Poder cultural y educación.

"LA TRAICIÓN DE LOS PROFES": Revel y la pedagogía

Formé parte de ese "colectivo" de profesores progres que quería hacer la revolución desde la escuela. Nos guiamos, yo diría que con buena intención, por unos principios pedagógicos que, con el correr de los años, se han ido transformando en dogmas y se han llevado por delante la autoridad del profesor, la disciplina en las aulas y el interés por el saber y el conocimiento.Abandonar el progresismo, descubrir sus falacias, engaños y mentiras, exige mucho esfuerzo; exige que uno vuelva sobre los propios pasos en la búsqueda desesperada del punto del camino en que se abandonó la buena dirección. En esas andaba yo cuando, en 1996, los socialistas de Felipe González fueron derrotados en las urnas y en España comenzó a gobernar la derecha de José María Aznar. Fue entonces, también, cuando empezaba a generalizarse la implantación de la ley de educación elaborada por los gobiernos socialistas, la LOGSE.  Un buen día, un amigo con el que charlaba del desastre educativo que se avecinaba me recomendó que leyera El conocimiento inútil, de Jean-François Revel, y, en particular, que me fijara en uno de sus capítulos, "La traición de los profes", en el que el pensador francés expresaba sus ideas sobre lo que estaba ocurriendo con la enseñanza en su país.  Así fue como descubrí a Revel. Debo decir que me quedé un tanto aturdida por la claridad y firmeza con que denunciaba la responsabilidad que habían tenido los maestros y profesores de izquierdas en el destrozo de la escuela pública francesa. Más que leer, estudié esas páginas de Revel, que, fotocopiadas y subrayadas, he guardado desde entonces y he utilizado en charlas y artículos sobre asuntos relacionados con la educación.  Para Revel, no cabía duda alguna de que la decadencia de la enseñanza pública francesa era "consecuencia de una opción deliberada, según la cual la escuela no debe tener por función transmitir conocimientos", y de que su origen está en aquel movimiento del 68 que nació en Estados Unidos con un carácter fundamentalmente antiautoritario y de revolución de las costumbres y que, al trasladarse a Europa, se vio rodeado de todos los tópicos de la izquierda más totalitaria.  Para el pensador francés, la pedagogía que desde entonces dominó en Europa se inspiró en dos principios fundamentales: uno de ellos, un feroz antiliberalismo que llevó al profesorado a combatir abierta y decididamente la sociedad capitalista; el otro, que "la simple transmisión del conocimiento era reaccionaria". Según Revel, después de la Segunda Guerra Mundial la enseñanza francesa sufrió una extraña estalinización. La mayoría de los libros de texto de geografía e historia de los años 50 eran bolcheviques. Pero a partir de los 60, en un momento determinado, "el profesorado, no contento con estar inconscientemente sometido a la ideología marxista, decide utilizar su situación privilegiada ante la juventud para combatir la civilización liberal". A partir de entonces, escribió Revel, "la misión de los maestros ya no será enseñar sino acabar con el capitalismo e impedir el paso del imperialismo". En esta nueva tarea no se librarán de participar ni siquiera los libros de lenguas extranjeras. Las escuelas se convertirán en centros de convivencia donde la "apertura al prójimo y al mundo" tomará mayor importancia que el cultivo del saber. Se eliminará completamente el criterio, considerado reaccionario, de la competencia: "El alumno no deberá aprender nada y el profesor podrá ignorar aquello que enseña".  Esto que decía Revel de las escuelas francesas es perfectamente aplicable a la situación española. La izquierda domina en la enseñanza pública, y ¡ay de aquel que, desde ideas conservadoras o liberales, se atreva a enmendar el trabajo llevado a cabo por sus pedagogos, sindicatos, asociaciones y políticos! Cuando lo intentó hacer el Partido Popular, primero con la ministra liberal Esperanza Aguirre y más tarde con la Ley de Calidad de la Educación de Pilar del Castillo, todas las fuerzas del trasnochado progresismo se pusieron en guardia, y no vacilaron en utilizar todo tipo de falacias y subterfugios para impedir que les fuera arrebatado lo que consideran suyo: el control absoluto de la escuela pública. Ahora que las nefastas consecuencias de esa pedagogía progre y de aquella LOGSE igualitaria están saliendo a la luz, y que muchas voces denuncian la decadencia que viene sufriendo la enseñanza pública en España, la izquierda, que no está dispuesta a aceptar su responsabilidad, culpa a los políticos de derechas de favorecer la enseñanza privada y de no haber dado los suficientes recursos económicos a la escuela pública. He leído artículos de sesudos intelectuales progres en los que se responsabiliza del destrozo educativo al "capitalismo neoliberal", que intencionadamente, dicen, ha querido construir una generación de consumidores manejables y desinformados. En fin, como bien sabía y denunciaba Jean-François Revel, el poder de la propaganda es demasiado poderoso, y contra él no vale argumentar con la verdad y el razonamiento. Así que cada vez que ante mí se plantea la discusión de quién es el culpable de lo mal que está la enseñanza en España, saco esas páginas manoseadas y subrayadas de "La traición de los profes", del fallecido pensador francés, y aconsejo su lectura a mis interlocutores.  Alicia Delibes Libertad Digital, suplemento Ideas, 24 de mayo de 2006 

