Las sombras del PP

Rajoy, duro es reconocerlo, lucha contra las sombras. Las suyas y las de otros. No quiso subir el cuadrilátero cuando el Gobierno lo retó y ahora ya es tarde.  

Rajoy no asistió a la manifestación de la AVT. La Rebelión Cívica se resintió. Malo. Sombras. Elorriaga dice que España no se rompe sino que se multiplica. El discurso sobre España del PP se resquebraja. Malo. Sombras. Costa sugiere pactos postelectorales con los nacionalistas. La solvencia del discurso nacional creado por la oposición corre el riesgo de disolverse en el nihilismo tecnócrata del antiguo ministro. Malo. Sombras. Saez de Santamaría, después de haber quemado cuatro millones de firmas contra el Estatuto de Cataluña, justifica que al pueblo no le importa quién gobierne sino que lo haga con eficacia. Esta señora no pide, como haría cualquier militante de base con un poco sentido común, el voto para el PP por su honradez y eficacia en el Gobierno y en la oposición, sino que cuestiona la eficacia de un "partido" abstracto como si fuera un hombre-masa, de esos que pueblan a cientos las universidades españolas. Malo. Sombras. Y, además, Rajoy reitera que gobernará en minoría. No entiendo por qué este hombre no pide mayorías. Malo. Sombras.

 

El PP crea sombras por todas partes y se allana a los golpes de efectos cotidianos que produce la fábrica socialista. No pasa un día sin que los socialistas dejen de producir alguna fantasmagoría. Algún engaño. El espectáculo lo dominan a la perfección. Y, encima, nadie habla de ETA y Otegi, de ETA y De Juana, de ETA y Navarra, en fin, de los negocios del Gobierno de Zapatero con el terrorismo de ETA. No están. Nadie los cita. Son sombras lejanas. Eso es terrible para el PP, sencillamente porque no hay posibilidad de combate. No hay dos boxeadores en el ring, entre otras razones porque a uno no se le permite subir al cuadrilátero. El combate está suspendido por falta de oponente.

 

Rajoy, duro es reconocerlo, lucha contra las sombras. Las suyas y las de otros. No quiso subir el cuadrilátero cuando el Gobierno lo retó y ahora ya es tarde. Y, encima, las sombras de las leyes de matrimonios homosexuales, de "Educación Cívica" y el famoso laicismo amenazan con quitarle votos, que irían, naturalmente, al partido de Vargas-Llosa. El famoso "monstruito liberal", ese progre de salón, que tanto gustaba alimentar al PP.

 

Veo, pues, sombras por todas partes. Ojalá me equivoque y todo sea un problema de visión achacable a la edad.

 

Agapito Maestre

Libertad Digital, 28 de noviembre de 2007

¿Basta sólo el candidato para ganar?

Cumpliendo con los rígidos estatutos de los partidos, con la solemne liturgia interna, se supone que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy a fecha de hoy ya han sido oficialmente proclamados candidatos a la presidencia del Gobierno por sus respectivos órganos de los partidos. Para ambos ha sido un mero trámite estatutario interno. Y ahora toca lanzarse a la precampaña y campaña electoral hasta el 9 de marzo. La suerte parece que está echada: José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, "he aquí la cuestión".

Rajoy se presentó en un baño de multitudes en Valencia haciendo lo que sabe hacer: prometiendo la mayor reducción de impuestos de nuestra democracia y Zapatero este fin de semana hizo lo propio con su correspondiente "toque o talante personal", acompañado por primera vez de su mujer Sonsoles, y haciendo hincapié en "la mirada positiva" que tiene hacia la realidad.

 

Análisis del marketing político aparte, que puede ser muy jugoso, uno se queda con la sensación de que la política española asume cada día más un carácter personal. Que la gran batalla electoral ya no se juega en el plano de las ideas. En primer lugar dentro de los grandes partidos. Ya no existen corrientes o sensibilidades que permitan aportar pluralidad a los proyectos políticos.

 

Los años en que dentro del PP existían los liberales o los democristianos, por poner algunos ejemplos, con sus correspondientes fundaciones, verdaderos hervideros de opiniones y corrientes de pensamiento, han pasado a la historia. De igual manera ha ocurrido con el PSOE. ¿Dónde están los utópicos guerristas o aquel "pepito grillo" representado por la Izquierda Socialista de Antonio García Santesmases?

 

Con tan plano perfil interno, por no llegarlo a calificar de pobre, uno se pregunta cómo es posible engendrar un programa electoral con iniciativas atractivas para la sociedad, pegadas al terreno de las preocupaciones de la sociedad y, a la vez, dando respuestas realistas a sus problemas. Porque éste es ahora el principal trabajo de los partidos políticos, la redacción de sus programas electorales.

 

Pero no. Ahora PSOE y PP se la juegan todo en el lanzamiento estelar de su líder y candidato. Parece que con eso prácticamente todo está hecho. Al PSOE, con toda su historia centenaria, le vemos apostando todas sus cartas a la persona de José Luis Rodríguez Zapatero. PSOE ya es igual a Zapatero, él asume, encarna el partido. Con que le conozcan y caiga bien, ya vale para ganar. Exactamente igual pasa con Mariano Rajoy en el PP.

 

Desaparece el debate interno sobre las ideas y también desparecen los equipos. La apuesta de los partidos es exclusivamente el candidato, no su equipo. Recuerdo cómo ganó en 1996 José María Aznar rodeado de un ramillete de buenos políticos en torno a él: Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato o Luisa Fernanda Rudi, por citar algunas de las grandes espadas, porque verdaderamente eran muchos y muy buenos los primeros espadas.

 

José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, es la única disyuntiva. Estas elecciones son las más personalistas de los últimos comicios celebrados en nuestro país. Poco debate de ideas y pocos equipos. Si la política española comienza a apostar sólo por las personas candidatas, sería el momento entonces de implantar sin miedos las listas abiertas en los partidos, pero quizás todavía no hay la madurez suficiente como para hacerlo.

 

Raquel Martín

Páginas digital, 27 de noviembre de 2007

Orgullo de ser español: nuestra historia, sin complejos

La Historia de España es una aventura prodigiosa. Ese es el lema de La gesta española, el último libro de José Javier Esparza. Desde la llegada de los romanos hasta la batalla de Bailén, pasando por la gigantesca empresa americana, la obra detalla cuarenta y ocho episodios que han construido la identidad de España como nación histórica. La gesta española recoge los programas que Esparza ha dedicado a explicar nuestra historia en “La tarde con Cristina”, en la cadena COPE, durante la temporada 2006-2007. La propia Cristina López Schlichting prologa el libro. El autor va desplegando la historia de los españoles en un estilo ágil, vertiginoso y con abundante información, donde el rigor no resta nada a la pasión. La gesta española transmite una inequívoca sensación de orgullo de ser español; un orgullo templado y crítico, pero sin traumas ni complejos. No hay mejor síntesis que la propia introducción del libro, que a continuación reproducimos. La gesta española será el regalo patriótico de esta Navidad.  

JOSÉ JAVIER ESPARZA

Bravos clanes campesinos que cruzan montañas para reconquistar –arado y lanza- las desiertas tierras del Duero. Comerciantes levantinos que sientan plaza en Bizancio, puerta de Oriente. Mujeres que atraviesan el océano para fundar familias en el Río de la Plata. Hidalgos menesterosos que rastrean la jungla en pos de míticas ciudades de oro. Exploradores que descubren volcanes humeantes y coronan su cumbre por el puro gozo de la aventura. Conquistadores que, tras ganar tierras y riquezas, reparten sus bienes a los pobres y se retiran a una ermita en Nueva España o en la selva ecuatorial de la Puná. Cantareras que desafían a las balas del francés para socorrer la sed de los nuestros en Bailén. Frailes que predican el Evangelio entre pueblos que nadie nunca había visto. Caballeros de lanza en ristre y damas de armas tomar. Navegantes sabios y audaces que descifran en mapas los secretos del océano y las estrellas, escribiendo rutas en el agua virgen. Santos poetas cuyo corazón vibra con el diapasón de Dios. Soldados severos y escuetos que durante tres siglos sostienen en medio mundo la bandera de la Cruz de San Andrés. Botánicos que clasifican la flora del Nuevo Mundo, filósofos empeñados en la tarea de definir la dignidad humana, mercaderes que cambian plata por especias en el Mar de la China, eruditos pioneros de la Gramática romance, marinos que persiguen barcos corsarios en Jamaica o Argel, artistas entregados a la conquista del espíritu…

 

La Historia de España es una aventura prodigiosa.

