Católicos en la política: ¿Hasta dónde es posible el compromiso?

Leyendo la Instrucción Pastoral de los Obispos españoles “Teología y secularización en España. A los cuarenta años de clausura del Concilio Vaticano II”, me encuentro, casi al final del documento, con estas palabras: “Quienes reivindican su condición de cristianos actuando en el orden político y social con propuestas que contradicen expresamente la enseñanza evangélica, custodiada y transmitida por la Iglesia, son causa grave de escándalo y se sitúan fuera de la comunión eclesial” (n. 65).

El texto remite, a pie de página, a la “Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política”, de 24.11.2002, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En esta “Nota” se recuerda que cuando “la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad”. Es el caso, entre otros, que se plantea a la hora de salvaguardar “la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad”.

En temas de este calado, no cabe, según se deduce de estas declaraciones, ni la ambigüedad ni el compromiso, sino que se impone, como una obligación de la propia conciencia rectamente formada, la coherencia. Aunque cueste. Aunque salga caro. Aunque no sea rentable. Y nadie puede descalificar la necesidad de que todos, también los políticos, intenten ser coherentes con los dictados de su conciencia.

No es utópico pensar que la conciencia de un cristiano, o la de un hombre de bien, pueda chocar con una disposición legal positiva. La historia está sembrada de casos de ese tipo. Baste recordar a figuras como Tomás Moro o, más recientemente, al Rey de los Belgas, Balduino I.

Pero, a veces, el conflicto, más que inevitable, es buscado, o al menos no evitado, cuando fácilmente podía serlo. Será muy raro, por poner un ejemplo, que en un Ayuntamiento no se encuentre un concejal que se preste a asistir a un “matrimonio” de dos personas del mismo sexo. Lo que sí resulta paradójico es que, si en esa Corporación Municipal hay algún cristiano, sea precisamente él el que se ofrezca voluntariamente a celebrar el “enlace”.

Es evidente que la conciencia personal de ese representante político ha de ser respetada y podemos pensar que tendrá sus razones para actuar como actúa. Lo que ya resulta más dudoso es que a esa persona la veamos “repicando y en la procesión”. O comulgando un día, como un católico devoto, y al día siguiente obrando como un católico que sea coherente con lo que la Iglesia enseña no puede nunca obrar.

La Iglesia no puede imponer nada a los políticos, pero sí puede recordarles, a todos, la necesidad de la coherencia. Y si son católicos, puede pedirles que, si desean seguir siéndolo, no traicionen públicamente, con el consiguiente posible escándalo, los preceptos de su fe. Difícil tarea y ardua responsabilidad para pastores y fieles. Difícil, pero necesaria y urgente.

Guillermo Juan Morado (Doctor en Teología).

Análisis Digital, 4 de agosto de 2006