La roca del amor total

El pasado fin de semana, el Papa ha confirmado su presencia en Valencia, el próximo mes de Julio, para clausurar el Encuentro Mundial de las Familias, un evento que podemos calificar de profético en la medida en que anunciará a los cuatro vientos la verdad sobre la familia, cada día más oscurecida en la conciencia social. El anuncio del Papa se producía a los pocos días de presentarse en el Parlamento Europeo un demoledor informe sobre la evolución de la familia en Europa, elaborado por el Instituto de Política Familiar (IPF).Todos los parámetros manejados por el informe (caída de la nupcialidad, aumento vertiginoso de las separaciones y divorcios, disminución del tamaño de los hogares, nacimientos fuera del matrimonio, frecuencia del aborto, etcétera) indican que la familia transita en Europa por una estación gélida, e incluso hacen pensar que hay extensas franjas de la sociedad europea en las que se haya en trance de desaparecer como tal. Por supuesto esto no es fruto de la casualidad, ni siquiera es fruto de una simple degeneración natural. Con todas las matizaciones y diferenciaciones necesarias, no es exagerado decir que este panorama es el resultado de la difusión de una cultura anti-familiar promovida por poderosos grupos mediáticos, unida a una política suicida de los gobiernos, que han abandonado la tutela de la familia como parte esencial del bien común. Y por supuesto, este proceso de disolución de la familia camina de la mano de la secularización galopante que experimenta la sociedad europea.Por todo ello, el Encuentro de Valencia no puede ser una cita convencional, sino un verdadero aldabonazo en las conciencias. En un reciente discurso dirigido a los miembros del Instituto Juan Pablo II de estudios para el matrimonio y la familia, Benedicto XVI ha subrayado que "sólo la roca del amor total e irrevocable entre el hombre y la mujer, es capaz de fundamentar la construcción de una sociedad que se convierta en una casa para todos los hombres". Ciertamente, la crisis moral y educativa que aflige a las sociedades occidentales es inseparable de la disolución de la familia basada en la unión fiel entre hombre y mujer, y abierta a la transmisión de la vida. En este terreno estamos recibiendo el último reflujo de la marea del 68, con su designio de "matar al padre". La familia ha sido vilipendiada y acosada por la cultura radical, que ha llegado a convertirse en dominante en amplios círculos europeos. Los frutos están a la vista. El "amor débil", por utilizar las palabras del Papa, que caracteriza a otras formas de convivencia hoy equiparadas a la familia, es incapaz de rendir frutos de cohesión social, de transmisión de sentido, de generación de comunidad estable. Occidente pagará una factura muy elevada por este sinsentido que muy pocos se atreven a denunciar.Pero por supuesto, las denuncias no bastan cuando se ha oscurecido hasta tal punto la conciencia, cuando se ha perdido el rastro y el gusto de toda una forma de vida. La Iglesia no puede cansarse de presentar la verdad de la familia, aunque sea contra la corriente de la cultura dominante. Pero no puede convertir esa presentación en un mero elenco de valores abstractos, sino que debe saber mostrar la correspondencia de su propuesta con la espera del corazón humano, tal como intuyó genialmente Juan Pablo II. En este campo es especialmente necesario abandonar la pura trinchera y lanzarse al encuentro del drama de los hombres y mujeres de nuestra época: partir de su oscuridad y de su incapacidad, escuchar su grito de insatisfacción, acompañar su búsqueda tumultuosa, para conducirles a la gran promesa del amor cristiano.Benedicto XVI ha señalado una conexión muy interesante entre la nueva evangelización y la recuperación del matrimonio y de la familia: del mismo modo que la destrucción de ésta se ha producido en el contexto de la descristianización, su recuperación sólo será posible, en términos sociales, en un contexto de nueva atención a la propuesta cristiana. En el inmediato futuro, la Iglesia será más que nunca una red de familias que se sostienen en la vida diaria, desde el juicio necesario para situarse en el mundo, pasando por la educación de los hijos, hasta la construcción de espacios comunitarios diversos. De esta forma, las familias cristianas constituirán un reclamo de indudable belleza para un mundo aterido de soledad y de olvido. Valencia tiene que ser la ocasión de tomar conciencia de todo ello.

