El mal del aparato, el bien del realismo

 

La respuesta política a Educación para la Ciudadanía es la prueba de que en la crisis del PP sobran periodistas con planes de renovación, sobra “aparato” y jóvenes criados en suelo enmoquetado con cambios de diseño que están al margen de las necesidades sociales. Pero Educación para la Ciudadanía es también la prueba de fuego para una sociedad civil que se ha movilizado y que tiene que madurar.

 

Aplazaron el problema. Confiaban en que una victoria el 9-M lo resolvería todo. Una vez que Rajoy estuviera en la Moncloa se podría modificar el contenido de los decretos mínimos y todo el lío de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) quedaría resuelto. ¿Y el plan B? Sencillamente no había. No había plan para el caso de una derrota. No había, ni hay. Por eso en su momento Esperanza Aguirre anunció que daría cobertura a los objetores y su equipo anda como loco buscando soluciones que no son nada fáciles. Por eso en su momento Francisco Camps anunció que la asignatura se impartiría en inglés y ahora su Gobierno propone una opción A en inglés y una opción B con un temario en el que se eliminan los contenidos más conflictivos. Por eso La Rioja, Murcia, Castilla y León, están todavía pensándoselo.

 

“¿Qué piensa el PP de la EpC?”, titulaba Ignacio Santa María su artículo del pasado lunes en Páginas Digital. No hay respuesta. No la habido por falta de sensibilidad política. Ciertamente, desde el punto de vista jurídico, el problema de la objeción de conciencia es muy difícil de resolver, un Gobierno no puede incumplir la ley. Algunos constitucionalistas, que coinciden en señalar la dificultad que supone la objeción, recomiendan tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citada en la sentencia de marzo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del mes de marzo. Una jurisprudencia favorable a que se utilice la fórmula de la “dispensa de asistencia a clase”. Ese instrumento u otro parecido se podría haber puesto a punto si hubiese habido compromiso con uno de los problemas que más preocupan a un sector muy amplio de la sociedad española.

 

Mayor Oreja lo explicaba con precisión en la entrevista que concedió el lunes a Tele 5. El ex ministro del Interior señalaba con valentía que el PP se está equivocando en enredarse en discusiones sobre la conveniencia de las primarias o de supuestos debates ideológicos que no esconden más que fulanismos. De lo que hay que hablar es de España, es decir, de las necesidades sociales reales. El problema no es si el PP es un partido antipático, como dice Esperanza Aguirre, o si hay que superar un liberalismo molesto, como argumenta José María Lasalle. Es el mal del aparato, de personas que llevan años navegando sobre una ola sólida, con muchos votos, sin mojarse en ella. El PP es una marca sólida, consolidada gracias al esfuerzo de gente de cierta edad con la que ya no se cuenta –como dice Mayor Oreja- que permite a una nueva generación de políticos dedicarse al “diseño” sin tener en cuenta la base social que lo sustenta.

 

Lo mismo les sucede a muchos periodistas de su entorno que quieren hacerle la crisis a su medida. Unos y otros sufren el espejismo de pensar que la realidad se cambia en los despachos o en cenáculos, que la política consiste en haber conquistado una determinada cuota de poder mediático o controlar cierto ámbito de la organización. Y así se puede ser portavoz parlamentario sin haber hecho calle o pretender renovar las ideas porque has leído unos cuantos libros o porque escribes algunos papeles.

 

No es de extrañar que la cuestión de la EpC esté sin resolver. Las energías están puestas en otras cosas. Pero la responsabilidad es de todos. Para que se produzca el deseable encuentro entre los políticos y la sociedad civil hace falta un realismo que no les dé excusas, que no les permita atrincherarse. La sociedad civil, que en la legislatura pasada empezó a movilizarse con la intención casi exclusiva de propiciar un cambio de Gobierno, aunque no renuncie a la objeción, también puede madurar para exigir y proponer soluciones política y jurídicamente “asimilables”. Y también para esto la EpC es un buen ejemplo. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de principios de mayo, que ha anulado parte del contenido de la asignatura por vulneración de derechos fundamentales, parece una herramienta menos problemática y más directa para luchar por la libertad de educación que algunas de las que se han utilizado hasta ahora. Frente al mal del aparato, la sociedad civil puede aportar el bien del realismo.

 

Fernando de Haro

Páginas Digital, 7 de mayo de 2008