¿Qué es AGLI?
Conscientes de la gravedad de la situación, un grupo de personas, en su mayoría padres de alumnos, formaron en 1988 la Asociación Gallega para la Libertad de Idioma (AGLI), que tiene como objetivo conseguir que en España y especialmente en Galicia no existan discriminaciones por razón de idioma, y que se respeten los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los ciudadanos que hablamos español.
Desde su fundación, AGLI se ha opuesto con todos los medios a su alcance a una mal llamada normalización lingüística, que no es otra cosa que una imposición antidemocrática de las "lenguas propias" generada por la clase política, y que no responde en absoluto a la demanda de la sociedad, si exceptuamos a grupos nacionalistas que la emplean como filtro de exclusión, y a ciertos sectores con intereses económicos en su imposición. AGLI no está en contra de las lenguas regionales, sino en contra de su imposición por encima de las libertades individuales, contra el bilingüismo obligatorio.
¿Cuáles son sus principales actividades?
Al principio se tenía la esperanza de que en base a lo que establece la Constitución Española, el estado mantendría el idioma común español en todo el entramado oficial, educación, sanidad, justicia, administración local, etc., y que sería suficiente denunciar las tropelías, para que los dos grupos políticos más votados, PSOE y PP, junto con la aplicación de criterios de sentido común del Tribunal Constitucional y la actuación del Defensor del Pueblo, mantuvieran la unidad idiomática, pero debido a graves defectos del sistema democrático, esos dos partidos, en vez de pactar entre sí, (pactar con el PSOE actual resulta imposible, demostrada su absoluta falta de los principios éticos más elementales) al gozar de la representación de la mayoría de los españoles, se venden a las minorías nacionalistas que están consiguiendo hacerlo desaparecer, con el apoyo del politizado Tribunal Constitucional y la cobardía del Defensor del Pueblo, así que ahora estamos simplemente dejando constancia del trágico proceso, con la esperanza de que la ciudadanía reaccione y consiga regenerar la clase política, la inexistente ética de la mayoría de los políticos y se cumpla el espíritu y la letra de la C.E.
Porque la función de una asociación cívica no puede ser la de ocupar el espacio que obligatoriamente tiene el Estado en la defensa del cumplimiento de la norma suprema; no podemos tener que estar permanentemente vigilantes de todos los procesos que se les ocurren a los políticos y sus burócratas para reforzar su feudo identitario, con la lengua "propia".
Así que en nuestra dirección en Internet www.geocities.com/agli.geo, recopilamos gran cantidad de información relacionada con el derecho constitucional de poder ser ciudadanos normales castellanohablantes en las regiones que anticonstitucionalmente han establecido que la lengua "propia" no es el idioma común español. También iniciamos recursos contra normas de la Junta de Galicia y ayuntamientos que supongan una discriminación de los castellanohablantes y tratamos de apoyar a quienes se sienten atropellados en su derecho a la educación o actuaciones administrativas por la imposición de la lengua "propia". También colaboramos con otras asociaciones cívicas en la defensa de los derechos constitucionales, y organizamos conferencias sobre estos temas, tratando de crear en la sociedad una conciencia de sentido común con los temas relativos al idioma, y además que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos lingüísticos y los hagan respetar.
¿Creen que se debe discriminar positivamente una lengua, o hay que dejar que la ciudadanía use de forma natural y como voluntariamente la que prefiera?
En primer lugar, hay que partir de la base de que una sociedad necesita un idioma común para poder funcionar como tal, y que el bilingüismo impuesto es un disparate puesto que la sociedad es un sistema dinámico, sin zonas estancas donde no se pueda entrar ni salir si no se cumplen condiciones de definición difusa. En nuestra dirección de Internet se puede leer el libro "La "normalización lingüística", una anormalidad democrática, El caso gallego, que Manuel Jardón dedicó "A todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las personas y no las personas para los idiomas" y donde demuestra que lo mejor para las lenguas es dejarlas que sigan su camino sin legislación ni imposición alguna. Las lenguas vivas sirven para que la sociedad siga adelante, otras se van quedando por el camino y en un lejano futuro esperemos que toda la tierra hable el mismo idioma.
En todas las CC.AA. con idioma oficial propio se valora el conocimiento de la lengua autóctona para ser funcionario en ellas, no solo de la administración autonómica sino también del estado, primando ese conocimiento a otros específicos profesionales ¿creen que es un criterio valido?
El que haya CC.AA con idioma oficial "propio" es un disparate, una anormalidad democrática, puesto que es el castellano el único idioma que como españoles tenemos el deber de conocer. Agli ha presentado recursos contra muchas convocatorias en las que se valoraba el conocimiento de la lengua "propia" incluso más que conocimientos específicos de la función técnico-administrativa, pero al haber tantos frentes, resulta una lucha muy difícil, pues tanto la Junta de Galicia, en cualquiera de sus departamentos, como cualquier ayuntamiento, en cualquiera de sus servicios, utilizan esa valoración para conseguir dos fines igualmente anticonstitucionales, primero para impedir que los castellanohablantes concurran y segundo para conseguir implantar un perfil pro lengua "propia" entre los que concurren, y así, a medio-largo plazo consiguen el dominio de toda la burocracia regional y local.
