EL 11-M Y SUS CONSECUENCIAS POLITICAS. Por Jaime Ignacio del Burgo*.

Teorías extravagantes 

Dicen nuestros detractores que sustentamos absurdas teorías conspirativas que no se tienen en pie. Demasiada gente para que pudieran estar todos ahí: Al Qaeda, ETA los servicios secretos marroquíes, más la incompetencia o negligencia de algunos mandos policiales, sin contar -¡válgame Dios!- con sobre la presencia de antiguos mandos de Interior de la época de los GAL. Es imposible la conjunción de todos ellos. No es posible, nos dicen y yo estoy de acuerdo, la existencia de una mano negra capaz de decidir, coordinar, planificar y ejecutar una masacre con tantos actores implicados y fines tan diversos. En consecuencia, concluyen, los sedicentes investigadores del 11-M no son más que un grupo de falsarios o de gentes con la mente calenturienta o una finalidad política torticera. No hay “agujeros negros” ni “enigmas”. A lo sumo, “casualidades. Como me dijo el ministro Alonso en el Congreso: sólo son teorías “extravagantes”.

 

Todo el empeño del Gobierno ha sido transmitir la idea de que se ha llevado a cabo, bajo la dirección del poder judicial, una investigación exhaustiva y definitiva. Y sale lo que sale: que un grupo de “moritos de Lavapiés” se sintieron soldados de Alá y decidieron dar un escarmiento a España por su malvada actuación en Iraq. Uno de los implicados, recién convertido a la causa del islamismo, aunque no lo demostrara en sus comportamientos externos, era Jamal Ahmidan, alias El Chino. Estaba en sociedad con unos asturianos que, además de droga y otros negocios ilegales, vendían dinamita. Por eso no tuvieron problemas para conseguir los explosivos. Lo demás fue coser y cantar. Compraron teléfonos para utilizarlos como temporizadores en el montaje de las bombas. Después seleccionaron su objetivo: trenes de cercanías del corredor del Henares, en una hora punta. Eligieron la fecha mediante un método cabalístico: el 11 de marzo de 2004. Por supuesto, nada que ver con las elecciones convocadas para el domingo día 14.

 

Para diferenciarse en algo de los terroristas de Al Qaeda decidieron suicidarse, pero lo dejaron para más tarde, aunque con ello arriesgaran no entrar jamás en el Paraíso. Después del atentado algunos huyeron, pero los principales cabecillas se quedaron y siguieron con su vida normal. Intentaron nuevas fechorías, como la voladura del AVE Madrid-Córdoba. Por fin, el 3 de abril de 2004 siete de los islamistas, entre ellos los cabecillas, fueron descubiertos por la policía en un piso de Leganés. No hubo ninguna heroica resistencia y en vez de morir matando por Alá, esta vez sí, prefirieron suicidarse. La fatalidad hizo que muriera uno de los GEOS asaltantes, cuyos restos serían sañudamente profanados como venganza de los islamistas, aunque la Policía ha sido incapaz de averiguar la identidad de sus autores. Y eso es todo.

El auto del juez 

El juez del Olmo después de casi dos años de pesquisas, ha sentado en el banquillo a veintinueve de ciento dieciséis imputados en función de las investigaciones policiales. Nueve de los procesados son asturianos y el resto de origen árabe o magrebí. Sólo dos están acusados de haber participado directamente en la masacre. A los demás se acusa fundamentalmente de colaboración con banda armada. 

 

El auto de procesamiento no dice quién ordenó el atentado, por lo que la autoría intelectual sigue en el aire. Por no decir, ni siquiera dice de qué se acusa a cada procesado. Tampoco dice si hubo o no negligencia en la actuación de algunos mandos policiales. No da respuesta a la gran pregunta-escándalo del 11-M: cómo es posible que si todos, absolutamente todos, los que participaron en la masacre según el auto judicial o eran confidentes de la Policía, de la Guardia Civil o del CNI, o estaban estrechamente vigilados por orden del juez Baltasar Garzón, no se hubiera logrado evitar el atentado.