 

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Este libro tiene un único objetivo: contar Historia de España a unos españoles que, cada vez más, la ignoran, y contarla, además, desde un punto de vista positivo, constructivo, sin complejos. Se trata de explicar cuáles han sido los grandes hitos de la formación de España como nación histórica. Es, ante todo, un libro destinado a los más jóvenes: son ellos quienes más han sufrido las consecuencias de unos programas de enseñanza calamitosos y la ofensiva cultural de los secesionismos regionales; son ellos, por tanto, quienes han crecido en un completo desconocimiento de qué es su país, de cuál ha sido su trayectoria, de quiénes son los españoles. Los capítulos de nuestra historia podrán servir para ofrecer una visión breve, clara y concreta de cómo nació España, cuál es su lugar en el mundo y qué aportó a la historia de la humanidad. Y servirán también para despertar el recuerdo de quienes un día supieron todas esas cosas, pero las han olvidado ya.

 

Los textos aquí reunidos, aunque conforman un todo ordenado cronológicamente, no fueron originalmente concebidos como material literario, sino como guión radiofónico. Son los capítulos de la sección “Historia de la gesta nacional española” en el programa La tarde con Cristina, en la cadena COPE. Su directora, Cristina López Schlichting, quiso con esta sección marcar una actitud de compromiso en defensa de España como nación. La forma más gráfica de hacerlo era contar algunos de los episodios fundamentales de nuestra historia, y ello en el tono más divulgativo posible. Divulgativo no quiere decir “superficial”, “cómico” o “simple”, sino explicado de tal manera que lo pueda entender la gran mayoría de la gente. A la hora de trasponer los guiones a formato literario, hemos preferido mantener ese tono divulgativo; por eso los numerosos textos de época que citamos han sido frecuentemente adaptados a la lengua contemporánea, para facilitar su comprensión, y también por eso hemos conservado algunas de las dramatizaciones que nos han servido para describir episodios de valor trascendental.

 

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España es una nación. Más precisamente, una nación histórica. Entre los españoles, la conciencia de unidad, de pertenecer a algo común, apareció antes incluso de que el término “nación” tuviera significado político y, desde luego, antes de que esa palabra adquiriera su significado moderno. También, por supuesto, antes de que pudiera hablarse de “nacionalismos”, “nacionalidades” o “realidades nacionales” en ninguno de los viejos reinos y territorios que iban a conformar España. Los españoles supimos que formábamos una unidad de carácter político antes de que nadie llamara a eso “nación”; eso es lo que quiere decir “nación histórica”.

 

Nuestra cualidad nacional se fue forjando a lo largo del tiempo, a caballo de los acontecimientos; no hubo un documento firmado en un determinado momento y que proclamara el nacimiento de la nación española, sino que ésta fue conformándose como una realidad de hecho a partir de un camino común. En esa trayectoria, los elementos unitarios, de integración –lengua, religión, corona, territorio-, fueron prevaleciendo sobre los elementos disgregadores, de dispersión. Hubo una conciencia de unidad territorial, jurídica e idiomática con Roma; hubo una conciencia de unidad religiosa y cultural a partir de la expansión del cristianismo; hubo una conciencia de unidad perdida tras la invasión musulmana y de unidad recobrada durante la Reconquista; hubo una conciencia de unidad política bajo la Corona de la monarquía hispánica y tal conciencia pasaría a ser una constante de la vida colectiva durante siglos, hasta hoy.

 

A lo largo de ese camino de dos milenios, los españoles han forjado su identidad colectiva en condiciones frecuentemente muy duras. Siempre –no sólo hoy- hubo fuerzas que quisieron disolver el conjunto, fragmentarlo, romperlo. Esas fuerzas fueron, las más de las veces, exteriores, y en otras ocasiones, interiores. Pero también siempre prevaleció la tendencia a la unidad, a conservar y mantener y perfeccionar lo que con tanto esfuerzo se había logrado. Por eso cabe hablar de una gesta nacional. Esa gesta es la materia que narramos aquí.

 

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Otra cosa importante: este no es un libro “neutro”. Pretendemos contar la Historia como fue, pero nuestra narración no es distante ni su tono puede ser ajeno al valor de los hechos narrados. Al revés, este es un relato escrito desde la convicción de que España es algo hermoso, grande, importante; escrito desde el amor a España, a sus gentes, a sus pueblos, a sus tierras, también a su diversidad, que es constitutiva de nuestro propio ser. España ha dejado en la Historia universal cosas trascendentales en todos los órdenes, desde la navegación hasta la espiritualidad, desde las artes hasta las ciencias. En esa tarea titánica han surgido nombres propios de talla extraordinaria, ya se trate de un Juan de Austria, victorioso en Lepanto, o de un Pedro Serrano, aquel oscuro postillón que cabalgó hasta reventar –literalmente- para llevar a todas partes el bando de Móstoles contra la opresión francesa. Esos nombres propios se recortan, como siluetas destacadas, sobre el fondo de un pueblo extraordinario y estremecedor, capaz de hazañas que no pueden dejar de pasmar al estudioso. Gracias a esas hazañas, nosotros existimos. En los últimos años parece haberse puesto de moda una especie de resentimiento histórico destinado a abominar sistemáticamente de todo cuanto España ha sido y es. Nuestra perspectiva es exactamente la contraria: sin silenciar episodios oscuros o poco gratos, creemos sinceramente que la Historia de España tiene muchas más luces que sombras. Y eso nos enorgullece.

 

Como el objeto de este relato es contar la construcción de España, la mayor parte de los episodios corresponde a etapas lejanas de nuestra Historia. Nuestra narración, en un arco de dos milenios, comienza con el nacimiento de la Hispania romana y llega hasta la batalla de Bailén, que en cierto modo marca el origen de la nación española moderna. Como no podía ser de otro modo, hemos prestado una atención especial a los siglos de oro, el XVI y el XVII, que fueron los de mayor esplendor de España y también, probablemente, aquellos que decidieron el lugar de España en la Historia Universal.

 

La Historia siempre es forzosamente historia bélica y política, puesto que es en esos campos donde se resuelven las decisiones supremas, de manera que nuestra narración abunda en hechos de armas y episodios políticos. Ahora bien, ni la construcción de la nación descansa sólo sobre los hechos de armas y la sucesión de reyes, ni las batallas y dinastías pueden entenderse como realidades singulares y autónomas, sino que sólo tienen sentido en un contexto político, cultural, sociológico, etc. Por eso hemos querido subrayar siempre los aspectos más relevantes en el plano cultural, religioso, humano. Así, nos ha interesado poner el acento en cuestiones como el carácter de la gente de a pie que hizo la conquista de América (¿cómo eran, qué tenían en la cabeza esos hombres, esas mujeres que cruzaron el mar?) o en episodios de carácter filosófico y científico a los que la divulgación histórica convencional no suele conceder el relieve que merecen, como la Controversia de Valladolid, donde se alumbró el germen del concepto moderno de derechos humanos, o como la expedición científica de Francisco Hernández en Nueva España, que fue la primera del mundo en su género.