Por José Luis Restán Libertad Digital, suplemento Iglesia, 18 de mayo de 2006

La insoportable levedad del pensamiento disidente

Durante muchos años, la crítica al nacionalismo lingüístico o al nacionalismo a secas no tenía cabida en los medios de comunicación catalanes. A quienes tratábamos de hacerlo sólo nos quedaba el espacio reducido de revistas disidentes, muy marginales, como Cervantina o Tolerancia. De escaso presupuesto y círculos cercados, su influencia era muy escasa. Recuperaré de vez en cuando algunos de aquellos artículos que de tanto haber sido ocultados siguen siendo vigentes. En este caso, una reflexión realizada en 1997 en la revista Tolerancia que, lejos de apolillarse, ha debido completarse ahora con otra mucho mayor y que se publicará en el próximo número de La Ilustración Liberal. 'El Síndrome de Catalunya', que así se titula, intenta dar cuenta de las patologías sociopolíticas que padecemos hoy en Cataluña. Como Albert Boadella, doy por supuesto que Cataluña está enferma, y trato de comprender su enfermedad, clasificar sus virus, comprender qué nos pasa, descubrir por qué no nos atrevemos a ponerle cura.  Ese estudio empezó en ideas como las que vertí entonces en Tolerancia, y de las que vuelvo a dar cuenta ahora. A menudo he reflexionado sobre la excesiva "prudencia" en los juicios que los disidentes al nacionalismo en Cataluña han dirigido al proceso de normalización lingüística. No me refiero con "prudencia" al juicio que discierne y distingue lo bueno de lo malo en aras de escoger lo más conveniente, sino más bien a su acepción de "cautela", es decir, a la astucia, maña o sutileza para no provocar rechazo social cuando se arremete contra ideas integristas. He buscado razones y, me las he, me las han dado. De todo tipo: estratégicas, altruistas, ejemplarizantes… Ninguna me ha acabado de convencer por completo. Todas eran muy respetables. Dicen los clásicos que la madurez es saber conformarse con una realidad que nunca será la soñada. Algunos. Otros han asegurado que sólo de la insatisfacción nace la libertad y se recrea la vida. No sé cuál de los dos caminos será el acertado, o si lo son los dos, ninguno o se le suman otros, pero sé cuál de ellos nos invita a la fatalidad. Por eso, a menudo, cuando he buscado razones sólo me he topado con coartadas. ¿Nacidas del pudor a la verdad oficial imperante? ¿O, más bien, del cálculo por la posición política ocupada?… Puede que de la astucia o de la inteligencia a secas. De todo debe de haber. Pero, nazca de donde nazca esa prudencia, se comprueba cada día que es el más eficaz de los somníferos de los que el nacionalismo se aprovecha para tener congelada la protesta social contra sus excesos. "El miedo guarda la viña", dice un refrán castellano. La "prudencia intelectual" en Cataluña deja hacer al nacionalismo y desactiva a quienes lo sufren. Es su arma más sofisticada y cruel: hacer creer culpables a sus víctimas. Alto precio a pagar, justificado por parte del catalanismo lingüístico por el capital moral acumulado durante los años del franquismo, que ha pasado a cobrar en la etapa democrática, en su calidad de víctima.  Todo aval se acaba si se abusa de él. Todavía no en Cataluña. El estatuto de víctimas alimenta la prudencia intelectual, ésta deja hacer al nacionalismo y paraliza a quienes soportan sus consecuencias. Desde hace años, la disidencia es rehén de un laberinto de conceptos, opiniones, lugares comunes y siglas históricas que nombran lo que ya no son. "Continuaremos suponiendo a Dios –decía Nietzsche– mientras sigamos creyendo en la gramática". Seguirá aturdida y subyugada en Cataluña mientras no ponga en cuestión los dogmas conceptuales que el nacionalismo ha impuesto o depuesto, según su conveniencia: "inmersión", "doble red escolar", "lengua materna", "hecho diferencial", "España", "lengua propia", "inmigración", "autodeterminación", etcétera. Seguirá flagelándose mientras siga "creyendo" que detrás de las siglas de algunos partidos y sindicatos están sus sueños progresistas y no sus carceleros.  No es capaz de admitir que buena parte de nuestra clase política vive en una nación frustrada; o sea, envenenada por ser, ansiosa por encontrar disculpas que la justifiquen, encabronada por una realidad que la niega, dispuesta a consumar el engaño utilizando valores y reivindicaciones loables, nobles, democráticas; con todo el cinismo del mundo, sin un maldito amago de vergüenza.  Perdidos en esa telaraña de conceptos, cada atrevimiento se frustra por temor a desagradar al señor de la viña: no se debe decir esto, nombrar lo otro, remarcar lo evidente. Y todo esto, en el mejor de los casos. En el peor, el disidente, presionado por el ambiente estético nacionalista, se desdibuja en la defensa de sus convicciones más profundas y utiliza descalificaciones propiamente nacionalistas contra sus propios compañeros de disidencia. Es la consecuencia del excesivo pudor que siente ante la liturgia estética de auditorios llenos de "progres" estancados en reivindicaciones biempensantes, como si el mundo acabara en las leyendas universitarias de su generación. Con esa actitud mezquina vende a sus propios compañeros, refuerza las descalificaciones nacionalistas al uso, pero sobre todo se hace esclavo de su propia mediocridad al traicionarse a sí mismo.  Así, a costa del desprestigio de sus propios compañeros, construye su respetabilidad. Se siente a salvo, fuera de la satanización nacionalista, sin más porvenir que ir renunciando cada día un poquito más a sus propias convicciones. La vergüenza de la madre soltera de antaño nos recuerda la condescendencia que suscitan estos personajillos amordazados por la presión de esta época. Tomar conciencia de esta ingratitud contra uno mismo podría constituir el principio del fin del caciquismo nacionalista. La disidencia ha de tener el valor intelectual de romper la baraja. Crear espacios para poder respirar. Se han enquistado demasiados conceptos demonizadores en el imaginario popular, causantes directos de sutiles complejos. Han minado sus referencias ideológicas, culturales, lingüísticas, nacionales e internacionalistas, han ocupado todo el territorio mental e ideológico. Juegan siempre en campo propio. Atreverse a colectivizar esa hegemonía la obligará a vivir a la intemperie. Pero proseguir en su consentimiento la hará un poco más esclava cada día.  Es preciso nombrar lo denostado: debería hablar de bilingüismo, de pluralidad, de mestizaje, de tolerancia; de izquierdas y derechas; debería nombrar a España y no dejarse acomplejar por utilizar democráticamente los colores de la bandera constitucional. Debería incorporar a su lenguaje la legitimidad de conceptos como república, federalismo, ciudadanía… Debería hacer referencias a las lenguas de Cataluña cuando hablemos de lengua propia. Es preciso defender lo evidente, recuperar el español como lengua común. Esas minas virtuconceptuales que la frenan cederán espacio a cada atrevimiento, y cada espacio conceptual liberado obligará al nacionalismo a rebatirla con argumentos, no a descalificarla con insultos. No hay que tener miedo a ser contundentes. El problema no está en la radicalidad de los conceptos utilizados, sino en la naturaleza de los pensamientos que los nutren. Demasiadas veces se ha confundido la contundencia con la defensa de posturas antidemocráticas, o con la violencia, ese camino impaciente del apresurado que lo quiere todo ahora porque es incapaz de apreciar la complejidad de la vida o dudar de sus propias convicciones. Ahí no hay contundencia, determinación o ausencia de complejo; ahí sólo hay intolerancia, cutrez, autoritarismo y en algún caso fascismo.  El marco de la contundencia debe ser rigurosamente democrático. Sin excepción alguna. Pero, dentro del Estado Democrático, "la convivencia a cualquier precio –lo diré con palabras de Francesc de Carreras– es indignidad".  Empezando por el derecho a poder decir en palabras razonables lo que nuestro corazón siente: hablar de tolerancia es respetar y atreverse a convivir con el que no piensa como tú sin renunciar a denunciar aquello que nos parece indecente, exigir el bilingüismo es crear las condiciones para que la sociedad catalana entera lo sea sin traumas, no utilizarlo como coartada para marginar a aquellos ciudadanos que nunca pudieron dominar una de las lenguas. Nombrar a España es ejercer el derecho a construir una nación de ciudadanos, compatible con las aspiraciones ideológicas, religiosas, económicas, culturales, lingüísticas, etcétera, de cada uno de los ciudadanos que la componen. Y en todo caso, disfrutar del derecho a sentirse como cada uno quiera en la misma proporción que lo disfruta quien únicamente admite la nacionalidad catalana. Españas ha habido muchas. Nosotros tenemos derecho a la nuestra: un Estado de Derecho donde el ciudadano sea la referencia moral y política por excelencia y cuya estructura aspire a fundirse en un mundo sin fronteras. Existen razones objetivas para confiar en la bondad y acierto de estos pensamientos. Hace cinco años [recuerde el lector que esta reflexión data de 1997] era imposible ser una persona decente si se defendían posturas lingüísticas distintas a las nacionalistas. Hoy sólo son ciudadanos discrepantes. Los únicos perjudicados han sido los psiquiatras. Por Antonio Robles  [e-mail]