El tiro por la culata. Ni mentira ni imprevisión. 

A instancias del Partido Popular, se constituyó una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. Desde el primer momento pudimos comprobar que el PSOE había aceptado su creación porque creyó poder dar la puntilla al Partido Popular poniendo de manifiesto la gran mentira de Estado. Hizo el ridículo cuando se descubrió que su primer gran testigo –el portero de Alcalá- había estado en contacto con el vicepresidente de la Comisión. Más tarde se dijo –y nadie lo ha desmentido- que era militante socialista. Al PSOE le salió el tiro por la culata. Hoy sabemos que el ministro Acebes transmitió a la opinión pública prácticamente en tiempo real la información facilitada por los responsables policiales de la investigación. Y sabemos también cómo los responsables de la campaña socialista fabricaron la gran mentira para destruir al PP que comenzó con la invención de la noticia y su difusión por el propio secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero a los medios de comunicación de que en el Ifema había aparecido el cadáver de un terrorista suicida y el Gobierno lo estaba ocultando.

 

La Comisión se cerró en falso, pero no fue del todo inútil. Nos proporcionó información suficiente para poder formular dos conclusiones de gran importancia política: el Gobierno no mintió –otros lo hicieron- y no hubo imprevisión del riesgo que implicaba el terrorismo islamista. Esto último porque no se puede acusar de imprevisión cuando todos los servicios policiales estaban en alerta máxima y, más aún, tenían a todos los islamistas bajo control. A pesar de ello, el sectarismo de la mayoría se impuso y en sus conclusiones sostienen lo contrario: el Gobierno no dijo la verdad –aunque no se llegue al calificar su conducta informativa de “engaño masivo”, según la expresión utilizada en su comparecencia por Rodríguez Zapatero, y además hubo imprevisión.

Las verdades de Acebes 

Olvidan que el ministro Acebes no hizo imputación a ETA de la autoría hasta las 13,30 horas del día 11-M, después de recabar la opinión de la cúpula policial y de conocer el criterio del CNI. Por el contrario, quienes atribuyeron a ETA la comisión del atentado fue en primer lugar el candidato socialista e inmediatamente después el lehendakari del Gobierno vasco. Fue Acebes quien, a media tarde del 11-M, tras conocer la aparición en la furgoneta supuestamente abandonada por los terroristas en Alcalá de Henares de una cinta coránica, ordenó la apertura de una nueva vía de investigación. A partir de entonces,  el ministro fue facilitando a la opinión pública todo cuanto los responsables policiales le iban haciendo saber. Es Acebes quien informa del descubrimiento de la famosa mochila de la comisaría de Vallecas y de su contenido. Y en la tarde del día 13, da cuenta inmediatamente después de producirse de la detención de los dos hindúes que habían vendido el teléfono hallado en la mochila –que luego fueron puestos en libertad sin cargos- y los tres marroquíes propietarios del locutorio donde se vendió la tarjeta prepago inserta en aquél, entre ellos Jamal Zougam, del que dijo el ministro que mantenía relaciones con elementos pertenecientes al fundamentalismo islámico.

La gran mentira 

A pesar de todo ello, Pérez Rubalcaba –a la 9,30 de la noche- y en plena jornada de reflexión, pronunció la frase más contundente de las expresadas contra el PP en aquellos días: “Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta, un Gobierno que les diga siempre la verdad”, al tiempo que añadía: “El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido de Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el Gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Nunca, nunca utilizaremos el terrorismo en la confrontación política”.  Qué cosa.