 

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No vivimos hoy buenos tiempos para la reivindicación de lo español. Desde hace muchos años se ha impuesto un visión propiamente masoquista de España en la que todo cuanto pertenece a la historia de nuestro país se juzga torvo, equivocado, oprobioso o inútil. Ojo: no es que se matice la historia épica nacional para acercarse a un visión más ponderada de las cosas –ejercicio que, en general, sería irreprochable-, sino que deliberadamente se transforma la apología en abominación, el ditirambo en condena, y así terminamos en una suerte de épica inversa donde lo que se canta no es lo español, sino lo antiespañol. Una legión de escritores, escritorcillos y escritorzuelos lleva decenios entregada a la tarea de menoscabar sistemáticamente lo español, su realidad presente y su huella histórica. Lo que se ha operado es una auténtica inversión de la Historia: tenían razón los moros al ocupar la península y la reconquista fue un error; el descubrimiento de América fue una calamidad tragicómica; nunca debimos evangelizar América, sino permitir el espontáneo progreso de los sacrificios humanos en Tenochtitlán; mantener la fidelidad a Roma frente a la reforma protestante no fue gesto de honor, sino intolerancia oscurantista, y jamás debimos oponer el menor obstáculo a los franceses de Napoleón. No faltan millonarios –nunca faltan millonarios para tales tareas- dispuestos a editar y multiplicar el eco de esa obra destructora. Hoy, entre las clases semicultas del país, se ha impuesto largamente la idea de que España merece morir. Nos la quieren sustituir por regiones-nación de historia inventada y por mitos y leyendas de origen norteamericano. Por cierto que no somos sólo nosotros, españoles, quienes sufrimos hoy la maldición de nuestra identidad: toda la cultura europea está padeciendo esta epidemia, si bien en nuestro caso presenta rasgos muy singulares –porque, en nuestro caso, el masoquismo nacional parece toda una filosofía de Estado.

 

Todo esto es una locura. Pero, sobre todo, es una impostura. Y como todas las imposturas, tarde o temprano se disolverá por la simple fuerza de la evidencia. Ahora bien, para ello es preciso que alguien recuerde las certidumbres más elementales, aun a riesgo de caer en la simplificación escolar. De lo contrario, es perfectamente posible que el masoquismo nacional se prolongue de manera indefinida y que sucesivas generaciones de españoles crezcan en la certidumbre de que todo cuanto tienen atrás –sus apellidos, su linaje, sus tierras, esa catedral que se alza en su ciudad, los cuadros del Museo del Prado, el mismo idioma que hablan- es una desdicha sin límites, una maldición eterna, un error permanente que mancha su identidad con una vergüenza indeleble. En suma: si no recordamos la verdadera dimensión de la Historia de España, no tardaremos en ser gentes avergonzadas de sí mismas, ese tipo de gente ya sólo aspira a dejar de existir. Quizá tal sea ya, colectivamente hablando, nuestro caso.

 

Sea como fuere, aquí, igual que en Covadonga, bastará con que uno se plante para que cambie el curso de las cosas. En ese sentido, la palabra “reconquista” adquiere hoy un sabor muy particular. De algún modo, lo que hoy tenemos delante nosotros, españoles del siglo XXI, es también una reconquista de algo perdido. Lo que está en juego no es una forma de Estado más o menos abierta, ni una Constitución más o menos flexible, sino algo que se mueve en unos estratos mucho más profundos: es la supervivencia de España como agente histórico y de lo español como identidad, como forma específica de estar en el mundo.

 

En esa tarea, la narración de la Historia cumple una misión literalmente cardinal, como las constelaciones en la noche: permite reencontrar el camino perdido.

 

ElManifiesto.com, 25 de noviembre de 2007

Complejos de la derecha 'popular'

¿Quién va a hacer el trabajo a Rajoy mientras duermen y retozan sus asesores? Debe aprender o abandonar la nave sin más dilación. Aún hay tiempo para sacar a Rodríguez Zapatero de Moncloa por la vía democrática. Mariano Rajoy no sirve ya para la empresa, como apuntó hace unos días un significado miembro de su partido. "No nos sirve ya, se ha quemado él solo y no ha sido capaz de ‘fabricar’ un recambio". Después de estas palabras y de lo que a diario nos confirman destacados miembros del Partido Popular, nos atrevemos a hacer una pregunta: ¿Por qué tanto complejo en la derecha?

 

No más confianza que Rajoy genera el actual Gobierno. Un Gobierno de ‘Zetapé’ mucho más cercano a "hombres de paz" como Otegi, De Juana y Josu Ternera que a las víctimas del terrorismo y a los que sufren a diario el odio, la amenaza y la extorsión. Así parecen estar las cosas... Los líderes ‘peperos’ están acomplejados y la ciudadanía es consciente de ello. Es lo peor que les puede pasar a Rajoy, a Angelito Acebes y a Eduardo Zaplana. Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón están en otro estrato. Algunos de los líderes del Partido Popular empiezan a esconderse de las víctimas, como hizo ayer don Mariano Rajoy, cuando durante estos últimos años se han apuntado a un ‘bombardeo’, con tal de rentabilizar un trabajo que desde el principal partido de la oposición han sido incapaces de sacar adelante. Los intereses y los egoísmos mandan.

 

Después de leer con detenimiento la entrevista que aparece en el diario El Mundo, observamos que Mariano Rajoy utiliza un mecanismo de compensación propio de quien está desconcertado y con bastantes menos apoyos de los que cree. Mientras en varias comunidades le piden cuentas, además de trabajo serio y riguroso, él se aleja de las víctimas con la disculpa de la agenda; una agenda que ha modificado cuando le ha convenido – por egoísmo o interés – como lo hizo cuando José Mª Aznar le obligó a hacer acto de presencia en el lugar del desastre del Prestige.

 

No debería escandalizarse Mariano Rajoy cuando ‘Pepiño’ Blanco, don José, le dice las verdades del barquero ante su huida de la manifestación convocada por la AVT. Si ha actuado de esa forma, eso quiere decir que los amenazados e insultados por el entorno abertzale y la banda terrorista tampoco vamos a contar con su apoyo, en caso de necesitarlo. Se supone que su agenda se lo impedirá. Ya se sabe lo que dice el refrán.

 

La derecha sigue asustada, encerrada en si misma y sin argumentos serios. Nos duele por lo que ello supone. Y nos duele más aún, porque esa derecha cree que los liberales le harán el trabajo sucio contra ‘Zetapé’. Están muy equivocados quienes así piensan, mientras no cambie de dirigentes el Partido Popular, así como de estrategia y estilo. ¿En qué país de acomplejados vive la derecha? ¿Será por eso lo del apelativo de ‘Maricomplejines’?

 

Jesús Salamanca Alonso, analista político y profesor EPA

http://jesaal.wordpress.com

Diario Liberal, 26 de noviembre de 2007

 

 

Dos partidos en el PP

La manifestación de la AVT ha tenido la virtud de mostrar la realidad política con que nos enfrentamos: el gobierno colaborador de la ETA y glorificador de los chequistas la saboteó, lógicamente, desde su misma convocatoria, mientras intentaba intimidar a Alcaraz con una denuncia temeraria y antidemocrática. El PP tuvo que fingir su apoyo –sigue habiendo ahí un caladero de votos-- mientras en la práctica la saboteaba igualmente. Nada más embarazoso para Rajoy y sus bajos perfiles que las movilizaciones ciudadanas contra la política balcanizante del gobierno. Apenas pasada la molesta manifestación, ya olvidada: Rajoy ni ha vuelto a mencionarla, y a continuación Elorriaga, en éxtasis futurista, proclama el deseo de competir con el PSOE por los favores de CiU y el PNV, convirtiéndolos una vez más en eje de la política española. Y la traición, cada día menos desembozada, al mejor legado de Aznar. El PP ha degenerado en puro oportunismo, un partido sin política propia, sin ética y sin estética.

 

No todo ese partido es igual, pero está cada día más claro quiénes mandan, mientras, como pasó a Rosa Díez y otros en el PSOE, el sector sano se halla cada día más marginado. Marginado y acobardado, incapaz de plantar cara dentro del partido o de seguir el ejemplo de la ex dirigente socialista y de arrostrar algunas dificultades temporales. Hasta en el PSOE, con bocazas como Bono o Ibarra, hay en ese sentido más pluralismo y un poco más de valor. También persiste en muchos votantes del PP la esperanza gregaria de que el partido cambie, de lo cual hay muy pocos indicios. Ese tipo de esperanza que ha solido llevar a la perdición.