Libertad Digital, suplemento Ideas, 16 de mayo de 2006

 

¿Por qué Uganda ha tenido más éxito en la lucha contra el sida?

Los factores más decisivos son los cambios en la conducta sexual, la lucha contra la pobreza y la mejora del estatus social de las mujeres.

Alrededor de 1990 en Uganda, la prevalencia estimada del sida alcanzó un máximo del 20% de la población. Ahora está entre el 6% y el 7%, y Uganda se ha convertido en modelo de prevención del sida para los demás países africanos.

Angelina Kakooza-Mwesige, pediatra del hospital Mulago, el más grande del país, cuenta en una entrevista ("MercatorNet", 18-04-2006) qué ha ocurrido en Uganda. Su experiencia es que la solución no es más preservativos, sino cambios en la conducta sexual, la lucha contra la pobreza y la mejora del estatus social de las mujeres.

— Uganda ha tenido un notable éxito en la lucha contra el sida. ¿Cuáles han sido los principales factores de este éxito?

— En primer lugar, hemos contado con la valentía y el empeño del presidente, Yoweri Museveni, cuya franqueza en el debate sobre el sida y los comportamientos sexuales contribuyó a que la población captara la magnitud del problema. A continuación se optó por conseguir que la población cambiara su comportamiento para evitar el riesgo, y no solo reducirlo, como hacen los programas de prevención centrados en la difusión de preservativos. El mensaje sobre el cambio de comportamiento fue muy claro y práctico: A (abstinencia), B (fidelidad) y, si no se vive lo anterior, C (condón). Para la Iglesia católica, la C indica Carácter, formación del carácter. El hecho fue que la campaña ABC produjo un cambio de conducta: personas sexualmente activas decidieron ser fieles a una sola pareja y otras resolvieron retrasar el comienzo de las relaciones sexuales. Según el informe "Uganda's Demographic and Health Survey 2000-2004", el 93% de los ugandeses cambió su comportamiento sexual para evitar el sida.Hay otros muchos aspectos importantes de la campaña: empezó a impartirse educación preventiva contra el sida en las escuelas de primaria, antes de que los chicos comenzaran la actividad sexual; los líderes religiosos pusieron a disposición sus asociaciones para difundir la campaña; las personas infectadas participaron en actividades de prevención, etc. El objetivo básico era infundir miedo hacia la enfermedad, que es realmente terrible, para que la gente reflexionara sobre el riesgo de tener ciertos comportamientos y motivarles a cambiar. Al mismo tiempo, comenzamos a luchar contra la estigmatización de las personas infectadas porque eso les privaba de las posibilidades de tratamientos y cuidados, y contribuía a que extendieran la enfermedad. Hemos trabajado mucho para sustituir la negación por la comprensión. También ha sido muy importante el avance social de las mujeres y, por supuesto, la mejora en el acceso a los antirretrovirales.

— Los expertos occidentales no tienen mucha fe en la capacidad de los jóvenes para ser castos y fieles. ¿Fue muy difícil que los jóvenes ugandeses se tomaran este mensaje en serio?

— Siempre es difícil de entrada difundir este discurso entre los jóvenes. Muchos piensan que es imposible. Sin embargo, una vez que comprueban la verdad del mensaje y sus ventajas, se convierten en sus firmes defensores y lo apoyan entre sus coetáneos. Existen varios grupos de jóvenes, como Youth Alive y Ma-Play, que están convencidos del mensaje, lo difunden entre sus compañeros y tratan de ayudarles a llevarlo a cabo.

— ¿Hay dificultades provocadas por el estatus de la mujer en el país? ¿Es un problema especial la poligamia?

— Sí, existen muchos problemas en ese ámbito. Todavía hay una desigualdad de género que subordina los derechos de la mujer a los de los hombres en las relaciones sexuales. Muchas mujeres son dependientes social y económicamente de los hombres, y algunas no tienen la capacidad de decir "no" a un marido infiel. La poligamia es un problema real. El 32% de las ugandesas viven en uniones polígamas.

— ¿Es un gran obstáculo la pobreza para cambiar el comportamiento sexual de la gente?

— Fundamental. Algunas adolescentes pueden empezar a tener relaciones sexuales a cambio de poder comprar ciertas cosas o para sentirse aceptadas en actividades que les permitan formar parte del grupo de amigos. Algunos padres dan a sus hijas en matrimonio para conseguir una dote que les permita hacer frente a las necesidades de su familia. Algunas mujeres que no están casadas o son viudas y pierden su empleo, pueden verse en la necesidad de intercambiar sexo por dinero, para comprar ropa y alimentos o pagar el colegio de los hijos.

Aceprensa 

Asociación Gallega para la Libertad de Idioma

¿Qué es AGLI?