El muro infranqueable 

Sólo en estos dos extremos –información e imprevisión- tanto la documentación aportada a la Comisión como las comparecencias llevadas a cabo ante ella arrojan luz. Pero nada más. En el momento en que intentamos profundizar en las grandes incógnitas que poco a poco se ofrecían como consecuencia de algunos descubrimientos propios y sobre todo de las revelaciones del equipo de investigación de El Mundo nos encontramos con un muro infranqueable: la mayoría gubernamental. Es un escándalo que la Comisión se cerrara sin determinar qué pasó en Asturias, cuál fue el comportamiento de ciertos mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por qué incurrieron en graves falsedades y contradicciones. Es una infamia que no se quisiera escuchar a los confidentes policiales y otras personas que hubieran podido proporcionar información muy relevante para conocer la verdad. Sólo el sectarismo de la mayoría impidió que se pudiera averiguar quién organizó la gran mentira contra el Partido Popular, quién promovió el asedio de las sedes, quién intoxicó constantemente con informaciones falsas dirigidas a minar la credibilidad del Gobierno, o si hubo deslealtad por parte de ciertos mandos policiales.

 

Voy a referirme a tres episodios de la Comisión que viví en primera persona y que tuvieron alguna repercusión.

El interrogatorio que acabó en llanto 

En primer lugar, me referiré al interrogatorio al jefe de estupefacientes de Avilés, el controlador del asturiano Emilio Suárez Trashorras. Compareció el 27 de julio de 2004 ante la Comisión. Me ocupé de su interrogatorio y al finalizar hice una reflexión en voz alta desde la tristeza que me producía el hecho de que a pesar de la estrecha relación existente entre el policía y el vendedor de los explosivos éstos llegaron a poder de los terroristas. Sentimiento producido también por la comparecencia esa misma tarde de los guardias civiles que controlaban a Rafá Zouhier, cuya denuncia sobre los asturianos no surtió efectos. “Aquí ha habido fallos indudables”. Se me echaron encima los comisionados de la mayoría gubernamental. También los sindicatos policiales. “Manolón” fue recibido como un héroe en Asturias después de llorar en la Comisión mientras pedía perdón a las víctimas. Pero si llego a saber lo que ahora sabemos, mi reflexión no hubiera sido de tristeza sino de indignación porque algunos tuvieron en su mano la posibilidad de evitar el atentado y no lo hicieron.   

Un cuestionario inquietante 

En segundo lugar, está el cuestionario que remití al confidente Rafá Zouhier a la cárcel. Su contenido es inquietante. Decidí llevar a cabo esta actuación, realizado con estricto respeto a la legalidad, porque a todas horas se hablaba en la Comisión del confidente de la Guardia Civil mientras se le negaba, a pesar de su insistencia, el derecho a comparecer para explicar su participación en los hechos. Si dice la verdad, resulta que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dirigida por un antiguo colaborador de Rafael Vera) tuvo en su mano la posibilidad de detener a los asturianos por la venta ilegal de dinamita y abortar así el atentado. También aquí la mayoría gubernamental –con la ayuda de los medios afines- puso el grito en el cielo. Lo que menos importaba era analizar el testimonio de quien creía que había colaborado con “la élite de España”, que así llamaba a la UCO. Una vez más se hizo realidad la vieja costumbre de “matar al mensajero”.

Risas en la sala 

El tercer episodio se refiere a la posible conexión entre ETA y el islamismo. Hubo risas en la sala, según cuenta el diario de sesiones, cuando el 7 de julio de 2004 hice algunas preguntas sobre ETA y los islamistas a Mariano Rayón, jefe de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía, encargada de la lucha contra el terrorismo islámico. Aquí hubo cerrazón total. Por supuesto, el interpelado dijo no tener ni idea de lo que le estaba preguntando.

 

El Gobierno negó que existiera ninguna relación y por lo tanto no había que investigar nada de nada. Unos meses más tarde, Rodríguez Zapatero afirmó que todo estaba investigado, que de ETA nada de nada y que así se declararía en la “sentencia” del juez. Y sin embargo, hoy sabemos que en las cárceles españolas se ha tejido una relación muy profunda entre ciertos etarras e islamistas. A pesar de ello, la cerrazón continúa. Los informes que se remitieron a la Comisión elaborados por el comisario socialista Telesforo Rubio, responsable de la Comisaría General de Información, carecen del rigor exigible a una investigación digna de tal nombre. Aquí la opacidad es total y absoluta. Es como si se supiera algo inconfesable o se tuviera el temor de que pudiera aparecer. La tomadura de pelo a la Comisión en este asunto es total. Pero no cejaremos en el empeño.