 

Pío Moa

Libertad Digital, 26 de noviembre de 2007

¿Una Europa gramsciana?

El profesor de Mattei, en este artículo publicado en Debate Actual, plantea que la negativa a incluir una referencia al cristianismo en la futura Constitución europea es el triunfo final de Gramsci.

Empiezo con una observación preliminar. El problema de la referencia a las raíces cristianas en el Preámbulo del Tratado Constitucional europeo está aún vigente y merece una lectura “transpolítica”. Hay quienes sostienen que dicho problema ha sido excesivamente enfatizado. Lo que se debe juzgar, se dice, no es la forma, expresada en el Preámbulo, sino la sustancia del Tratado y sus normas internas. No es importante, se añade, que la Constitución contenga palabras que hagan referencia al cristianismo; lo que importa de veras es que tenga, de hecho, una inspiración cristiana. Esta afirmación contiene una verdad, pero desplaza el problema. Es verdad que la referencia a la identidad cristiana no es en sí misma suficiente para “cristianizar” el Tratado. Sin embargo, la supresión de la referencia a la identidad cristiana tiene un valor simbólico mucho más fuerte del que tendría su inserción en el texto constitucional. Si la referencia a las raíces cristianas no basta para hacer cristiano el texto, la eliminación de esta referencia confiere al mismo texto una tonalidad decididamente laicista o anticristiana. Joseph Weiler lo ha notado bien: “La resonancia simbólica y social del rechazo es mucho más significativa de lo que habría sido una efectiva aceptación por parte de la Convención”. A Weiler, que es un ilustre constitucionalista, le debemos algunas agudas observaciones sobre la simbología de las constituciones. Cada constitución, sigue escribiendo, sirve normalmente para una pluralidad de funciones, entre las que siempre se encuentran al menos tres. La primera es una función de organización de los poderes del Estado y de reparto de las competencias constitucionales. Es la que en las democracias liberales marca la distinción entre poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. La segunda es una función de definición y calificación normativa de las relaciones entre los individuos y la autoridad pública. Esta función encuentra su más significativa expresión en los catálogos de derechos fundamentales propios de las constituciones del siglo XX. Existe finalmente una tercera función, no menos importante, si bien a menudo es más difícil de percibir. “La constitución –escribe Weiler- es también un tipo de depósito que refleja y custodia valores, ideales y símbolos compartidos en una determinada sociedad. Es pues espejo de esa sociedad, elemento esencial de su autocomprensión, y juega un rol fundamental en la definición de la identidad nacional, cultural y valorativa del pueblo que la ha adoptado”.

 

 

 

La Carta de los derechos fundamentales de la Unión europea y el proyecto de Constitución europea podrían haber adoptado el método minimalista-funcionalista: concentrarse en las dos primeras funciones, reduciendo al mínimo el papel de la tercera. Pero no ha sido así. Los dos documentos contienen preámbulos grandilocuentes que proponen los fundamentos conceptuales de Europa, su ethos. Se trata de una opción legítima, pero que plantea el problema del lugar de la religión en la Constitución europea. No se puede negar, de hecho, que aunque sólo fuera desde el punto de vista histórico la religión, y en particular el cristianismo, ha tenido un papel importante en la formación de la conciencia europea. Este papel no puede ser ignorado por una constitución que se proponga como símbolo iconográfico de la identidad colectiva. El rechazo a incluir el cristianismo constituye una toma de partido. La idea de que, para evitar conflictos y discusiones el Estado o, en este caso la Unión, debe asumir una posición de “neutralidad religiosa”, constituye en realidad una opción preñada de discusiones y de conflictos mayores que los originados por la opción contraria. Weiler observa justamente que “si la solución constitucional es definida como una elección entre laicidad y religiosidad, está claro que no existe una posición neutral ante la alternativa entre las dos opciones. Un Estado que renuncie a cualquier simbología religiosa no expresa una posición más neutral que un Estado que asuma determinadas formas de simbología religiosa”. Excluir la sensibilidad religiosa del preámbulo no es una forma de “neutralidad”: es, al contrario, una toma de partido determinada. Significa privilegiar, en la simbología del Estado, una visión del mundo secularista o laicista, respecto a una concepción cristiana o religiosa, intentando presentarlo como neutralidad religiosa. La exclusión de la referencia al cristianismo en el Tratado constitucional europeo es, según Weiler, un “silencio atronador”, una opción ideológica que él mismo define “transida de cristofobia”. El problema sobre el que me quiero detener es el siguiente: ¿cuáles son las premisas ideológicas de esta “cristofobia”? ¿Cuál es la ideología subyacente a la neutralidad religiosa del Tratado constitucional? Es posible que ninguno, o muy pocos, de los artífices de la Constitución europea haya leído las obras de Antonio Gramsci, pero la ideología que subyace al Preámbulo de ese documento es, en mi opinión, el gramscismo. Es posible demostrarlo a través del análisis que del pensamiento de Gramsci realizó un filósofo italiano aún no suficientemente conocido fuera de Italia, Augusto del Noce.

 

 

 

Antonio Gramsci asumió el materialismo histórico-dialéctico, y la estrategia revolucionaria que se deriva del mismo, en la fórmula de la “filosofía de la praxis”. “La filosofía de la praxis –escribe en sus Cuadernos de la cárcel- presupone el Renacimiento y la Reforma, la filosofía alemana y la Revolución francesa, el calvinismo y la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que está en la base de la concepción moderna de la vida. La filosofía de la praxis es la coronación de todo este movimiento de reforma intelectual y moral; […] corresponde al nexo entre Reforma protestante y Revolución francesa”. Se trata de un proceso de secularización que tiene su núcleo filosófico en el inmanentismo. La tarea del comunismo para Gramsci es llevar al pueblo aquel secularismo integral, que el iluminismo había reservado a unas élites restringidas, para así realizar una versión moderna y secularizada de la unidad espiritual y social que la Iglesia había realizado en el Medievo. Es éste un punto central en el pensamiento de Gramsci: la idea de colmar la fractura entre la élite y el pueblo, entre los intelectuales y los incultos, llevando a las masas la concepción inmanentista y secularizada de la vida. En la formación de Gramsci es decisiva la aportación del idealismo, principalmente del de Giovanni Gentile, el padre intelectual del fascismo. Entre Gentile, teórico del fascismo y Gramsci, padre del antifascismo existe, según Augusto del Noce, una relación no de fractura o de contraposición, sino de sustancial simetría y continuidad. Gentile se propone liberar la tradición cultural italiana de cualquier forma de trascendencia metafísica, llevándola a una completa filosofía de la inmanencia. Gramsci se propone liberar el marxismo del materialismo histórico, repensándolo a la luz del actualismo gentiliano. Su pensamiento se expresa en los términos de una filosofía de la praxis llevada hasta sus últimas consecuencias, que son las de una definitiva liberación de cualquier elemento religioso. Bajo el influjo del actualismo de Gentile, Gramsci es llevado a sustituir, o al menos a subordinar, la teoría de la lucha de clases por la del conflicto entre dos concepciones de la vida, la trascendente y la inmanentista, y a reencontrar la disposición espiritual iluminística como lucha de la “modernidad” contra la “tradición”. Fascismo y gramscismo son pues, según del Noce, dos momentos de un único proceso revolucionario que quiere llevar la filosofía hasta sus últimas consecuencias. El secularismo gramsciano se entiende, en este sentido, no como una posición abiertamente antirreligiosa, sino como la convicción de un inevitable proceso histórico del mundo moderno hacia la inmanencia. Mientras que el ateo tradicional dejaba aún un lugar a Dios, aunque sólo fuera para negarlo, el “hombre nuevo” comunista está de tal modo “inmerso” en el mundo y en la historia que ya no se plantea el problema de Dios; se trata de un ateísmo implícito, pero más riguroso y radical que el explícito clásico.

