Izquierda Unida pide al Gobierno que facilite por ley la apostasía de la fe católica. IU-ICV acusa a la Iglesia de utilizar los registros de bautismo para «obtener privilegios económicos»

Madrid- «Los obispos españoles niegan sus derechos a los ciudadanos y ciudadanas que expresan, de manera inequívoca e indubitativa, su voluntad de abandonar toda relación de pertenencia a la Iglesia católica». Ésta es la afirmación lanzada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes para solicitar una reforma de la ley, que permita acelerar los trámites para apostatar de la fe católica. La iniciativa será defendida hoy en el Congreso por parte de la portavoz de IU-ICV en la Comisión de Justicia, Isaura Navarro, con el fin de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero fije un procedimiento «sin trabas» para abandonar la pertenencia a la Iglesia. «La apostasía es la renuncia a la fe cristiana recibida por medio del bautismo, el abandono explícito y voluntario en los dogmas y creencias de la Iglesia que se asumen por este sacramento», recordó Navarro, según recoge Servimedia.
   Acusaciones y mentiras. Además de agilizar los trámites para apostatar, que IU-ICV ha calificado de «lentos» e «inciertos en su resolución», la propuesta de ley va más allá. Exige que el Gobierno «actúe legalmente contra la Iglesia católica» porque, en opinión del grupo catalán, «impide» y «obstaculiza» estos procesos. Fuentes de la Iglesia aseguraron para LA RAZÓN que estas acusaciones «son falsas y carecen de fundamento. Sólo buscan hacer daño a los católicos y posibilitar que el abandono de la fe se convierta en un juego, en una moda, en algo superfluo. Además, cuando alguien solicita apostatar no se le ponen trabas. Sólo se siguen los pasos necesarios. Ellos piden algo imposible: nosotros sólo recogemos que se ha llevado a cabo un hecho, algo histórico, y eso no se puede eliminar». Y es que IU-ICV solicita, además, que se borre el nombre de los bautizados que consta en las partidas de bautismo de cada diócesis. De hecho, han solicitado que la Agencia Oficial de Protección de Datos «vigile» la destrucción de estos registros. Es decir, que las actas levantadas para recoger la celebración de un bautizo sean eliminadas. Pero Isaura Navarro fue más allá.
   La diputada acusó a la Iglesia católica de «obtener beneficios» con estos datos pues «gracias a los registros de bautismo hacen aumentar artificiosamente su número de fieles en determinadas estadísticas, para obtener mayores privilegios sociales y económicos, sin preocuparles la integridad de las creencias de esos fieles». En todo caso, el motivo esgrimido por la formación es el de una supuesta demanda social. «Cada día son más los ciudadanos y ciudadanas que se quejan de las enormes dificultades, y en ocasiones la imposibilidad, de obtener lo que en terminología eclesiástica se llama apostasía», afirmó en un comunicado Francisco Garrido, portavoz de ICV.
   Sin embargo, aunque la propuesta de la izquierda se muestra especialmente beligerante con la Iglesia católica, su petición no se limita a reclamar que se agilice el abandono de la fe cristiana. Así, hoy solicitará en el Congreso que se garantice un sistema «rápido, directo y eficaz» para «dejar de pertenecer de manera expresa a las confesiones religiosas». Sean las que sean.
   No es la primera ocasión en que IU-ICV solicita al Ejecutivo medidas contrarias a los principios de las religiones mayoritarias, y especialmente de la fe católica, como la legalización de la eutanasia. El día 31 de mayo, durante el Debate sobre el estado de la Nación, el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera, aseguró que «ésta puede ser la legislatura del derecho a morir con dignidad» y pidió «que acaben los privilegios de la Iglesia».

José Antonio Méndez

La Razón, 7 de junio de 2006