DELINCUENCIA E INSEGURIDAD: RETO AL ESTADO

Thomas Hobbes fue el primer filósofo de la modernidad que articuló la tesis del pacto de renuncia de derechos individuales a cambio de la protección de un soberano poderoso, aunque su teoría goza hoy de bastante menor popularidad que la de Jean-Jacques Rousseau, plasmada en “El contrato social”, de agudizado individualismo y sustento ideológico de los estados liberales. Podríamos debatir acerca de sus aportaciones doctrinales, pero el acuerdo sería unánime a la hora de señalar la legítima defensa frente a la agresión injusta como uno de los derechos fundamentales de todo individuo, derecho que resulta menguado y condicionado por la legislación penal. Personalmente soy una decidida defensora de dicha mengua y me repugna la libérrima aplicación del principio de autodefensa armada en los EE.UU. Pero, y en este punto suscribo la teoría de Hobbes, siempre y cuando el Estado asuma su responsabilidad y cumpla con su obligación de custodio y salvaguarda de la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.

Ese entramado teórico se desmorona ante nuestros ojos aquí y ahora. España se convirtió hace ya tiempo en un paraíso de delincuentes, por efecto de las legislaciones penal, procesal y penitenciaria. En los últimos siete años se ha detectado un imparable ascenso de los delitos perpetrados por extranjeros, hasta alcanzar la proporción de ocho de cada diez. Analizando la casuística delictiva puede observarse una especialización según nacionalidades:

A. Las llamadas bandas latinas (ñetas, salvatruchas, latin-kings…) incurren preferentemente en pequeños robos, amenazas, extorsiones callejeras y agresiones. Sus integrantes son jóvenes inadaptados que imitan el modelo del desarraigo por antonomasia: el de los jóvenes hispanos marginales y automarginados de los barrios hispanos en EE.UU. Operan en demarcaciones urbanas cuyos límites son fruto del pacto o de la guerra entre bandas diferentes.

B. Los inmigrantes del África negra están especializados en la venta ambulante de todo tipo de falsificaciones, desde prendas de vestir y complementos hasta películas y música en CD y DVD y suelen operar por cuenta de terceros, frecuentemente de nacionalidades asiáticas. No pocos de los delincuentes africanos aspiran a obtener un mayor rédito de su actividad criminal y penetran en el sustancioso mercado de la droga: han llegado a desplazar a los gitanos de la “gama baja” del sector, es decir el comercio de cocaína más adulterada y de menor precio.

C. Los magrebíes (marroquíes, tunecinos y argelinos) comercian preferentemente con los derivados de la marihuana. Es creciente su participación en delitos contra la propiedad, violaciones y atracos a mano armada.

D. Los chinos abarcan una amplia gama de infracciones penales, desde la extorsión hasta la explotación laboral de menores pasando por el blanqueo en negocios aparentemente legales de dinero procedente de otras actividades ilícitas. Su particular hermetismo llega, de momento, hasta el punto de reducir casi exclusivamente sus actos criminales al interior de su propia comunidad.

E. Las bandas organizadas de delincuencia transnacional están compuestas por ciudadanos de la Europa Oriental. Son un sector delictivo de crecimiento exponencial, tanto en número de integrantes, como en crímenes cometidos. Por ende, puede afirmarse sin dudarlo un instante que representan el mayor motivo de alarma pues su modus operandi se caracteriza por una brutalidad insólita y extrema. A finales de la década de 1990 comenzaron a introducirse en España antiguos miembros de la guerrilla separatista albanesa de Kosovo, el UÇK de triste memoria y mitificado por una prensa irresponsable al dictado de las consignas norteamericanas. Su hipócrita solicitud de “asilo político” les facilitó el inicio en España de las mismas prácticas que habían estrenado en el sur de Serbia: pillaje, saqueo y asesinato sin escrúpulos. Tras ellos llegaron y siguen llegando oleadas de rumanos, búlgaros y rusos – no pocos de ellos antiguos miembros del ejército o policía de sus respectivos países.

El Estado de Derecho se quiebra en España por varios flancos y el de la impunidad de los delitos, o la desorbitada benevolencia de las penas impuestas, es uno de ellos. Parafraseando a Guillaume Faye podemos afirmar que los extranjeros en España, en su mayoría, son trabajadores y no delincuentes aunque es indudable que la mayoría de los delincuentes son extranjeros. Que los españoles somos un pueblo hospitalario es una realidad indudable, pero en ningún caso deseamos convertirnos en víctima colectiva de la hez internacional. Y ante esta disyuntiva la respuesta posible y necesaria es única: quien ha confundido esta tierra con un coto de caza ha de salir de su error a bordo de un avión tras ser fulminantemente expulsado de España. El status jurídico de residente extranjero queda reservado para quien con nosotros desee trabajar y vivir en paz; quien retribuya nuestra generosa acogida con su desprecio por nuestras leyes sólo merece la condición de repatriado.

Inmaculada Mompó

Bitácora Pi

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21 de julio de 2006