 

 

 

En el marxismo originario –observa Del Noce- el fin de la religión es el resultado del advenimiento de la sociedad sin clases. En el gramscismo, en cambio, la extinción de la religión es más bien la condición de la revolución. La destrucción de la religión no debe buscarse por medio de una propaganda atea directa, sino a través de una pedagogía historicista que convenza a los jóvenes de que la metafísica pertenece a un pasado irrevocablemente transcurrido. En el plano social, este ateísmo actúa mediante una simple eliminación del hecho del problema de Dios, realizada, según las palabras del propio Gramsci, por una “completa laicización de toda la vida y de todas las relaciones y costumbres”, esto es, a través de una absoluta secularización de la vida social, que permitirá a la “praxis” comunista extirpar en profundidad las raíces sociales de la religión. El Estado “laico” auspiciado por los teóricos comunistas no tiene ya pues necesidad de profesarse explícitamente ateo. A diferencia de los estados ateos del pasado, éste no se contenta con una profesión verbal de ateísmo que sin embargo tolera la supervivencia de Dios y de la religión en la sociedad. Dios, expulsado ahora totalmente de cualquier ámbito social, no debe de ser nombrado ni siquiera para negarlo. En este itinerario hacia la secularización, el gramscismo acaba por arrancar todo residuo religioso aún presente en el marxismo, aquel por el que se puede hablar del comunismo como mesianismo político o religión secularizada, y se transforma en secularismo puro. El resultado de este itinerario es el laicismo total, pero también el suicidio de la Revolución, como consecuencia de su insuperable contradicción interna. La idea revolucionaria comporta de hecho la unidad de dos momentos: el negativo, como disolución del orden de valores tradicionales, y el positivo como intento de instauración de un orden radicalmente nuevo. Se llega al suicidio si en el proceso de realización los dos momentos se escinden y, según Del Noce, deben necesariamente hacerlo. La filosofía del primado del devenir, para hacerse revolucionaria, debe llegar a la propia autonegación como filosofía, esto es, a disolver el momento de verdad que lleva en sí; y con esto debe renunciar a su momento constructivo para resolverse en un nihilismo absoluto que constituye la fractura de la idea de Revolución. El “nuevo orden” gramsciano se manifiesta así no como nuevo orden revolucionario, sino como nuevo orden moderno-burgués, hasta convertirse, de hecho, en la ideología del consenso comunista al orden tecnocrático neocapitalista. El gramscismo, en el momento en que se afirma, en vez de quebrar el orden capitalista-burgués, lo consolida. La filosofía del devenir se convierte así en el fundamento teórico de la sociedad hedonista y secularizada postmoderna. Una sociedad en la que no sólo el relativismo, sino incluso el totalitarismo, alcanzan su forma más pura.

 

 

 

La contraposición de comunismo y fascismo se presenta para Gramsci en términos de totalitarismo verdadero y totalitarismo fallido. Si observamos bien –señala Del Noce- las críticas de Gramsci a Mussolini pueden sintetizarse sustancialmente en los términos siguientes: el fascismo no consiguió sus objetivos como totalitarismo porque no incidió en profundidad en el tejido social e institucional. Los motivos esenciales de la crítica de Gramsci al fascismo corresponden a las razones por las que hoy los estudiosos se muestran de acuerdo en hablar del fascismo como “totalitarismo fallido”. El pensamiento de Gramsci, observa Del Noce, disuelve la filosofía en la ideología. Pero si el término filosofía está vinculado al de verdad, cuando la ideología pretende absorber en sí la filosofía, el poder revela su “rostro demoníaco”: un totalitarismo “mórbido”, infinitamente más grave en sus resultados que el totalitarismo duro. La disolución de la filosofía en la ideología equivale de hecho, en su expresión práctica, a la disolución de la verdad en la fuerza; aunque no se trate ya de la pura fuerza material sino de la fuerza psicológica y social. Esto sucede a través de una discriminación de las preguntas. O mejor, a través de la creación, de la que se encargan los intérpretes de la ideología, de un nuevo “sentido común” en el que ya no afloren las preguntas metafísicas tradicionales. Es a propósito de Gramsci, según Del Noce, que podemos entender en toda su profundidad la fórmula con la que Eric Voegelin define el totalitarismo como “la prohibición de hacer preguntas”. La novedad del totalitarismo moderno está aquí: el conformismo del pasado era un conformismo de las respuestas, mientras que el nuevo resulta de una discriminación de las preguntas por la que aquellas consideradas indiscretas son rechazadas como expresión de “tradicionalismo”, de “espíritu conservador”, “reaccionario”, “antimoderno”, hoy podríamos añadir “fundamentalista”, o incluso, cuando el exceso de mal gusto alcanza el límite, de “fascista”. Se llega así a la situación en la que es el mismo sujeto quien se autoprohíbe estas preguntas como “inmorales”. Hasta que ya ni siquiera se plantean. Con las preguntas racionales no sucede lo mismo que con los instintos, lo cuales, incluso reprimidos, afloran de nuevo. Las preguntas, por el contrario, pueden desaparecer por completo.

 

 

 

En la sociedad secularizada, el disenso se convierte en imposible, no por la vía física, sino por la vía pedagógica. La represión física es sustituida por la ético-cultural. En esta transposición de lo “físico” a lo “moral” el totalitarismo, según Del Noce, alcanza su forma perfecta. Cuando el relativismo se hace absoluto, coincide de hecho con la plenitud del totalitarismo. En esta perspectiva, la democracia secularista, privada de fundamentos trascendentes, se revela como una forma nueva y más radical de opresión del hombre. Juan Pablo II, uno de los críticos más lúcidos de la “democracia totalitaria”, lo ha subrayado en sus encíclicas Centesimus annus y Veritatis Splendor, observando cómo “una democracia sin valores se transforma fácilmente en un totalitarismo declarado o disimulado, tal y como demuestra la historia”. El relativismo tiene como único principio el de la fuerza, en cuanto que destruye la barrera que se opone a toda voluntad de dominio: la objetividad de la verdad. “El totalitarismo –señala Juan Pablo II- nace de la negación de la verdad en el sentido objetivo del término: si no existe verdad trascendente, obedeciendo a la cual el hombre adquiere su propia plena identidad, en estas condiciones no existe ningún principio cierto para garantizar las justas relaciones entre los hombres. Sus intereses de clase, de grupo o de nación los opondrán inevitablemente los unos a los otros”. Hoy es Benedicto XVI quien lo recuerda: “La absolutización de aquello que no es absoluto sino relativo –ha dicho- se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que le arrebata su libertad y lo esclaviza” (Discurso a los jóvenes del 20 de agosto de 2005).

 

 

 

El Tratado constitucional europeo se abre, por boca de Tucídides, con una referencia histórica a la democracia griega, pero ignora en su texto toda referencia histórica al cristianismo, revelando así su naturaleza secularista y laicista. El rechazo a introducir una referencia al cristianismo en su Preámbulo no constituye el rechazo a una visión confesional de la sociedad, sino la pretensión de borrar cualquier recuerdo del influjo cristiano en la historia europea. El Preámbulo del Tratado no rechaza solamente la relevancia jurídica del cristianismo, sino la misma relevancia histórica del fenómeno cristiano. El cristianismo, en esta perspectiva, debe ser removido de la memoria histórica y del espacio público para evitar cualquier forma de autocomprensión cristiana de Europa. El Preámbulo se convierte así en el símbolo iconográfico de una nueva Constitución europea en la que no hay lugar ni para Dios ni para el cristianismo. En este sentido podemos decir que en la Constitución europea, más allá de las intenciones de sus redactores, encuentra cumplimiento simbólico el proyecto gramsciano de “una completa secularización de toda la vida y de todas las relaciones y costumbres”. Resulta paradójico que esto haya sucedido justamente mientras los nuevos países del Este, después de haberse liberado del comunismo, entraban en Europa para reencontrar, junto con la libertad, también aquella memoria histórica que el totalitarismo marxista había intentado eliminar en vano.

 

 

 

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Publicado por Roberto de Mattei el 20-11-2007 en Debate Actual

Intervención de JAIME IGNACIO DEL BURGO en el IX Congreso Católicos y Vida Pública: Laicidad en la Constitución de 1978.