Conscientes de la gravedad de la situación, un grupo de personas, en su mayoría padres de alumnos, formaron en 1988 la Asociación Gallega para la Libertad de Idioma (AGLI), que tiene como objetivo conseguir que en España y especialmente en Galicia no existan discriminaciones por razón de idioma, y que se respeten los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los ciudadanos que hablamos español.

Desde su fundación, AGLI se ha opuesto con todos los medios a su alcance a una mal llamada normalización lingüística, que no es otra cosa que una imposición antidemocrática de las "lenguas propias" generada por la clase política, y que no responde en absoluto a la demanda de la sociedad, si exceptuamos a grupos nacionalistas que la emplean como filtro de exclusión, y a ciertos sectores con intereses económicos en su imposición. AGLI no está en contra de las lenguas regionales, sino en contra de su imposición por encima de las libertades individuales, contra el bilingüismo obligatorio.

¿Cuáles son sus principales actividades?

Al principio se tenía la esperanza de que en base a lo que establece la Constitución Española, el estado mantendría el idioma común español en todo el entramado oficial, educación, sanidad, justicia, administración local, etc., y que sería suficiente denunciar las tropelías, para que los dos grupos políticos más votados, PSOE y PP, junto con la aplicación de criterios de sentido común del Tribunal Constitucional y la actuación del Defensor del Pueblo, mantuvieran la unidad idiomática, pero debido a graves defectos del sistema democrático, esos dos partidos, en vez de pactar entre sí, (pactar con el PSOE actual resulta imposible, demostrada su absoluta falta de los principios éticos más elementales) al gozar de la representación de la mayoría de los españoles, se venden a las minorías nacionalistas que están consiguiendo hacerlo desaparecer, con el apoyo del politizado Tribunal Constitucional y la cobardía del Defensor del Pueblo, así que ahora estamos simplemente dejando constancia del trágico proceso, con la esperanza de que la ciudadanía reaccione y consiga regenerar la clase política, la inexistente ética de la mayoría de los políticos y se cumpla el espíritu y la letra de la C.E.

Porque la función de una asociación cívica no puede ser la de ocupar el espacio que obligatoriamente tiene el Estado en la defensa del cumplimiento de la norma suprema; no podemos tener que estar permanentemente vigilantes de todos los procesos que se les ocurren a los políticos y sus burócratas para reforzar su feudo identitario, con la lengua "propia".

Así que en nuestra dirección en Internet www.geocities.com/agli.geo, recopilamos gran cantidad de información relacionada con el derecho constitucional de poder ser ciudadanos normales castellanohablantes en las regiones que anticonstitucionalmente han establecido que la lengua "propia" no es el idioma común español. También iniciamos recursos contra normas de la Junta de Galicia y ayuntamientos que supongan una discriminación de los castellanohablantes y tratamos de apoyar a quienes se sienten atropellados en su derecho a la educación o actuaciones administrativas por la imposición de la lengua "propia". También colaboramos con otras asociaciones cívicas en la defensa de los derechos constitucionales, y organizamos conferencias sobre estos temas, tratando de crear en la sociedad una conciencia de sentido común con los temas relativos al idioma, y además que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos lingüísticos y los hagan respetar.

¿Creen que se debe discriminar positivamente una lengua, o hay que dejar que la ciudadanía use de forma natural y como voluntariamente la que prefiera?

En primer lugar, hay que partir de la base de que una sociedad necesita un idioma común para poder funcionar como tal, y que el bilingüismo impuesto es un disparate puesto que la sociedad es un sistema dinámico, sin zonas estancas donde no se pueda entrar ni salir si no se cumplen condiciones de definición difusa. En nuestra dirección de Internet se puede leer el libro "La "normalización lingüística", una anormalidad democrática, El caso gallego, que Manuel Jardón dedicó "A todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las personas y no las personas para los idiomas" y donde demuestra que lo mejor para las lenguas es dejarlas que sigan su camino sin legislación ni imposición alguna. Las lenguas vivas sirven para que la sociedad siga adelante, otras se van quedando por el camino y en un lejano futuro esperemos que toda la tierra hable el mismo idioma.

En todas las CC.AA. con idioma oficial propio se valora el conocimiento de la lengua autóctona para ser funcionario en ellas, no solo de la administración autonómica sino también del estado, primando ese conocimiento a otros específicos profesionales ¿creen que es un criterio valido?

El que haya CC.AA con idioma oficial "propio" es un disparate, una anormalidad democrática, puesto que es el castellano el único idioma que como españoles tenemos el deber de conocer. Agli ha presentado recursos contra muchas convocatorias en las que se valoraba el conocimiento de la lengua "propia" incluso más que conocimientos específicos de la función técnico-administrativa, pero al haber tantos frentes, resulta una lucha muy difícil, pues tanto la Junta de Galicia, en cualquiera de sus departamentos, como cualquier ayuntamiento, en cualquiera de sus servicios, utilizan esa valoración para conseguir dos fines igualmente anticonstitucionales, primero para impedir que los castellanohablantes concurran y segundo para conseguir implantar un perfil pro lengua "propia" entre los que concurren, y así, a medio-largo plazo consiguen el dominio de toda la burocracia regional y local.

En nuestra dirección de Internet se puede también leer el libro Por la normalización del español: El estado de la cuestión, una cuestión de Estado de FADICE (Federación de Asociaciones por el Derecho al Idioma Común Español), donde se pone de manifiesto que el problema existe en todas las CC.AA con "lengua propia", se comparan varios estatutos y la C.E, y se resumen algunas sentencias.

Cual es la situación de la enseñanza en Galicia, ¿el PP de Fraga ha desarrollado una política lingüística idéntica a la catalana?

