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Políticamente... conservador

Conservadurismo, rule of law y defensa de las libertades

En la defensa de los principios conservadores frente al activismo judicial y el uso alternativo del Derecho, la batalla de la cultura jurídica ha sido clave. También aquí el movimiento conservador norteamericano ha plantado cara a la hegemonía de la izquierda, consiguiendo importantes éxitos. Otro ejemplo de tenacidad y lealtad a las propias convicciones.

Una de las características del sistema jurídico anglosajón es la creación judicial del Derecho. Más que la legislación, en EE.UU. son los precedentes los que van creando el ordenamiento jurídico, especialmente cuando son confirmados por el Tribunal Supremo. Esto ha determinado que los Tribunales federales, especialmente el Tribunal Supremo, hayan adquirido una importancia política capital, de modo que –como expliqué en el artículo de 10 de marzo de 2006- con el tiempo los Tribunales norteamericanos se han convertido en el foro de la moral y política en general, de la cultura  en sentido amplio.

Esto ha sido aprovechado por los activistas progresistas, quienes han recurrido a lo que se ha llamado “la seducción política del Derecho”. A su favor han tenido el hecho de que la práctica totalidad de las Facultades de Derecho están considerablemente orientadas a la izquierda, de modo que los juristas de élite han decidido legislar sin pasar por el proceso político. Bien desde la cátedra (divulgando la concepción de la Constitución como un “documento vivo”, cuyo significado varía con el tiempo y cuya determinación corresponde a los jueces) o desde el estrado (“descubriendo” en el texto constitucional nuevos “derechos” –considerando como tales lo que el americano común considera comportamientos erróneos-), la izquierda norteamericana ha conseguido imponer su agenda: aborto, discriminación positiva, matrimonio entre personas del mismo sexo, limitación de la libertad de expresión de los grupos religiosos, etc.

Precisamente el sistema de common law anglosajón ha favorecido esta utilización ideológica del sistema judicial. Grupos bien organizados, entre los que destaca la American Civil Liberties Union (ACLU), se han dedicado a litigar para conseguir precedentes judiciales que conllevaran el “descubrimiento” de esos nuevos derechos, incluso mediante el recurso a la construcción artificial de casos. Quizá el más famosos de ellos, hasta el punto de haberse convertido en un punto clave de la política norteamericana de los últimos 40 años, es el de Roe v. Wade, que concluyó en 1973 con la decisión del Tribunal Supremo de considerar el aborto un derecho constitucional de la mujer. Caso paradigmático no sólo porque el aborto y la defensa de la vida constituyen uno de los elementos que explican los cambios electorales de gran parte de los antiguos nichos de votos del partido demócrata, sino porque es un ejemplo perfecto de la orquestación de casos judiciales para conseguir una meta política. Así lo ha dicho la propia mujer cuyo “derecho a abortar” confirmó el Tribunal Supremo en 1973 (después de que naciera su hijo, por cierto).

Ante esta situación, ¿cuál ha sido la respuesta desde el campo conservador?

Por un lado, a partir de los años 70 se dedicaron a fundar despachos de abogados freedom-based de interés público sin ánimo de lucro, como respuesta al activismo ideológico de los tribunales federales y a la creciente influencia política de los grupos similares de la izquierda. Estos despachos plantaron batalla en el frente judicial, en defensa de la libertad de enseñanza, la libertad religiosa y la igualdad ante la ley (en contra de la discriminación positiva, que da trato preferencial a los ciudadanos en función de su raza). A título de ejemplo puede mencionarse cómo, de este modo, en 1973 (año de Roe v. Wade), nació la Pacific Legal Foundation,para defender la libertad en el orden, según los principios de la tradición jurídica anglosajona (imperio del Derecho, gobierno limitado, etc.).

Conforme han ido adquiriendo más importancia los temas religiosos (o incluso meramente referentes al modelo de hombre y sociedad), nuevos actores se han sumado a esta estrategia judicial. Así, en 1990 nació el American Center for Law and Justice (cuyo presidente, Jay Sekulow, ha sido una figura clave en la estrategia de confirmación de jueces propuestos por el Presidente Bush, especialmente John Roberts y Samuel Alito), y en 1999 el Thomas More Law Center.

Pero más allá de la batalla jurídica, volvieron a aplicar uno de los axiomas más verdaderos del movimiento conservador Americano en los últimos 50 años: las ideas tienen consecuencias. Por tanto, al tiempo que trabajaban en las consecuencias, decidieron atajar las causas de las mismas. Es decir, plantearon la batalla de la cultura jurídica, empleando para ello el llamado “originalismo”. Es decir, en lugar del uso alternativo del Derecho, los juristas deben interpretar las normas (especialmente la Constitución) en su sentido original. El nombramiento de Edwin Meese III como Fiscal General en la primera administración Reagan fue decisivo para la consolidación de esta corriente. Una de las ideas fuerzas que Meese ha aportado al debate constitucional norteamericano es que la Constitución no limita únicamente los poderes ejecutivo y legislativo, sino también el judicial. Los jueces, por tanto, no tienen legitimidad para imponer sus preferencias políticas como Derecho.

Pero como decía anteriormente, la mayoría de las facultades de Derecho están tomadas por la izquierda. Lejos de arredrarse, los conservadores decidieron fundar sus propias Facultades de Derecho, como la Ave Maria School of Law (católica) o la Regent University School of Law. Hay que señalar que el mundo académico norteamericano ha tenido que reconocer la seriedad y excelencia de estas iniciativas (en el último torneo universitario de estudiantes de derecho –moot court competition- el mejor de 150 equipos provenía precisamente de Regent).

Esta estrategia ya está dando frutos, y poco a poco también en el mundo jurídico van avanzando las posiciones conservadoras. Lo que hace 20 años era impensable ha sucedido. Más de 100 profesores de Derecho han colaborado en los Comentarios a la Constitución americana publicados por la Heritage Foundation, bajo la dirección del propio Edwin Meese III. Y entre estos más de 100 profesores figuran en pie de igualdad –junto a juristas de las más prestigiosas Universidades del país, como Harvard, Berkley o Columbia- profesores de Ave Maria o Regent.

Todos los analistas coinciden en que sin este trabajo cultural, nombramientos como los de Roberts y Alito para el Supremo (y tantos otros en tribunales inferiores) no hubieran sido posibles.

Una vez más, la experiencia americana demuestra que el coraje, el trabajo a largo plazo y, sobre todo, la fidelidad a los principios, son garantías de éxito para la derecha. ¿Vimos algo semejante en la reciente Convención Popular?

 

Publicado en American Review por Pablo Nuevo López
American Review, 20-04-2006

 

 
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