16, 17 Y 18 de noviembre de 2007

“DIOS EN LA VIDA PUBLICA. LA PROPUESTA CRISTIANA”

Laicidad y laicismo en la sociedad democrática

Mesa redonda: Laicidad en la Constitución de 1978

Presidente: Antonio Fontán Pérez

Jaime Ignacio del Burgo

José Pedro Pérez Llorca

Santiago Panizo Orallo

 

El 14 de octubre de 1931 Manuel Azaña pronunció uno de los discursos más brillantes de su vida parlamentaria. Por desgracia, fue uno de los más dañinos para la convivencia en paz y en libertad de los españoles. Se debatía el artículo 26 relativo a la libertad religiosa. Azaña delimitó con toda precisión el contorno del llamado “problema religioso”. Calificó de revolución política la “expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas”, pero anunció que aquélla no había hecho más que empezar porque quedaban pendientes tres grandes cuestiones: “El problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad y este que llaman el problema religioso, y que es en rigor la implantación del laicismo, con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias”.

 

Fue entonces cuando proclamó que la “premisa” para resolver el  problema religioso era que “España ha dejado de ser católica”. Y añadió: “El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español”.

 

Se trataba de una premisa doblemente falsa. En primer lugar, porque una afirmación tan tajante y dogmática no se ajustaba a la realidad social y constituía una innecesaria ofensa a los sentimientos religiosos de muchos españoles. Y en segundo término, porque el carácter no confesional o laico de un Estado es independiente del grado mayor o menor de creencias religiosas de sus ciudadanos. Hoy diríamos que la premisa de la organización de cualquier comunidad humana es precisamente la laicidad o no confesionalidad del Estado, concepto incompatible con el laicismo militante del liberalismo progresista del siglo XIX, de los republicanos españoles de los años 30 y de los partidos de izquierda de inspiración marxista.

 

Azaña tiene hoy buena prensa en España. Quizás se deba a que todavía queda el eco de su famoso discurso de 1938 en Barcelona, donde, sintiendo la guerra perdida, elevó aquel noble deseo de “paz, piedad, perdón” que por desgracia nadie quiso escuchar y menos quien estaba obligado a hacerlo. Lo cierto es que a Azaña le corresponde una gran parte de la responsabilidad de haber empujado a la República al abismo.

 

Su laicismo republicano le condujo a un razonamiento absolutamente totalitario al abordar la regulación de las Órdenes religiosas. “Nosotros –dijo- tenemos, de una parte, la obligación de respetar la libertad de conciencia, naturalmente, sin exceptuar la libertad de la conciencia cristiana; pero tenemos también, de otra parte, el deber de poner a salvo la República y el Estado. Estos dos principios chocan, y de ahí el drama que, como todos los verdaderos y grandes dramas no tiene solución. ¿Qué haremos, pues? ¿Vamos a seguir (claro que no, es un supuesto absurdo), vamos a seguir el sistema antiguo que consistía en suprimir uno de los términos del problema, el de la seguridad e independencia del Estado, y dejar la calle abierta a la muchedumbre de Ordenes religiosas para que invada la sociedad española? No... Lo que hay que hacer –y es una cosa difícil, pero las cosas difíciles son las que nos deben estimular-; lo que hay que hacer es tomar un término superior a los dos principios en contienda, que para nosotros, laicos, servidores del Estado y políticos gobernantes del Estado republicano, no puede ser más que el principio de la salud del Estado”. A partir de este pronunciamiento, Azaña define lo que hay que hacer: “”Frente a las Ordenes religiosas no podemos oponer un principio eterno de justicia, sino un principio de utilidad social y de defensa de la República... Y como no tenemos frente a las Ordenes religiosas ese principio eterno de justicia, detrás del cual debiéramos ir como hipnotizados, sin rectificar nunca nuestra línea de conducta, y como todo queda encomendado a la prudencia, a la habilidad del gobernante, yo digo: las Ordenes religiosas tenemos que proscribirlas en razón de su temerosidad para la República”. En suma, para Azaña las Órdenes religiosas venían a ser un peligro para la República por lo que ésta debía dotarse de los instrumentos jurídicos necesarios para hacerles frente y, en su caso, aniquilarlas.

 

Azaña recordó a los diputados republicanos y socialistas que entre las Ordenes Religiosas destacaba una por su peligrosidad para la República: la Compañía de Jesús. A ella estaba destinado un precepto singular del proyecto de Constitución que facultaba a las Cortes para disolver aquellas Órdenes religiosas que tuvieran voto especial de obediencia al Papa. Es evidente –y así lo reconoció paladinamente Azaña- que este precepto tenía como destinatarios directos a los jesuitas. Pues bien, Azaña convenció a la mayoría parlamentaria de que debía consagrarse la disolución “definitiva” e “irrevocable” y no esperar a que las Cortes dictaran la ley disolutoria. Resultaba peligroso –argumentó- “dejar pendiente esta espada sobre una institución tan poderosa, que trabajará todo lo posible para que estas Cortes no puedan legislar más”. A instancias, pues, de Azaña se aprobó el siguiente texto que figura en el artículo 26: “Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro de especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes”

 

Solventada la cuestión de los jesuitas, Azaña mostró su opinión plenamente favorable a atribuir a las Cortes la facultad de decidir sobre “la existencia o la destrucción de todas las Órdenes religiosas que ellas estimen peligrosas para el Estado”. Y sentenció: “Donde un Gobierno con autoridad y una Cámara con autoridad me diga que una Orden religiosa es peligrosa para la República, yo lo acepto y lo firmo sin vacilar”.

 

Más aún. Ni siquiera la labor benéfica de las Órdenes religiosas podía ser una eximente. Mencionó expresamente la labor de las Hermanas de la Caridad para arremeter contra ellas porque “debajo de esa aspiración caritativa, que doctrinalmente es irreprochable y admirable, hay, sobre todo, un vehículo de proselitismo que nosotros no podemos tolerar”.

 

Por último, anunció que en ningún momento ni él ni su partido suscribirían una cláusula legislativa “en virtud de la cual se siga entregado a las Órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Yo lo siento mucho; pero ésta es la verdadera defensa de la República”. Y a renglón seguido pronunció estas tremendas palabras: “La agitación más o menos clandestina de la Compañía de Jesús o de ésta o de la de más allá, podrá ser cierta, podrá ser grave, podrá ser en ocasiones risible, pero esta acción continua de las Ordenes religiosas sobre las conciencias juveniles es cabalmente el secreto de la situación política por que España transcurre y que está en nuestra obligación de republicanos, y no de republicanos, de españoles, impedir a todo trance. A mí que no me vengan a decir que esto es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de salud pública”.

 

La única concesión a una cierta templanza que hizo Azaña fue que la campaña de reforma de la organización religiosa española se detuviera “allí donde nuestra intervención quirúrgica fuese dañosa o peligrosa. Pensad, señores Diputados, que vamos a realizar una operación quirúrgica sobre un enfermo que no está anestesiado y que en los debates propios de su dolor puede complicar la operación y hacerla mortal, no sé para quien, pero mortal para alguien”. Este llamamiento a la prudencia no oculta que Azaña se siente con derecho a reformar la organización religiosa española y a intervenir quirúrgicamente para sajar lo que a su juicio podía ser un peligro para la República. Esto revela que el laicismo conduce al totalitarismo, pues no es otra cosa dejar la supresión de un derecho fundamental como la libertad religiosa al arbitrio de una mayoría parlamentaria.  

 

Esta concepción agresiva y aniquiladora de la libertad propia del laicismo español se tradujo en una serie de preceptos que en lugar de resolver el llamado “problema religioso” e, incluso, el “peligro monástico” al que también alude Azaña, provocaron un gravísimo enfrentamiento con buena parte de la sociedad española que no había dejado de ser católica.

 

Que el laicismo es la antesala del totalitarismo lo demuestran las siguientes prescripciones de la Constitución republicana:

 

-Las confesiones religiosas quedarán sujetas a una Ley especial dictada por las Cortes.