La enseñanza en Galicia es un desastre, pues el profesorado tiene que ser en el mejor de los casos bilingüe, en muchos casos es monolingüe en lengua "propia" lo que subvierte el sistema y constituye una red clientelar cuyo máximo interés es mantener la discriminación a favor de los que hablan la "lengua propia" en contra de los que cumplen el deber de conocer el español que establece la C.E. , y encima utilizan todos los medios a su disposición para el adoctrinamiento nacionalista, tanto en los libros de texto, como en los juegos y ejercicios y en la conversación corriente.

Por otro lado, no se permite a los padres elegir el castellano como lengua vehicular, por lo que los castellanohablantes se convierten en ciudadanos de segunda clase, sin derecho alguno respecto a su lengua materna, lo que además supone un enorme perjuicio al impedir el normal desarrollo de la persona y su relación con la sociedad.

En la formación profesional y en la universidad, ocurre lo mismo, con el agravante de que se crean feudos en los que vale más la defensa y el conocimiento de la "lengua propia" que la profesionalidad y validez técnico-científica. Con el paso del tiempo la situación empeora puesto que al jubilarse los profesores que comenzaron cuando había un sistema nacional de educación, son reemplazados por elementos de la red clientelar cuyo objetivo es borrar el idioma español en su zona de influencia.

El intercambio de profesores y alumnos queda anulado por la barrera idiomática, y la universidad se convierte de facto en aldeanidad, despilfarrando los recursos indispensables para investigación y desarrollo para tratar de borrar el idioma español del mapa y acallar a los ciudadanos de segunda.

La Junta o el Ayuntamiento de Vigo, también el de Santiago, solo usa el gallego en sus documentos públicos, ¿no es esta una discriminación del castellano, como idioma común a todos los españoles?

Los ciudadanos castellanohablantes somos ciudadanos de segunda en las regiones donde, incumpliendo la Constitución española, los políticos de turno, motu propio o para conseguir el apoyo de grupos nacionalistas han establecido que el idioma propio no es el idioma común español. El ciudadano castellanohablante que se ve directamente afectado por actos administrativos de la Junta de Galicia o las entidades locales, en contra de lo que establece la C.E. tiene que solicitar por escrito y ante el órgano correspondiente la traducción al castellano de cada documento y en cada etapa, y estar preparado para un largo y costoso proceso legal; en otro caso ni tiene derecho a la traducción (educación, sanidad, cultura, etc.), a pesar de que la C.E. establece el deber de conocer únicamente el idioma español.

Pese a todas las políticas de fomento artificial del gallego, la realidad es que en Galicia cada día hay menos galleogoparlantes. ¿A que se debe esa contradicción?

La ciudadanía utiliza la lengua para comunicarse, entretenerse, formarse, vivir, y en cuanto sale de la aldea, físicamente o por los medios de comunicación, se da cuenta de que con el idioma español tiene unas ventajas impresionantes. Además, el gallego que se impone a los niños es un idioma de laboratorio, no corresponde a ninguna de las variedades que se hablan en las distintas zonas, incluso hay algún grupo que para conseguir mayor masa de hablantes proponía su paulatina integración con el portugués-brasileño. Y no hay que olvidar que el bilingüismo es una imposibilidad puesto que el cerebro humano no es como un computador con dos núcleos, trabajando simultáneamente uno cada idioma, lo que aprende, lo que vive en un idioma no puede estar permanentemente traduciéndolo al otro, salvo para las cosas más triviales, y no tenemos siete vidas como se dice de los gatos.

¿Cuál es su opinión sobre el bilingüismo?

La palabra en sí, que parece inerte, es un peligro, pues aquí no se entiende como el hecho de que una persona, por decisión propia, sin obligación ni imposición, domine dos idiomas, sino que pretenden que bilingüismo sea el medio de comunicación de una sociedad cerrada en la que todos cumplen el requisito de conocer los mismos dos idiomas y en la que nadie que conozca sólo el idioma español pueda ser ciudadano normal; y teniendo tantos idiomas para elegir, quedarse con dos, y encima uno de ellos con escasa utilidad, salvo su aplicación como criterio de discriminación en contra de la mayoría, no parece una buena elección.

Por otro lado, cualquier idioma vivo, es decir que tiene una sociedad que se comunica, trabaja, piensa, investiga, desarrolla y se divierte, evoluciona a tal velocidad que resulta imposible dominar todas sus facetas, pues sólo hay que hablar con cualquier especialista en cualquier materia para darse cuenta de que los que se consideran bilingües sólo tienen un conocimiento muy parcial de los dos idiomas.

Hay algunos grupos que, quizás confundiendo tolerancia por debilidad, creen que ante el monolingüismo impuesto en "lengua propia" por parte de los nacionalismos, deben impulsar una administración oficial bilingüe, pero hay que resaltar el hecho de que una cesión en este campo tiene unas consecuencias tremendas, y no deberíamos olvidar que el bilingüismo impuesto es una verdadera dictadura, anticonstitucional, pues si la C.E. establece qua las "lenguas propias" serán oficiales en las CC.AA respectivas (enorme disparate, por imposición nacionalista en el trapicheo preconstitucional), primero establece que sólo se tiene deber de conocer el español, y por tanto su imposición, más allá de que cualquier ciudadano, incapaz de cumplir el mandato constitucional de deber conocerlo, pueda recibir ayuda, es un disparate que atenta contra todos los principios de libertad, libre de circulación y establecimiento, participación política, igualdad de los ciudadanos ante la ley, etc.

Cuando se pide administración bilingüe para sociedad bilingüe, se está partiendo del falso supuesto de que hay una sociedad bilingüe, una sociedad estática en la que nadie entra ni sale, todos son igualmente bilingües, y en todos los niveles todo está entremezclado, es decir por ejemplo, que en la prensa hay artículos en los dos idiomas, en las clases de la universidad se mezclan párrafos de ambos idiomas, lo mismo que en las vistas y sentencias de la justicia, la sanidad, etc., porque eso de hacer una reunión y dar el discurso en un idioma y luego repetirlo en el otro, es lo que tenemos que hacer para dividir la productividad por dos y hundirnos más en la absoluta ineficacia.