 

El conocimiento de la primera treintena de tomos del sumario, desclasificados por el juez del Olmo, evitaron que la Comisión se cerrara a finales de diciembre de 2004, aunque hasta el 30 de junio de 2005 no pudiéramos hacer otra cosa que recabar información, pues no se acordó ni una sola comparecencia. El juez del Olmo esperó al pleno que aprobó las conclusiones elaboradas por la mayoría para abrir otros cien tomos del sumario. De haberlo hecho antes del cierre a buen seguro no se hubiera cerrado la Comisión. Porque, aunque el juez no haya querido profundizar en la investigación limitándose a recopilar uno tras otro los informes policiales, el sumario ratifica lo que decíamos al principio: que todos aquellos a quienes se atribuye la autoría material o se les imputa haber colaborado con la célula de Lavapiés o eran confidentes de los cuerpos de seguridad o estaban estrechamente vigilados por la policía, bajo control de la autoridad judicial y muy especialmente del juez Garzón. Y si esto fue así, ¿cómo es posible que no se hubiera evitado la comisión del atentado?

Insólito: la Guardia Civil versus la Guardia Civil 

La apertura del sumario pone de manifiesto, además, numerosas cosas insólitas, como por ejemplo que la Guardia Civil de Asturias denunció ante el juez lo que denominaba paladinamente como las “mentiras de la UCO” ante la Comisión del 11-M. El mundo al revés: la Guardia Civil contra la Guardia Civil. El general Laguna, al que según las crónicas hice llorar en la Comisión –lo cual es rigurosamente falso, entre otras razones porque los generales nunca lloran-, había puesto de manifiesto que el coronel Hernando no dijo la verdad ante aquélla. El jefe de la UCO señaló que tras la denuncia de Rafá Zouhier fueron a Asturias para verificar su posible veracidad. Llegaron a la conclusión de que era cierto y alertaron a la Jefatura de Zona de Asturias que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras trataban de introducir dinamita robada en el mercado de Madrid al precio de un millón y medio de pesetas por cada dos kilos y medio de explosivos. Admitían también el pago en especie: un kilo de cocaína por la misma cantidad de dinamita. Hernando dijo que con el resultado de sus investigaciones, la UCO envió una nota informativa a la comandancia asturiana y a partir de ese momento se desentendieron del asunto. En su testimonio ante la Comisión, el coronel Hernando admitió que Rafá Zouhier les había facilitado una muestra de la dinamita robada, pero como estaba en mal estado procedieron a su destrucción. El general Laguna rechazó la versión de Hernando. La UCO no sólo no se desentendió del asunto sino que sus agentes formaron un grupo de trabajo con agentes de la Comandancia de Oviedo que funcionó durante todo el año 2003. Como prueba de ello, el general Laguna aludió a una segunda nota informativa donde, al parecer, la UCO señalaba que los asturianos mantenían relación con la banda de Jamal Ahmidam. Pues bien, en el informe sobre las “mentiras de la UCO” remitido al juez del Olmo, la Guardia Civil de Asturias afirma que agentes a las órdenes del coronel Hernando les pidieron que destruyeran esa segunda nota informativa, porque ponía en entredicho su testimonio ante la Comisión. A pesar de la gravedad de estos hechos, no consta en el sumario ninguna actuación judicial dirigida al esclarecimiento de la verdad.

Necesidad de una auditoría de la investigación policial 

Y un análisis riguroso de las pruebas aportadas al sumario demuestra la endeblez del sumario para formular una acusación rotunda sobre la autoría material y pone de manifiesto los “agujeros negros” y “enigmas” del 11-M, confirmando que las investigaciones del equipo de El Mundo y las de ese “francotirador” de la investigación que es Luis del Pino están muy lejos de poder ser descalificadas ni consideradas como teorías “extravagantes”. Gracias a esa pertinaz tarea investigadora hoy conocemos que la verdad oficial hace aguas por todas partes.