-Los poderes públicos no mantendrán favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

-Se constitucionaliza la disolución inmediata de los jesuitas.

-Las demás Órdenes religiosas quedarán sujetas a una ley de Cortes ajustada a las siguientes bases:

 

a) Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.

b) Incapacidad de adquirir y conservar más bienes que los que se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

c) Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

d) Rendición de cuentas al Estado de la inversión de sus bienes.

e) Posibilidad de nacionalizar los bienes de las Órdenes religiosas.

 

Todo esto figura en el artículo 26. En el 27 se estableció que las manifestaciones públicas de culto –las procesiones, por ejemplo-, deberían ser “en cada caso, autorizadas por el Gobierno”. Y, por último, además de no reconocer la libertad de enseñanza como un derecho fundamental, el artículo 48 proclamaba que la enseñanza sería “laica” y que las Iglesias, con sujeción a la inspección del Estado, sólo podrían “enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”, es decir, en los seminarios y noviciados.

 

El sectarismo republicano incendió España. De la confesionalidad del Estado, establecida en todas las Constituciones españolas desde 1812, habíamos pasado al extremo opuesto. Las desmesuras del laicismo republicano intoxicaron a las masas de los partidos y sindicatos de la izquierda revolucionaria, incluido el Partido Socialista Obrero Español. Nada más nacer, la República consentiría la quema de iglesias y conventos. Hoy se tiende a echar la culpa de todos los desmanes a los anarquistas. Pero lo cierto es que ni los republicanos de Azaña, ni los socialistas de Prieto y de Largo Caballero hicieron nada para apaciguar la furia anticlerical. Todo lo contrario. No es de extrañar, por eso, que cuando estalló la revolución en la zona republicana, tras el comienzo de la guerra civil en el verano de 1936, la Iglesia tuviera que soportar una de las persecuciones más crueles de toda su historia con el asesinato de cerca de siete mil sacerdotes, religiosos y monjas, incluidos catorce obispos. No se olvide que el laicismo antirreligioso utilizaba el gravísimo problema social que vivía España como su principal ariete contra la Iglesia, a la que  acusaba de complicidad con los detentadores de la propiedad agraria y del gran capital por lo que sus servidores merecían el mismo o peor trato que el reservado por la revolución a los enemigos del pueblo. 

 

Me ha parecido útil hacer este recordatorio histórico para destacar el gran valor del consenso constitucional de 1978. España era, en el momento constituyente, un Estado confesional. El “nacional-catolicismo” no había sido una entelequia, aunque desde el Concilio Vaticano II las cosas hubieran cambiado significativamente. La Iglesia española era plenamente consciente de la necesidad de trasladar al ámbito político la solemne proclamación conciliar de la libertad religiosa y de la renuncia a cualquier situación de privilegio derivada de la implicación de la Iglesia con los poderes públicos. Conviene recordar que no hubo ni un solo diputado de la derecha o del centro que se levantara en las Cortes constituyentes para reivindicar la confesionalidad del Estado. Por el contrario, todos sostuvieron el carácter laico del Estado o su no confesionalidad.

 

También la izquierda española había aprendido la lección. No se escucharon pues en los debates parlamentarios la sarta de disparates que en el salón de plenos del Congreso pronunció Azaña aquel aciago 14 de octubre de 1931. Nadie reivindicó el laicismo del Estado ni abogó por un Estado beligerantemente laicista. Nadie pidió que se prohibiera a la Iglesia, incluidas las Órdenes religiosas, crear, mantener y dirigir centros de enseñanza. Nadie abogó por prohibir a la Iglesia la posibilidad de crear emisoras de radio o canales de televisión. Por supuesto, ningún diputado ni grupo propuso facultar a las Cortes para disolver cualquier congregación religiosa para el caso de que se estimara que su actividad era peligrosa para la salud de la Monarquía parlamentaria.

 

Así que hubo pleno acuerdo –salvo en un punto al que ahora me referiré- en el artículo 16 de nuestra actual Constitución, que consagra como derecho fundamental la libertad religiosa.  

 

La excepción al consenso generalizado fue la mención a la Iglesia Católica contenida en el punto tercero del artículo 16: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.

 

Al consenso se sumó el Partido Comunista. Su secretario general, Santiago Carrillo, dejó claramente expuesta su postura demostrativa de la voluntad de consenso de los comunistas que contrasta con el fervor laicista y anticlerical que destila en nuestros días la actuación política y parlamentaria de Izquierda Unida. Dijo Carrillo: “España deja de ser un Estado confesional, independientemente de que una parte importante de sus ciudadanos sustenten creencias religiosas. Como Estado, España pasa a ser un Estado laico, y uno se percata en este momento de la inmensa distancia que nos separa de 1931, cuando la separación de la Iglesia y del Estado fue como el principio de la separación de los españoles en dos grupos opuestos, como una operación quirúrgica sobre ‘un enfermo que no está anestesiado –son palabras de Manuel Azaña- y con los debates propios de su dolor puede complicar la operación y hacerla mortal, no sé para quién, pero mortal para alguien’.

En efecto, aquella operación fue mortal para la República, pero a la larga lo fue también para una concepción integrista de la Iglesia...”.

 

Carrillo se refiere después al Concilio Vaticano al que califica de “verdadera revolución cultural en la Iglesia” que ha permitido que se pudiera aprobar la no confesionalidad del Estado “sin que tiemblen las esferas, y no en un espíritu de hostilidad, ni siquiera de reserva, sino con una afirmada voluntad de cooperación”.

 

Al Partido Socialista Obrero Español no le gustó nada esta referencia y trató de eliminarla a lo largo de los debates constitucionales, aunque acabó por rendirse en el Senado donde no mantuvo en el pleno el debate de su enmienda, limitándose a abstenerse en la votación del artículo.

 

La defensa de la postura del Grupo Socialista en el Congreso correspondió al diputado Enrique Barón. Sus intervenciones fueron sosegadas y en tono conciliador. Su argumento principal sería que la mención a la Iglesia Católica supondría “una confesionalidad solapada que ha de repercutir en muchos aspectos que se van a debatir más adelante en la Constitución y otros que son objeto, o deben serlo, de leyes ordinarias; y apunto las siguientes: el tema del matrimonio, el tema de la enseñanza, el tema del divorcio y el tema de la conservación del tesoro histórico”.

 

Por otra parte, argumentó que el texto en cuestión ni siquiera respondía al deseo de la Iglesia y requirió a los portavoces de UCD y AP para que explicaran las razones por las que habían introducido la controvertida mención. Pero no dio ningún argumento de cierta entidad para justificar que se trataba de consagrar la confesionalidad encubierta del Estado. El Diario de Sesiones registra brillantes intervenciones de Así que primero Oscar Alzaga y de Gabriel Cisneros al respecto. “Nosotros estamos abierta y expresamente por un Estado no confesional”, dijo Alzaga. Pero los Estados no confesionales, añadió, pueden ser de diversos tipos. Los hay que practican un “laicismo beligerante” y otros “con una actitud colaboradora con las diversas confesiones religiosas”. UCD apostaba por la cooperación del Estado no sólo con la Iglesia Católica sino con las restantes confesiones.

 

En la sesión del pleno del Congreso celebrada el 7 de julio de 1978, Gabriel Cisneros, cuya reciente muerte ha dejado un hueco difícil de llenar en las filas populares, sentenció el debate con el que sería uno de los más brillantes de su andadura parlamentaria. Dirigiéndose al portavoz socialista, Enrique Barón, dijo: “Si los hombres de Unión de Centro Democrático tuviéramos la sospecha de que la fórmula del párrafo 3 del artículo 15 (finalmente 16), tal y como aparece redactado ahora, no cubría esas finalidades de alejamiento de la tragedia, de fundamentación de la reconciliación, hacia atrás con respecto a nuestra azarosa historia, y hacia nuestro conflictivo presente, si no tuviéramos esa convicción, probablemente votáramos su enmienda”.

