El fin del bilingüismo en Cataluña

Falta una semana para que los catalanes voten si se aprueba la reforma del Estatuto de Cataluña. El texto, de 223 artículos y 19 disposiciones adicionales, es todo un ejercicio de intervencionismo por parte de la administración pública en la vida de los ciudadanos. El lenguaje será el principal factor de discriminación. Si triunfa el sí en el referéndum, el catalán se convertirá en la lengua propia, vehicular y preferente en las administraciones públicas, en la educación y en los medios de comunicación públicos en Cataluña. Así lo establece el artículo 6.1 del texto estatutario. Todos los ciudadanos estarán obligados a conocer el catalán. Cualquier trabajador que quiera ingresar en la administración pública sólo podrá hacerlo si demuestra un conocimiento “adecuado y suficiente” del catalán. El Estatuto consagrará las sanciones a aquellas empresas que no rotulen sus establecimientos en esta lengua. La administración catalana ya está imponiendo sanciones como consecuencia de las denuncias anónimas que reciben las denominadas Oficinas de Garantía Lingüística. La Generalitat está facilitando, por ejemplo, modelos para denunciar al camarero que no nos ha atendido en catalán o al tendero que no tiene su rótulo en esa lengua. La entrada en vigor agravará la situación de aquellos padres que quieran para sus hijos un modelo educativo bilingüe catalán-castellano. Hoy día no es posible para los padres elegir lengua vehicular en educación primaria. Es una consecuencia de los desarrollos de la Ley de Normalización Lingüística del año 83. Resuenan en este punto los pasos que describía Hannah Arendt en su descripción de la limitación del pluralismo. El primero de estos pasos se da cuando la identidad colectiva del ‘pueblo’ prevalece sobre la libertad del individuo (a ello se han dirigido las políticas de “cohesión social” de los gobiernos catalanes). El segundo paso se da cuando a un ‘pueblo’ se le reconocen unos derechos históricos en exclusiva sobre un territorio determinado. El tercer paso se da cuando el ‘pueblo’ unido en torno a una identidad cerrada y constituido en nación reclama su derecho de autodeterminación, la voluntad de hacer coincidir nación y Estado. Roberto de la Cruz

Páginas Digital, 10 de junio de 2006