 

Por eso, aunque sé que predico en el desierto, abogo por la necesidad de proceder a una auditoría de la investigación. En el sumario hay pruebas suficientes como para desconfiar de quien está al frente de la Comisaría General de Información, que es un comisario político designado por el Partido Socialista para dirigir la investigación. Nuestros motivos para la desconfianza tienen su fundamento en que el actual Comisario General de Información no sólo participó en la redacción del programa electoral socialista en materia de seguridad sino que preparó su comparecencia ante la Comisión del 11-M en la sede socialista de Gobelas.

Cui prodest: los grandes beneficiarios del 11-M 

Es evidente que ni la Comisión ni el sumario han dado respuesta a la gran pregunta: ¿Quién fue? Hay un adagio latino que constituye el abc de toda investigación policial: “Cui prodest” (¿A quién beneficia?). Esto nos lleva a examinar las consecuencias políticas del 11-M. Sin  duda, y eliminando de la lista al Partido Socialista Obrero Español que pudo formar gobierno gracias al cataclismo electoral provocado por el atentado, entre los beneficiarios puede estar el autor intelectual.

 

El 11-M es un atentado del que los grupos terroristas han obtenido importantes réditos políticos. España rompió sus compromisos en Iraq, retirando apresuradamente las tropas y poniendo en riesgo la continuidad de la coalición internacional. El islamismo obtuvo así una rotunda victoria, aunque atemperada por nuestra permanencia en Afganistán, que para Osama Ben Laden es un acto de mayor gravedad incluso que la entrada en Iraq para derribar al dictador –laico- Sadam Huseim. Esta retirada vergonzante provocó un grave deterioro en las relaciones con los Estados Unidos, que sin duda hay que apuntar al haber de los terroristas.

 

Otra gran beneficiaria ha resultado ser ETA. La caída del PP le ha permitido resucitar de sus cenizas y poner en marcha el “proceso” presuntamente pactado, incluso antes del 11-M, con representantes cualificados de Rodríguez Zapatero. Después de dos años de gobierno de Rodríguez Zapatero, ETA no sólo no se ha rendido sino que desde el punto de vista político mantiene intactas sus exigencias y se permite hablar de tu a tu con el Estado español, a quien desafía cada vez con mayor altanería y al que pone condiciones como el reconocimiento de Euskal Herria como nación y de su derecho a la autodeterminación, la anexión de Navarra y la excarcelación de los presos.

¿Un atentado de encargo? 

 De ser un miembro más de la banda de criminales, Arnaldo Otegui ha pasado a ser un hombre de paz. Claro que las alabanzas son recíprocas, y ahí están sus palabras de reconocimiento hacia el presidente del Gobierno por su “valentía” al aceptar que España no es la única nación sino que en el Estado conviven otras naciones además de la española, lo cual, para el dirigente proetarra es un hecho “revolucionario”.

 