 

Para Cisneros el principio  nuclear del artículo 15 del dictamen de la Comisión es “la formulación terminante, de cuño tradicional, del principio de libertad religiosa y de conciencia, de creencias y de cultos”. “Acontece, sin embargo –prosiguió Cisneros-, que el hecho religioso no sólo no se agota en esta esfera de la individualidad, sino que se realiza y cobra su efectiva dimensión en el plano de lo social, de lo comunitario, es decir, de lo inexorablemente público... Esa es la dimensión que aborda el apartado 3 del artículo 15; apartado obligado, tanto más partiendo de la definición constitucional de nuestro Estado como Estado social de Derecho”. “Y ¿cómo lo aborda? –se preguntó-. Pues, primero, con una afirmación rotunda, terminante de la laicidad del Estado; principio que no encontró objeción ni en Ponencia ni en Comisión, porque todas las fuerzas políticas concurrentes en la Cámara, sin excepción, estaban de acuerdo, sin reservas, en ella; estábamos de acuerdo en la necesidad de subrayar la ajeneidad de la comunidad política a cualquier planteamiento confesional; estábamos de acuerdo en la necesidad de cancelar esposos nacional-catolicismo de ayer o de antesdeayer; estábamos de acuerdo en cerrar el paso a cualquier posibilidad, aun subrepticia, de confundir lo inconfundible, y, sobre esa voluntad, también estábamos de acuerdo en la necesidad de buscar la expresión menos agresiva, menos hiriente, más lejana del traspié constitucional del 31, para expresar ese concepto”.

 

En este contexto –prosiguió-, la mención explícita de la Iglesia católica no puede entenderse como una vía de privilegio, como la introducción vergonzante de un confesionalismo solapado o como un disfavor a las minorías de otras confesiones, cristianas o no, o a los agnósticos; se trata de la voluntad de acomodar la norma constitucional a la topografía social a la que ha de servir... No es esta inclusión, esta mención una afirmación dogmática, ni tiene pretensiones ideológicas, ni pretende asegurar una primicia cualitativa, ni, mucho menos, estatalizar la Iglesia católica: es un reconocimiento positivo de una realidad determinante de la vida real de la sociedad española, un reconocimiento no discriminatorio, reconciliante, que tiene o encuentra su fundamentación última justamente en la voluntad de establecer correspondencia entre la realidad del país y su régimen jurídico, para no instaurar por vía del silencio, estridentes disonancias”.

 

La enmienda socialista fue rechazada por 171 votos en contra, 126 votos a favor y 19 abstenciones. El texto del dictamen recibió 191 votos a favor, dos en contra y 112 abstenciones.

 

Termino. La Constitución de 1931 agravó el problema religioso. La Constitución de 1978 lo resolvió. Sin embargo, en nuestros días, la lamentable campaña que se ha dado en llamar de recuperación de la memoria histórica, ha abierto la puerta a un nuevo laicismo radicalmente contrario al consenso constitucional. Los ataques a la Iglesia y a los sentimientos religiosos, los intentos de amordazar a los obispos cuando desde un plano estrictamente moral se pronuncian sobre cuestiones esenciales de la vida política y social, la imposición en el sistema educativo de un modelo supuestamente progresista de relaciones sociales contrario a los valores éticos y morales de la conciencia católica revelan el renacer en España de la beligerancia antirreligiosa propia del laicismo de otras épocas. Ni qué decir tiene que además no presagiar nada bueno la pretensión de convertir al Estado en laicista es radicalmente contrario al principio de libertad religiosa y a la laicidad del Estado consagrados en nuestra Constitución.

 

No sin Mayor Oreja

No le han llamado. Desde Génova no le han llamado para confirmarle que encabezará la lista del PP en Toledo, y eso que el encargo tendría poca importancia. Los chicos de Juan Costa –trasunto de Rato- que andan elaborando el programa le rehuyen. El ex ministro de Ciencia y Tecnología, al que las vocales siempre le traicionan y se le abren en busca de un escaparate de la calle Serrano, anda como loco encargando seminarios a la gente de FAES para que le empaqueten nuevas ideas pero huye de él.

Para Mayor Oreja, voz de donde se fabrican los ecos de las palabras sinceras, lo de estar al frente de la lista de la ciudad del Tajo sería una nadería, pero es que ni eso. Siempre que ha encabezado una candidatura se ha salido. Así fue en las pasadas elecciones europeas, cuando lo mandaron poco más o menos que a los leones. Andaban entonces, junio de 2004, muy sonados por haber perdido las elecciones de marzo. Y Jaime Mayor les brindó unos resultados del 41,3 por ciento, los mejores de las tres anteriores convocatorias. Sin organización que le respaldara, sin sociólogos de diseño y sin magos electorales y de comunicación -que entonces no había nadie para nada en Génova-, con su estilo artesanal de hacer política, generando confianza en el electorado, se quedó a un diputado del PSOE. El suyo ha sido siempre un cartel de éxito.

 

En las autonómicas de 2001 en el País Vasco, con aquella locura que hizo Aznar de presentar a un recién cesado ministro del Interior, sin tiempo para aterrizar y para contrarrestar la infernal campaña que se hizo desde los medios públicos, los populares también obtuvieron los mejores resultados de su historia: 326.933 votos, un 23,12 por ciento. Si en España hubiese algo parecido a las listas abiertas, donde se presentara barrería porque acumula un capital de fiabilidad, honradez y realismo que a muchos votantes les entusiasma. Muchos le reconocen un liderazgo social que otros compañeros de su propio partido ni sueñan.

 

Pero no se acaban de decidir a proponerle lo de Toledo y, lo que es más serio y más grave, no cuentan con él, que lo importante no es el cargo. Van camino de interiorizar los mensajes de Cebrián y de Pedro J.Ramírez. Cebrián, que durante la primera legislatura del PP lo apoyó como ministro del Interior, lo convirtió en la segunda legislatura en uno de los objetivos a derribar. Si había que combatir a un PP que había ganado por mayoría absoluta, era necesario arrastrar la imagen del ministro del Interior, convertirlo en una especie de troglodita, en un pesado pesimista, profeta de calamidades que anda siempre hablando de lo malo que es negociar con ETA. Era necesario cambiar su icono, hacerlo antipático, para abonar un diálogo político con los terroristas. Y el Grupo Prisa lo consiguió. Tanto es así que ahora, cuando alguno de sus compañeros de partido oye hablar de él, tuerce la cabeza y hace un gesto de incomodidad, como si les hubieran hablado de un pecado molesto del pasado, como si, en lugar de haber acumulado votos, su nombre estuviera asociado a algo que hacerse perdonar. Es, en parte, el resultado de haberle comprado el producto a Cebrián y, en parte también, el miedo a que sea necesario el pacto con los nacionalistas y a que un Mayor con demasiado protagonismo lo impida.

 

Al ostracismo por su antinacionalismo parece que ahora se va unir el ostracismo por su catolicismo. En el artículo de Raquel Martín “Pedro J. defiende Educación para la Ciudadanía”, se analizaba con precisión la carta del director de El Mundo del pasado domingo. Como Cebrián en su momento condicionó la agenda del PSOE, Pedro J. quiere ahora un PP alejado del 11-M (curiosa decisión la suya, después de haber estado vendiendo muchos periódicos con este asunto) y distante de la Iglesia católica. No da nombres, pero todos en Génova han entendido que estaba poniendo en la picota a Mayor Oreja, que es el que está batallando contra el laicismo, convencido de que tiene la misma raíz que el nacionalismo.

 

Hete aquí que la derecha y la izquierda periodística coinciden en un punto: en la necesidad de quitar de en medio a una de las pocas presencias católicas. Es sin duda legítimo que un director de un periódico, en la intimidad de su gabinete, redacte un artículo diciéndole al PP o al PSOE cuál debería ser su rumbo. Pero en una democracia madura, es conveniente que los partidos no sólo escuchen las recomendaciones de reputados analistas y estén también pendientes de la calle o de sus votantes. En este caso, lo que dicen se oye con más claridad que algunas vocales: “no sin Mayor Oreja”.

 

Fernando de Haro

Páginas Digital, 21 de noviembre de 2007