En nuestra dirección de Internet se puede también leer el libro Por la normalización del español: El estado de la cuestión, una cuestión de Estado de FADICE (Federación de Asociaciones por el Derecho al Idioma Común Español), donde se pone de manifiesto que el problema existe en todas las CC.AA con "lengua propia", se comparan varios estatutos y la C.E, y se resumen algunas sentencias.
Cual es la situación de la enseñanza en Galicia, ¿el PP de Fraga ha desarrollado una política lingüística idéntica a la catalana?
La enseñanza en Galicia es un desastre, pues el profesorado tiene que ser en el mejor de los casos bilingüe, en muchos casos es monolingüe en lengua "propia" lo que subvierte el sistema y constituye una red clientelar cuyo máximo interés es mantener la discriminación a favor de los que hablan la "lengua propia" en contra de los que cumplen el deber de conocer el español que establece la C.E. , y encima utilizan todos los medios a su disposición para el adoctrinamiento nacionalista, tanto en los libros de texto, como en los juegos y ejercicios y en la conversación corriente.
Por otro lado, no se permite a los padres elegir el castellano como lengua vehicular, por lo que los castellanohablantes se convierten en ciudadanos de segunda clase, sin derecho alguno respecto a su lengua materna, lo que además supone un enorme perjuicio al impedir el normal desarrollo de la persona y su relación con la sociedad.
En la formación profesional y en la universidad, ocurre lo mismo, con el agravante de que se crean feudos en los que vale más la defensa y el conocimiento de la "lengua propia" que la profesionalidad y validez técnico-científica. Con el paso del tiempo la situación empeora puesto que al jubilarse los profesores que comenzaron cuando había un sistema nacional de educación, son reemplazados por elementos de la red clientelar cuyo objetivo es borrar el idioma español en su zona de influencia.
El intercambio de profesores y alumnos queda anulado por la barrera idiomática, y la universidad se convierte de facto en aldeanidad, despilfarrando los recursos indispensables para investigación y desarrollo para tratar de borrar el idioma español del mapa y acallar a los ciudadanos de segunda.
La Junta o el Ayuntamiento de Vigo, también el de Santiago, solo usa el gallego en sus documentos públicos, ¿no es esta una discriminación del castellano, como idioma común a todos los españoles?
Los ciudadanos castellanohablantes somos ciudadanos de segunda en las regiones donde, incumpliendo la Constitución española, los políticos de turno, motu propio o para conseguir el apoyo de grupos nacionalistas han establecido que el idioma propio no es el idioma común español. El ciudadano castellanohablante que se ve directamente afectado por actos administrativos de la Junta de Galicia o las entidades locales, en contra de lo que establece la C.E. tiene que solicitar por escrito y ante el órgano correspondiente la traducción al castellano de cada documento y en cada etapa, y estar preparado para un largo y costoso proceso legal; en otro caso ni tiene derecho a la traducción (educación, sanidad, cultura, etc.), a pesar de que la C.E. establece el deber de conocer únicamente el idioma español.
Pese a todas las políticas de fomento artificial del gallego, la realidad es que en Galicia cada día hay menos galleogoparlantes. ¿A que se debe esa contradicción?
La ciudadanía utiliza la lengua para comunicarse, entretenerse, formarse, vivir, y en cuanto sale de la aldea, físicamente o por los medios de comunicación, se da cuenta de que con el idioma español tiene unas ventajas impresionantes. Además, el gallego que se impone a los niños es un idioma de laboratorio, no corresponde a ninguna de las variedades que se hablan en las distintas zonas, incluso hay algún grupo que para conseguir mayor masa de hablantes proponía su paulatina integración con el portugués-brasileño. Y no hay que olvidar que el bilingüismo es una imposibilidad puesto que el cerebro humano no es como un computador con dos núcleos, trabajando simultáneamente uno cada idioma, lo que aprende, lo que vive en un idioma no puede estar permanentemente traduciéndolo al otro, salvo para las cosas más triviales, y no tenemos siete vidas como se dice de los gatos.
¿Cuál es su opinión sobre el bilingüismo?
La palabra en sí, que parece inerte, es un peligro, pues aquí no se entiende como el hecho de que una persona, por decisión propia, sin obligación ni imposición, domine dos idiomas, sino que pretenden que bilingüismo sea el medio de comunicación de una sociedad cerrada en la que todos cumplen el requisito de conocer los mismos dos idiomas y en la que nadie que conozca sólo el idioma español pueda ser ciudadano normal; y teniendo tantos idiomas para elegir, quedarse con dos, y encima uno de ellos con escasa utilidad, salvo su aplicación como criterio de discriminación en contra de la mayoría, no parece una buena elección.