Cualquier persona, sea empresario, jurista, médico, profesor, periodista, etc., si no es capaz o no puede pasar el filtro del bilingüismo dictatorial, es un ciudadano de segunda, incluso se le somete a verdaderas situaciones de riesgo para su vida, pues si va circulando por una carretera en una región con lengua propia, le obligan a permanecer mirando los paneles indicadores el doble de tiempo para leer los mensajes en su idioma, precedido por la "lengua propia", situación mucho más peligrosa que utilizar un teléfono; si tiene una urgencia médica, quizás no llegue a tiempo, porque las indicaciones en las vías pública y dentro del hospital, sólo están en la "lengua propia".

En cuanto a la escolarización en lengua materna, según recomendaciones de todos los expertos y de acuerdo con la demanda y las posibilidades, pues no hay que olvidar la enorme cantidad que hay en España de familias emigrantes de todo el mundo que también tienen ese derecho, debería ser posible en los primeros años, para pasar a un sistema educativo nacional, donde cualquier alumno o profesor pueda participar en cualquier sitio.

¿Cuál es su opinión sobre la tregua de ETA? ¿Cree que hay un camino a la esperanza o que simplemente se trata de otra tregua trampa?

Hablar de tregua es partir de un supuesto falso, dado que no hay guerra: hay unos desalmados apoyados por otros descerebrados que asesinan y extorsionan y algunos políticos sin ética que aprovechan la situación para arrimar el ascua a su sardina.

El único camino a la esperanza es la firmeza de la ética y el sentido común. La ley debe aplicarse y el estado debe garantizar la seguridad. Pero en España, la ley, lo mismo que la seguridad se aplica únicamente cuando les interesa a algunos, y encima vamos por el camino equivocado, al menos hacia diecisiete feudos con sus leyes, tribunales y seguridad, como ya es en sanidad y educación.

Las víctimas del terrorismo están luchando para conseguir que el estado cumpla con su deber, cumpliendo y haciendo cumplir la ley, y metiendo entre rejas a los asesinos, terroristas y extorsionadores, y las asociaciones cívicas tenemos que seguir defendiendo la educación en los principios éticos en contra de las minorías nacionalistas, que se han apoderado de las instituciones donde están consiguiendo descerebrar a las generaciones siguientes, y conseguir que la clase política deje de ser tal clase, y sean ciudadanos honestos, volcados durante el tiempo que les corresponda en servir a la sociedad y regresando a ella, sin que su permanencia en la política sea su medio para mantener su poder feudal.

Con toda esta humareda, están consiguiendo que una gran parte de la sociedad española todavía no se haya enterado de que dentro de poco será obligatoria la anticonstitucional inmersión lingüística, para todos, no sólo para los niños y estudiantes como ahora, es decir, otro pasito en dirección a la secesión que van marcando los totalitarios proyectos de estatutos regionales.  Minuto Digital, 8 de mayo de 2006

CATALUÑA: UNA ESCUELA AL SERVICIO DE LA IDENTIDAD (Y 2): de la lengua propia al apartheid estatutario

Como hemos visto en la anterior entrega, la ambición de convertir el catalán en instrumento de identidad es previa al actual redactado del nuevo Estatut. Ya lo contemplaba la Ley de Política Lingüística de 1988, y lo habían sistematizado a finales de la década de los 80 con el llamado "Projecte Lingüístic de Centre" (PLC), el cual contemplaba la creación de coordinadores lingüísticos.

 

Entre los objetivos de tales coordinadores estaría "aconseguir que la llengua catalana sigui el vehícle d’expressió oral i escrita en totes les activitats internes i externes del centre". Estoy hablando de 1989, pero aún me remontaré unos años más atrás. A partir de la primera ley de política lingüística, de 1983, el Gobierno de Jordi Pujol comenzó una purga de maestros castellanohablantes. Se obligó a todos los maestros con plaza a reciclarse para poder seguir ejerciendo. En aquel entonces la Secundaria no se tocó. La consecuencia fue el éxodo de 14.000 maestros, unos motu proprio, otros por verse incapaces de cambiar de lengua a los 50 años; y los que intentaron oponerse fueron expulsados de forma ilegal y mafiosa.

 

 

 

El 1 de julio del 1985 Cambio 16 publicaba, bajo el título 'Maestros castellanos, fora', la historia de unos mil docentes dados de baja en sus respectivos centros tras haber sido manipuladas las instancias presentadas para optar al concurso forzoso de traslados. Ante ello, 39 maestros de EGB y profesores de BUP presentaron denuncia ante los tribunales contra las instituciones autonómicas de Cataluña. Transcribo de Cambio 16:

 

 

 

"Julio Hilario Martín Crespo, un licenciado en Geografía e Historia de veintinueve años, nacido en Cáceres, en la actualidad profesor del instituto San Jordi, de Badalona, es uno de los presuntos segregados. 'Al comenzar el presente curso –asegura– fui excluido de las listas de concurso de traslados dentro de la Comunidad Autónoma catalana. Reclamé a la Generalitat y después de muchas gestiones logré ver mi instancia. Entonces pude comprobar que no era la mía, que me la habían cambiado por otra en la que yo renunciaba a solicitar destino en Cataluña, cuando lo que yo quiero es vivir aquí y ejercer aquí. Además, la falsa instancia había sido firmada con mi nombre, probablemente por alguna persona encargada de manipular estos temas'".

 

 

 

Lo que no sabía este maestro entonces es que aquellos que se opusieron a la catalanización forzosa fueron marcados con una cruz roja en la lista de traslados. El hueco dejado pronto se rellenó de afectos al régimen. La escuela, de esta manera, se convirtió en un feudo del catalanismo, y más tarde del nacionalismo radical. Posiblemente no haya en ningún otro sector mayor densidad de integrismo o de silencio cómplice que en la escuela. Los contenidos no importan. Sólo la lengua, sólo la identidad.

