El consejero navarro de Educación choca con la Iglesia

Un caso reciente en Navarra pone contra las cuerdas la doctrina oficial zapaterista sobre la educación. Gloria López Hernández quiere educar a su hijo. Ha buscado en la legalidad vigente los resquicios que le permitirán hacerlo. La Comunidad, sin embargo, quiere imponerle la enseñanza estatalizada, a pesar de los principios que sustentan teóricamente al Gobierno, y a pesar de que nada obliga a nadie a cursar 1º de la ESO en un centro concreto. ¿Hasta ese punto domina Zapatero las conciencias?

El primer caso, en Navarra

Una vecina de la ciudad de Estella, Gloria López Hernández, ha decidido educar a su hijo en casa. El muchacho cursa 1º de ESO y desde ahora será su madre quien se encargue de impartirle las asignaturas de su nivel. Gloria López, que se trasladó a Navarra precisamente para que su hijo pudiese recibir la educación de la Comunidad Foral y no la de Cataluña, tomó la decisión de sacar a su hijo del colegio a principios de noviembre tras sufrir un posible episodio de acoso escolar.

 

La causa es, sin embargo, lo de menos. El hecho es que una madre decide sacar a su hijo del colegio para educarlo en casa. Según el artículo 27 de la Constitución existe un derecho a la educación a la par de una libertad de enseñanza; la enseñanza básica es obligatoria para todos, y gratuita para quien lo requiera, pero en ese sentido los poderes públicos sólo tienen obligaciones explícitas, como la de garantizar que los hijos recibirán la formación religiosa y moral que los padres decidan. La Administración debe garantizar los derechos, en efecto, pero nada más. Incluso la LOE socialista, desarrollando la LODE de José María Maravall, reconoce el derecho a escoger centro docente por parte de las familias, siempre que se cumplan unos objetivos mínimos.

 

Los principios de UPN y la identidad navarra

 

No es un caso como tantos otros. UPN sustenta su ideario en el "humanismo cristiano", aún hoy, y desde los mítines previos a la fundación del partido, con intervención entonces de Jesús Aizpún, quedó explícitamente claro el compromiso con la libertad de las conciencias y con los valores cristianos, entendidos además como raíz de la identidad navarra y española. Eso está aún en el ideario de UPN, y es en Navarra incluso Ley, porque el Fuero Nuevo se fundamenta en el derecho natural de manera explícita.

 

Esto quiere decir –porque bien puede ocurrir que el consejero de Educación, Carlos Pérez Nievas, no esté entendiendo el razonamiento- que para la inmensa mayor parte de los votantes en los que se sustenta este Gobierno, para UPN en particular, y hasta prueba en contra para el ordenamiento propio de Navarra, está en vigor el principio de subsidiariedad. La educación de los hijos corresponde originariamente a las familias, y sólo subsidiariamente, por dejación, imposibilidad o voluntad de los padres, las instituciones tendrán que hacerse cargo. Otra cosa es que la Administración fije unos niveles y ritmos de aprendizaje; pero de ahí a negar a una madre el derecho natural a educar a su hijo hay un abismo. El abismo que separa, o separaba, las ideologías socialistas –marxistas o no- y los principios que UPN quiso defender desde su fundación.

 

¿Está el Estado por encima de la familia?

 

En Navarra el departamento de Educación –que se supone que no es socialista ni de izquierdas- asegura ahora que la decisión de la madre estellesa carece de cobertura legal, no está recogida en la LOE y constituye un "despropósito y error". Nótese la inversión del razonamiento, al suponer Pérez Nievas que todo lo que la Ley no dé a las familias corresponde a su Departamento; algunos creemos exactamente lo contrario, y en concreto debe haber quien se lo recuerde en el mismo Gabinete.

 

Gloria López tiene el mismo derecho que cualquier madre a educar a su hijo, y el Estado la obligación de asegurarse de que así lo hace. Ahora bien, si quiere hacerlo en casa, como por cierto solía hacerse cuando en las familias de la mayor parte de los actuales parlamentarios las letras no destacaban por su abundancia, Dios sabe que tiene derecho a hacerlo. Que se lo negase un Gobierno socialista sería una aberración comprensible, ya que la ideología de la izquierda es la que es; sería una interesante pugna jurídica. Pero que lo haga un Gobierno de centroderecha –nadie ha mandado aún callar al polluelo de Alli, ni siquiera el otrora militantemente católico Alli- es lamentable.

 

Lógicamente la señora Hernández no va a ser apoyada por el Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, a pesar de que UPN "consensuó" su elección. Claro, claro, hijos míos, es que este señor es de izquierda, como todos estos tipos a los que estamos regalando los cargos de la manita del PSN, y dice lo que piensa: que "la competencia a este respecto recae en el Ministerio de Educación y en las Comunidades Autónomas" y que "éste es el modelo legal establecido, el resto es contrario a la ley, porque ésta no lo recoge; es alegal". Bien, que un hombre de izquierdas niegue el principio católico de subsidiariedad, en el que por cierto se fundamente toda la construcción foral, tiene un pase; pero no lo tiene que haga otro tanto Carlos Pérez-Nievas, para quien la educación en casa "no es una alternativa válida" y como tal anuncia que tomará medidas legales ante cualquier caso de "desescolarización injustificado".

 

Ahora bien, quien ha hablado recientemente de los principios de UPN como algo permanente, es más, como algo presente en la acción de Gobierno, es el presidente del mismo, Miguel Sanz. Miguel, que además conoció bien el tacto de la tiza, tiene que elegir si desautoriza a Pérez Nievas o si reniega de la base ideológica de UPN. Sé que se va a intentar una tercera vía –los paños calientes en el caso concreto, para rehuir la claridad en la cuestión de fondo- pero eso no es solución. En esto, más que en la EpC, nos vamos a retratar.

 

Pascual Tamburri

El Semanal Digital, 19 de noviembre de 2007