La tragedia de la II República (manifiesto)

En la república de 1931 hubo dos tendencias principales. Una aspiraba a una democracia liberal, y la otra venía impregnada de mesianismo revolucionario y, por tanto, de demagogia. La primera la auspiciaron los llamados “Padres espirituales de la República”, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, así como los organizadores del movimiento republicano,  Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura.  La tendencia mesiánica dominaba en la izquierda, desde Azaña, que tenía una concepción despótica (un régimen para todos los españoles, pero gobernado forzosamente  por los autoproclamados republicanos, es decir, los afines al propio Azaña), hasta el Partido Socialista, que tras haber colaborado con la dictadura de Primo de Rivera pasó a exigir la dictadura del proletariado, es decir, del propio PSOE; pasando por los separatistas vascos y catalanes,  o los anarquistas, sistemáticamente violentos.

 

Cabe interpretar la evolución de aquel régimen como la pugna entre esas dos concepciones, la democrático-liberal y la despótico-revolucionaria. Desde muy pronto la segunda desbordó a la primera con agresiones brutales como la quema de  iglesias, bibliotecas y centros escolares,  y una Constitución sectaria, no laica sino antirreligiosa. Tales abusos expulsaron del ideal republicano a una gran masa de la población, representada en la CEDA,  la cual aceptó pacíficamente al nuevo régimen y sus leyes, pero no pudo identificarse con él. Ello debilitó el proyecto de una democracia moderna y pluralista,  donde cupieran todos los españoles.

 

En 1933, luego de dos años de experiencia de gobierno de izquierdas, una amplia mayoría de la población votó al centro-derecha, que llegó al poder pacífica y legalmente. Pero la decisión popular fue rechazada por las izquierdas y los separatismos, los cuales intentaron varios golpes de estado, desestabilizaron al gobierno legítimo y, finalmente, planearon, en sus propias palabras,  la guerra civil. La derecha defendió la legalidad republicana, pese a disgustarle, contra el asalto de las izquierdas, que ocasionó una guerra en octubre de 1934,  con 1.400 muertos en 26 provincias, y enormes daños materiales.

 

Pese a este fracaso, la corriente despótico-revolucionaria, atribuyéndose con pleno fraude la legitimidad republicana, consiguió unirse y volver a la carga. En los comicios de 1936,  repletos de irregularidades, ganó, en principio, en diputados, empatando en votos (si bien los supuestos vencedores nunca publicaron los datos fehacientes de las elecciones). Su victoria originó  un rápido proceso de descomposición social y política, con cientos de muertes, incendios y destrucciones, culminados en el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo, uno de los jefes de la oposición, y el intento fallido contra otros. Este crimen, perpetrado por la policía y milicianos socialistas, prueba la extrema degradación de un estado cuyos aparatos de seguridad actuaban como grupos terroristas. La legalidad había sido destruida por completo desde el gobierno y desde la calle, y ello causó la guerra civil; o, más propiamente, la reanudación de ella  después de los episodios de 1934. Vale la pena recordar las invectivas de los “padres espirituales de la república” y de tantas personas sensatas, contra “los desalmados mentecatos”, “los canallas” que habían traído la ruina al régimen y la guerra a España

 

Hoy contemplamos con alarma cómo un presidente del gobierno se declara “rojo”, es decir, afín a la ideología más mortífera y tiránica del siglo XX, en rivalidad con la nazi; y  reivindica los “valores republicanos”,  entendiendo por tales los de la corriente despótico-revolucionaria. Le oímos hablar de “Paz, piedad, perdón”,  pervirtiendo el lenguaje de forma inaudita. Para él, la paz se obtiene liquidando la Constitución; la piedad la dedica a los asesinos y la aparta de sus víctimas;  y el perdón, grotesco perdón, consiste en la legalización del asesinato como forma de hacer política y obtener ventajas inadmisibles. El gobierno actual  está  destruyendo la ley, y por tanto la posibilidad de una convivencia en paz y en libertad en España. Y los ciudadanos demócratas debemos denunciar y frenar este proceso enloquecido.  

 

Pío Moa (en Libertad Digital)