Gracias a Rodríguez Zapatero, los dirigentes de la “izquierda abertzale” (que así se le llama ya sin ningún pudor por el Gobierno) han pasado de estar proscritos  por su vinculación a ETA a ser tenidos como futuros interlocutores del Gobierno para negociar un nuevo estatus político para el País Vasco a fin de lograr la “refundación de la convivencia de Euskadi”, según expresión del propio presidente. Por cierto, no deberíamos perder de vista lo ocurrido en la entrevista mantenida en Perpiñán entre Carod Rovira y la cúpula de ETA. Ya no existe duda alguna de que el paladín de la independencia de Cataluña les habría contado las expectativas creadas en virtud del pacto del Tinell. Si Rodríguez Zapatero derrotaba al Partido Popular, la posibilidad de dar un paso de gigante hacia la puerta de salida del Estado español por parte de Cataluña estaba asegurada. En consecuencia, sólo un cambio de Gobierno en España podría hacer reversible la situación agónica de la banda. A consecuencia de la política antiterrorista del Gobierno Aznar el único horizonte de la banda parecía ser el de una rendición humillante. A partir de las conversaciones de Perpiñán, ETA comenzó a soñar con la perspectiva de una negociación victoriosa. Y aunque no haya prueba que demuestre su implicación en el 11-M, mientras no se lleve a cabo una investigación rigurosa y a fondo de todos los datos que apuntan a una estrecha amistad entre etarras e islamistas, tejida dentro y fuera de las cárceles españolas, la idea de una colaboración operativa no puede ser descartada de raíz. La hipótesis del 11-M como un atentado de encargo no puede descartarse.

Otros beneficiarios 

El sultán de Marruecos, estoy seguro, no habría sentido la menor lástima al ver el trágico final del Gobierno de José María Aznar que hizo naufragar la aventura desafiante del monarca marroquí en Perejil. A nuestro vecino del sur, la derrota del Partido Popular podía abrirle la posibilidad de una relación privilegiada con los Estados Unidos a sabiendas de que ningún presidente, ni republicano ni demócrata, perdonará a Rodríguez Zapatero el inamistoso gesto de sentarse al paso de la bandera de las barras y las estrellas el desfile militar del Paseo de la Castellana.

 

Hay quien añade a la lista de beneficiarios a los proscritos del felipismo por su implicación en la guerra sucia de los GAL y en el saqueo de los fondos reservados. No hay ninguna prueba de su implicación en la masacre, aunque estoy seguro de que no estuvieron muy lejos de la campaña de descalificación del Gobierno popular iniciada desde la misma tarde del 11-M, al menos como transmisores de noticias intoxicadoras procedentes de la deslealtad de algunos mandos policiales.

Terremoto político 

Es indiscutible que el 11-M provocó un auténtico terremoto político en España. Las consecuencias están a la vista. El edificio constitucional de 1978 se resquebraja. Vivimos inmersos en un proceso constituyente “de facto” e, incluso, fraudulento, pues por la vía estatutaria se intenta alterar de raíz el Estado autonómico. Es legítimo propugnar la conversión de España en un Estado plurinacional para atribuir la soberanía a las naciones que, según los nacionalistas, integran nuestro país. El título VIII puede ser reformado en tal sentido,  pero esto no puede hacerse sin consultar al pueblo español que, hoy por hoy, es el titular único de la soberanía nacional.

 

Por decir esto y por denunciar la inconstitucionalidad del Estatuto catalán –y en algunos aspectos su imitador andaluz- se nos acusa de anticatalanismo por ir contra Cataluña, acusación que sirve para legitimar la campaña de acoso y derribo del Partido Popular. Yo envidiaba a Cataluña al considerarla como un oasis de europeísmo, tolerancia y buen sentido. Pero observo con preocupación cómo el “seny” catalán ha hecho mutis por el foro. La vida política catalana va entrando en un proceso de “batasunización”. “Se lo han buscado” vienen a decir los dirigentes de los partidos nacionalistas e, incluso, del PSC. Pues bien, si el Partido Popular y otros grupos políticos discrepantes de los dogmas nacionalistas no pueden desarrollar con plena libertad su actividad en Cataluña la democracia volverá a ser una asignatura pendiente en tierras catalanas.

