayo del 2005, el departamento de estado de Estados Unidos anunció un acuerdo con Hanoi sobre algunas directrices que demostraran una mejoría en las condiciones de la libertad religiosa.

«El expediente de cumplimiento de este acuerdo por parte de Vietnam tiene altos y bajos», sostenía el USCIRF. Algunos presos han sido liberados y se ha abierto un cierto número de lugares de culto religioso. Se han suavizado algunas de las restricciones a los budistas y católicas. Pero todavía existen restricciones.

África en conflicto

Sudán ha sido otro país señalado con preocupación en el informe. El 9 de enero de 2005, las partes en conflicto en la guerra civil norte-sur firmaron un acuerdo de paz. Las disposiciones sobre libertad religiosa, no obstante, no han sido respetadas, según el informe norteamericano.

La situación ha mejorado algo en el sur, según el informe. Pero en la parte norte de Sudán todos los habitantes, incluidos los cristianos y los seguidores de las religiones tradicionales africanas, están sujetos a la Charia, o ley islámica. Se requiere la aprobación del gobierno para la construcción y uso de lugares de culto, y aunque se conceden con regularidad permisos para construir mezquitas, normalmente se deniega el permiso para construir iglesias. De hecho, durante más de 30 años, el gobierno ha negado el permiso para construir iglesias católicas en las zonas bajo su control.

Se suele atacar las iglesias construidas sin permiso. Además, las propiedades de la iglesia que han sido reconocidas legalmente son vulnerables de ser expropiadas. El informe observaba el caso de unas instalaciones recreativas católicas que fueron confiscadas por el gobierno para el uso privado del Partido del Congreso Nacional.

Aunque no se ha aplicado en los últimos años, todavía existe en Sudán la pena de muerte por apostasía del Islam. Los convertidos al cristianismo se enfrentan, por lo general, a tantas presiones sociales y acosos oficiales que no pueden permanecer en el país.

La religión también es un elemento de conflicto en Nigeria. El informe norteamericano indica que, desde que el presidente Olusegun Obasanjo llegó al poder por elección popular en 1999, más de 10.000 nigerianos han sido asesinados en ataques sectarios y comunales y por represalias entre musulmanes y cristianos. Los últimos conflictos incluyen el asesinato de al menos 120 musulmanes y cristianos durante las protestas de febrero pasado sobre las caricaturas del profeta Mahoma. Las protestas han fomentado las tensiones religiosas y étnicas.

Los cristianos en los estados del norte, donde se ha adoptado la Shariah, se quejan de discriminación por parte de los gobiernos controlados por musulmanes y hablan de sus comunidades como de ciudadanos de segunda clase.

Financiar el odio

Otro país que ha sido incluido en la lista negra del USCIRF es Arabia Saudí. El informe de este año comentaba que el gobierno sigue prohibiendo cualquier forma de expresión pública religiosa que no sea de la escuela del Islam sunní oficialmente reconocida. Las autoridades también reprimen la práctica religiosa privada.

El informe acusaba también al gobierno saudí de seguir financiando «actividades a través del mundo que apoyan una extrema intolerancia religiosa, el odio, y, en algunos casos, la violencia hacia los no musulmanes y los musulmanes no afectos».

La violencia por motivos religiosos persiste en Pakistán, el informe observaba que esto explicaba por qué se recomendó que el país se añadiera a la lista CPC. Además, la respuesta del gobierno a este problema, aunque ha mejorado «sigue siendo insuficiente y no totalmente eficaz».

El informe observaba que algunas de las leyes del país implican penas de prisión por motivos de religión o creencias. La situación se complica dada la alianza política del gobierno pakistaní con los partidos religiosos militantes, que ha reforzado a estos grupos y les ha dado influencia en los asuntos del país.

Una tendencia que va contra la corriente de la separación entre la Iglesia y el Estado.
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