Por otro lado, cualquier idioma vivo, es decir que tiene una sociedad que se comunica, trabaja, piensa, investiga, desarrolla y se divierte, evoluciona a tal velocidad que resulta imposible dominar todas sus facetas, pues sólo hay que hablar con cualquier especialista en cualquier materia para darse cuenta de que los que se consideran bilingües sólo tienen un conocimiento muy parcial de los dos idiomas.
Hay algunos grupos que, quizás confundiendo tolerancia por debilidad, creen que ante el monolingüismo impuesto en "lengua propia" por parte de los nacionalismos, deben impulsar una administración oficial bilingüe, pero hay que resaltar el hecho de que una cesión en este campo tiene unas consecuencias tremendas, y no deberíamos olvidar que el bilingüismo impuesto es una verdadera dictadura, anticonstitucional, pues si la C.E. establece qua las "lenguas propias" serán oficiales en las CC.AA respectivas (enorme disparate, por imposición nacionalista en el trapicheo preconstitucional), primero establece que sólo se tiene deber de conocer el español, y por tanto su imposición, más allá de que cualquier ciudadano, incapaz de cumplir el mandato constitucional de deber conocerlo, pueda recibir ayuda, es un disparate que atenta contra todos los principios de libertad, libre de circulación y establecimiento, participación política, igualdad de los ciudadanos ante la ley, etc.
Cuando se pide administración bilingüe para sociedad bilingüe, se está partiendo del falso supuesto de que hay una sociedad bilingüe, una sociedad estática en la que nadie entra ni sale, todos son igualmente bilingües, y en todos los niveles todo está entremezclado, es decir por ejemplo, que en la prensa hay artículos en los dos idiomas, en las clases de la universidad se mezclan párrafos de ambos idiomas, lo mismo que en las vistas y sentencias de la justicia, la sanidad, etc., porque eso de hacer una reunión y dar el discurso en un idioma y luego repetirlo en el otro, es lo que tenemos que hacer para dividir la productividad por dos y hundirnos más en la absoluta ineficacia.
Cualquier persona, sea empresario, jurista, médico, profesor, periodista, etc., si no es capaz o no puede pasar el filtro del bilingüismo dictatorial, es un ciudadano de segunda, incluso se le somete a verdaderas situaciones de riesgo para su vida, pues si va circulando por una carretera en una región con lengua propia, le obligan a permanecer mirando los paneles indicadores el doble de tiempo para leer los mensajes en su idioma, precedido por la "lengua propia", situación mucho más peligrosa que utilizar un teléfono; si tiene una urgencia médica, quizás no llegue a tiempo, porque las indicaciones en las vías pública y dentro del hospital, sólo están en la "lengua propia".
En cuanto a la escolarización en lengua materna, según recomendaciones de todos los expertos y de acuerdo con la demanda y las posibilidades, pues no hay que olvidar la enorme cantidad que hay en España de familias emigrantes de todo el mundo que también tienen ese derecho, debería ser posible en los primeros años, para pasar a un sistema educativo nacional, donde cualquier alumno o profesor pueda participar en cualquier sitio.
¿Cuál es su opinión sobre la tregua de ETA? ¿Cree que hay un camino a la esperanza o que simplemente se trata de otra tregua trampa?
Hablar de tregua es partir de un supuesto falso, dado que no hay guerra: hay unos desalmados apoyados por otros descerebrados que asesinan y extorsionan y algunos políticos sin ética que aprovechan la situación para arrimar el ascua a su sardina.
El único camino a la esperanza es la firmeza de la ética y el sentido común. La ley debe aplicarse y el estado debe garantizar la seguridad. Pero en España, la ley, lo mismo que la seguridad se aplica únicamente cuando les interesa a algunos, y encima vamos por el camino equivocado, al menos hacia diecisiete feudos con sus leyes, tribunales y seguridad, como ya es en sanidad y educación.
Las víctimas del terrorismo están luchando para conseguir que el estado cumpla con su deber, cumpliendo y haciendo cumplir la ley, y metiendo entre rejas a los asesinos, terroristas y extorsionadores, y las asociaciones cívicas tenemos que seguir defendiendo la educación en los principios éticos en contra de las minorías nacionalistas, que se han apoderado de las instituciones donde están consiguiendo descerebrar a las generaciones siguientes, y conseguir que la clase política deje de ser tal clase, y sean ciudadanos honestos, volcados durante el tiempo que les corresponda en servir a la sociedad y regresando a ella, sin que su permanencia en la política sea su medio para mantener su poder feudal.
Con toda esta humareda, están consiguiendo que una gran parte de la sociedad española todavía no se haya enterado de que dentro de poco será obligatoria la anticonstitucional inmersión lingüística, para todos, no sólo para los niños y estudiantes como ahora, es decir, otro pasito en dirección a la secesión que van marcando los totalitarios proyectos de estatutos regionales. Minuto Digital, 8 de mayo de 2006