El preludio de un nuevo fracaso colectivo 

En dos años de Gobierno de Rodríguez Zapatero, los conflictos históricos que tanto daño hicieron en el pasado a la convivencia entre los españoles han vuelto a resurgir. Se ha llegado a acusarnos de fascistas por reivindicar el espíritu de la transición y defender la Constitución como marco de convivencia en paz y en libertad de todos los españoles. Cada vez resulta más evidente que so pretexto de la recuperación de la memoria histórica se pretende abrir de nuevo un foso de división cívica que puede conducir de nuevo a la fractura de España en dos mitades. Detrás de la denuncia de las tropelías del bando nacional  no parece esconderse otra intención que la de restaurar la “legalidad” republicana. Nada hay de espontáneo en la exhibición de la bandera tricolor al paso de los Príncipes de Asturias. El presidente del Gobierno, principal impulsor de la reivindicación sectaria de la mal llamada memoria histórica, parece haber olvidado que si volvemos a confrontarnos por los símbolos de la nación corremos el grave riesgo de acabar a garrotazos. Y España no se merece un nuevo fracaso colectivo.

 

Si Cataluña es una nación y también lo es Galicia, el País Vasco, Andalucía, Canarias y todo aquel que se apunte a la barra libre autonómica, el fin de España como nación es un hecho. Por mucho que la Constitución proclame lo contrario, y salvo que lo remedie el Tribunal Constitucional, acabaremos por convertirnos en una confederación de naciones soberanas sin que el cada vez más débil cascarón estatal sea capaz de garantizar la unidad de España, la igualdad básica de todos los españoles, el cumplimiento de los grandes objetivos nacionales y el principio de solidaridad.

El “compromiso histórico” para arrinconar al Partido Popular 

El secreto de la estabilidad política de los últimos treinta años ha sido, sin lugar a dudas, el entendimiento a la hora de abordar las grandes cuestiones de Estado entre los dos grandes partidos nacionales. La pretensión de arrinconar al Partido Popular, heredero ideológico de la UCD y representante de una derecha plenamente democrática, es un atentado contra la convivencia nacional. Por desgracia, hoy por hoy la voluntad de consenso ha quedado pulverizada. No hay entendimiento ni a la hora de abordar –si es que hubiera que hacerla- la reforma de la Constitución, ni la lucha contra el terrorismo, ni la modificación de los Estatutos, ni la reorganización de la Justicia. El presidente del Gobierno hace tiempo que dejó de utilizar la palabra “talante” con la que encandiló a muchos españoles.

 

Claro es que esta estrategia no es nueva. A mediados de los ochenta, los dirigentes socialistas abogaban por el “compromiso histórico” con los nacionalistas, imprescindible, según decían, para conseguir el fortalecimiento de la democracia y la modernización de España. Así se fraguó la colaboración para el Gobierno del País Vasco entre el PSE y el PNV, truncada –hoy Rodríguez Zapatero no lo hubiera consentido- por el pacto de Estella. Hoy renace el compromiso histórico cuya finalidad es asegurar la permanencia en el PSOE en el poder “del Estado” y garantizar a los nacionalistas el poder de sus respectivas “naciones”. La alternancia, principio básico de toda democracia, sólo será posible si el Partido Popular obtiene mayoría absoluta. Y esto, con una mayoría de medios de comunicación que secundan la campaña de “todos contra el PP”, es muy difícil aunque no conviene caer en la desesperanza.

Sectarismo miope y anticatólico 

El balance en materia de política exterior no puede ser más desolador. Se nos prometió volver al “corazón” de Europa pero sólo hemos conseguido ser el hazmerreír de nuestros socios europeos. Parece como si el presidente Rodríguez Zapatero hubiera decidido volver a los años de la guerra fría, cuando el PSOE practicaba un antiamericanismo y antiatlantismo militantes y propugnaba nuestra inserción en el “movimiento de países no alineados” fundado en 1954por Egipto, India y Yugoslavia. Haber dado la espalda a la primera democracia del mundo, los Estados Unidos, es fruto de un sectarismo miope y radicalmente contrario a los intereses nacionales.

