Las consecuencias del Título I no son teóricas. Tendrá efectos en los ámbitos de las leyes, de la actuación de la Generalitat, en el ámbito judicial y producirá iniciativas legislativas ante el Parlamento español. Afectará a nuestras vidas.
Define un proyecto para la sociedad incompatible con el que tenemos una buena parte del pueblo catalán. A diferencia del Estatuto de 19799, hecho por consenso, éste alza el muro de la división social. Es conflictivo, motivo de confusión jurídica y, por tanto, de debilitamiento de las garantías de los ciudadanos. Nos hace más indefensos ante el poder político.
Su ambigüedad y confusión permite con facilidad configurar un modelo de sociedad muy distinta al que establece la Constitución Española adoptada por consenso.
Los catalanes no podemos aceptar el argumento de que como la Constitución Española ya nos protegerá de los excesos del nuestro Estatuto de Autonomía, podemos votarlo favorablemente. ¿Para qué queremos un Estatuto que es un peligro?
El Título I crea unas expectativas que todo el mundo sabe que la Generalitat no podrá satisfacer por falta de recursos económicos. Es una acto fruto de la demagogia o la inconsciencia. El resultado producirá frustración, desconfianza y desacreditará al Estatuto y a la Generalitat.
El Estatuto se afirma en los Derechos Históricos, pero a la vez censura toda referencia al Cristianismo, fundamento de estos derechos, cultura y tradición. La Cataluña que dibuja el Estatuto no se quiere a sí misma.
El Título I, al imponer unos principios políticos partidistas, liquida la alternancia de programas de gobierno, que es el fundamento de la democracia
Establece una sociedad intervenida por los poderes públicos en todos los ámbitos de la vida personal y social, y excluye de los principios contemplados en el Título I la subsidiariedad.
A pesar de la larga enumeración de principios –algunos bien discutibles- para guiar la acción de gobierno, se menosprecia uno de tan necesario como es la seguridad.
Elude el derecho a la libertad de educación que está establecido en la Constitución.
Puede limitar el derecho a recibir clases de religión en la escuela pública (art. 21.2)
El Título I fomenta las uniones de hecho a la vez que ignora el matrimonio.
No contempla la especificidad de la familia. Da pie a considerar como tal a formas de convivencia que la Constitución Española excluye de la definición de familia.
Olvida escandalosamente la solidaridad intergeneracional con los menores de 50 años amenazados por la quiebra de la Seguridad Social.
Da pie a introducir la eutanasia y el suicidio asistido, por los que la Generalitat ya ha hecho pública una iniciativa política (art.20)
El artículo 41.5 vulnera el derecho a la vida desde su concepción que establece la Constitución Española, al instaurar el principio de que la mujer tiene derecho a disponer de su propio cuerpo sin ninguna limitación, estableciendo así el aborto libre.
El Título I ignora los retos de la ciencia en la ética al no incorporar ningún principio, derecho o deber que proteja al ser humano, ni siquiera los acordados por las Naciones Unidas sobre la clonación.
Impone la ideología de género (art. 41 et al) como principio del gobierno de Cataluña. Esta ideología reproduce el mismo esquema de la lucha de clases del marxismo y lo traslada a las relaciones entre hombres y mujeres, presenta el matrimonio religioso, la familia y la maternidad como fuente de injusticia y violencia contra la mujer.
Olvida los dos grupos de mujeres más marginadas por los poderes públicos: las viudas con bajas pensiones y las mujeres que trabajan en casa a causa de los hijos a quienes cuidan.
No traduce el principio de elección directa de los diputados al mantener las listas cerradas y bloqueadas, sobre las que todavía aplica más restricciones a la voluntad del elector.
Da un trato marginal e insuficiente al escándalo social de la pobreza y la marginación.
Para el Estatuto, la religión, las confesiones religiosas, en Cataluña no existen. Fomenta el laicismo que pretende reducir la religión a un hecho privado, negándole su dimensión social. Silencia lo que establecen las Constituciones Española y Europea.
Utiliza la memoria histórica en términos partidistas y sectarios que promueven la división.
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