 

El sectarismo anticatólico ha vuelto por sus fueros. Mientras la progresía socialista se rasga las vestiduras por unas caricaturas de Mahoma, las ofensas a los sentimientos católicos se multiplican por doquier. Crecen los obstáculos a la enseñanza de la religión en las escuelas. Algunas reformas legislativas, como la equiparación al matrimonio de la unión homosexual, han afectado a una institución que hunde sus raíces en la civilización occidental. Al margen de los sentimientos religiosos, lo cierto es que para dar satisfacción a ciertos colectivos marginales no se ha dudado en ofender las convicciones éticas de amplias capas de la población. Hay otros ejemplos de sectarismo, como por ejemplo la promulgación de la ley de educación contra el criterio de buena parte de la comunidad escolar.

La democracia aburrida 

En suma, las consecuencias políticas del 11-M han sido mucho más profundas que las derivadas de un mero relevo en el gobierno de la nación. Se ha escrito que la democracia es un sistema aburrido, pues nada cambia después de las elecciones al mantenerse intactos los principios básicos de la organización política y del modelo de sociedad. El relevo de los equipos de gobierno y de los modos de gestión de la cosa pública es saludable. Hace tan sólo tres años conmemoramos el veinticinco aniversario de la Constitución de 1978. Yo creía que España se había convertido ya en una democracia aburrida gracias al acierto de nuestra Ley fundamental. Pero estaba equivocado. Desde hace dos años, la “clase política” española en vez de dedicar todas sus energías a resolver los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos como la educación, la sanidad, la vivienda, la seguridad o la inmigración, no hace otra cosa que debatir sobre las esencias. Es como si hubiéramos regresado al túnel del tiempo para  reproducir todo aquello que en el pasado nos llevó al abismo: el debate sobre el ser o no ser de España, la forma de gobierno, el desafío nacionalista, los hachazos a la libertad religiosa... Todo un despropósito.

Una mente española 

Silvio Berlusconi, días después del atentado hizo unas declaraciones sobre el 11-M que no por ser del ex primer ministro italiano dejan de ser atinadas pues son fruto de una reflexión inteligente. “Estoy convencido de que ETA ha desempeñado un papel en los atentados del 11 de marzo. Analicemos la situación;: la técnica demasiado refinada, la elección de los tiempos, la contemporaneidad de los ataques... ¿Es posible que, en pocas horas, gracias al hallazgo de un teléfono móvil en una mochila se llegue hasta los presuntos responsables de la matanza? ¿Y que se les detenga justo antes de que se abran los colegios lectorales? No; esta historia no me convence para nada y personalmente no me quito de la cabeza que ETA ha tenido algún papel... Quien ha realizado estos atentados del 11-M conocía bien España y por eso no creo que hayan sido cuatro beduinos de Al Qaeda”.

 

No hay que echar la reflexión de Berlusconi en saco roto. Detrás del atentado hubo, sin duda, una mente española que conocía muy bien la idiosincrasia del pueblo español. Los terroristas –no suicidas- pusieron todo su empeño para conseguir que antes de la apertura de los colegios electorales los españoles estuviéramos convencidos de que se trataba de un atentado islamista. Luego bastó con que la izquierda y los nacionalistas se movilizaran para acusar al Gobierno de ocultar la verdad. Aznar era el culpable del atentado por habernos metido en la guerra de Iraq. Con esta infame acusación consiguieron que fueran muchos los que, movidos por una santa indignación, votaran no por Rodríguez Zapatero sino contra Aznar. Más no se puede pedir.

 

El griterío de los que reclamaban saber la verdad enmudeció tan pronto como Acebes anunció a las doce de la noche del día 14 de marzo la derrota del PP. Al cabo de dos años, el 11-M sigue sin esclarecer. El éxito momentáneo del PSOE ha sido acallar aquella exigencia. Incluso en nuestras filas hay quien opina que debemos pasar página. No hay duda de que la oposición al Gobierno no puede ni debe centrarse en el 11-M. Son muchos los problemas de España generados desde el acceso al poder del Partido Socialista. Pero ello no puede conducir a que cesemos en el empeño de  reclamar por respeto a las víctimas y a la dignidad de la democracia el conocimiento de la verdad.

*Palabras pronunciadas en Logroño, el 15 de junio de 2006, con motivo de la presentación del libro “11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta”.