 

 

 

Como vemos, no habríamos de sorprendernos ni preocuparnos por el actual redactado de la reforma del Estatut en materia lingüística y educativa. Sin esta reforma, ya han impuesto el monolingüismo en la Primaria, lo están culminando en la Secundaria e intentando en la Universidad. Por tanto, ¿por qué habríamos de escandalizarnos ahora? ¡Por una razón fundamental! Pero antes de entrar a ese toro déjenme que les explique algunos de los excesos actuales del Tripartito que no son sino el reflejo de su impaciencia por reducir a su identidad una realidad que cada día ofrece más resistencias.

 

 

 

En el caso de la Secundaria lo explica muy bien a los suyos el integrista Joaquín Arenas:

 

 

 

"A secundaria és tota una altra cosa, des d’un principi la legislació, la normativa, va ser més tardana i encara no era vigent per a tots els nivells. Aquest retard va crear mes (…) defensa enfront del català i a hores d’ara encara hi ha instituts que no s’han normalitzat, o que fent normalització s’han desmoralitzat (…) Què vol dir això? Doncs vol dir que la llengua ha deixat de ser element educatiu, que estem educant en una altre llengua i, per tant, estem educant ciutadans per un altre pais" ('Varem fer posible el cátala a les escoles', Docéncia, abril de 2004)

 

 

 

Sin comentarios.

 

 

 

Si bien es cierto que la Secundaria no ha sido reducida aún al monolingüismo, la estadística de participación lingüística en las pruebas de acceso a la universidad indica que pronto lo será tanto como la Infantil y la Primaria: se ha pasado de un 53,3% de uso del catalán en 1992 a un 90,4 en 2000.

 

 

 

La lengua, sentimentalizada de nacionalismo y victimizada a propósito, la toman como instrumento transmisor imprescindible para infectar a las futuras generaciones del ideario nacionalista y convertir el poder en coto privado del propio nacionalismo. No tienen bastante con hacerla hegemónica, es preciso convertirla en el alma de la identidad, y desde ella poseer todas las conciencias.

 

 

 

Así lo prueba el documento que el Gobierno de la Generalitat, siendo presidente Jordi Pujol, elaboró en secreto con la intención de infiltrar y copar banca, prensa, escuela y demás estamentos sociales con el ideario nacionalista, y que filtró El País el 28 de octubre de 1990. Titulaba este periódico: 'Vigilantes seleccionados para velar por el adoctrinamiento en la enseñanza'; y seguía:

 

 

 

"La necesidad primordial para los inspiradores del documento es catalanizar a hombres y mujeres. Habrá, pues, que educar a estos hombres y mujeres, vigilar a los educadores para que cumplan lo estipulado y seleccionar con cuidado a los vigilantes. Todo ello aparece descaradamente en el documento cuando se propugna 'vigilar la composición de los tribunales de oposición', referido a las enseñanzas primaria y secundaria, y al hablar del profesorado universitario. De la misma forma, se recuerda la necesidad de 'reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza'. Y remata: 'Vigilar de cerca la selección de este personal'. También los programas de enseñanza deben ser 'catalanizados', sin olvidar imponer 'análisis previos y aprobación de los contenidos por parte de personas de confianza'. Ni en el apartado de enseñanza ni en el apartado de la universidad alude a la libertad de cátedra. Pero sí lo hace a la hora de controlar a la comunidad educativa no docente. 'Es necesario también  incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas', y potenciar las asociaciones de profesores y estudiantes nacionalistas, así como impulsar a 'personalidades de ideología nacionalista a los órganos de las tres universidades'".

 

 

 

Creo que todo eso ya lo han conseguido, pero ahora quieren dar un paso más: seleccionar al profesorado para convertir la enseñanza en una secta nacionalista. En el primer borrador del Plan Nacional para la Educación pretendían que el director pudiera elegir al profesorado a través de una entrevista personal, teniendo el aspirante que superar una "moralidad fiable", y el director determinarla. Su atrevimiento no tiene límites. Las intenciones, las intenciones nos indican el horizonte.

 

 

 

No hay que buscar sólo en el nuevo Estatut el abuso esperado, sino en las disposiciones, instrucciones, normas, decretos, etcétera, donde se concretan las "intenciones" y se llevan a cabo con total impunidad. Busquen en "los planes estratégicos de centro", en "las instrucciones de principio de curso", en los "planes lingüísticos de centro", en el "Pacte Nacional per a l’Educació" y en cada una de las actuaciones no escritas de inspectores, coordinadores lingüísticos, profesores afines, etcétera. Busquen aquí las aberraciones que la reforma del Estatut legalizará.

 

 

 

Por ejemplo, la inspección educativa nacional será competencia exclusiva de la Generalitat, según reza el artículo 135 del nuevo Estatut, aunque hasta ahora, sin artículo alguno, nunca inspeccionó ni cursó las denuncias que desde Cataluña se hacían. Como pasa con el artículo 127, donde se da a la Generalitat competencia exclusiva en cultura, lo que entre otras cosas le otorga poder exclusivo para controlar los libros de texto; tampoco en este caso se necesitó hasta hoy tal redactado, porque han actuado como si ya lo tuvieran. Sólo son editados en catalán. Apliquen el mismo razonamiento al artículo 35, donde se consagra la obligatoriedad y prioridad del catalán en el ámbito educativo. ¡Vaya novedad! Han cometido ese atropello impunemente desde siempre.

 

 

 

Entonces, me decía antes, ¿por qué habríamos de escandalizarnos ahora de la reforma del Estatut, si buena parte de lo que dice a propósito de la educación se viene imponiendo desde los años 80?

 

 

 

Por una razón fundamental: porque hasta ahora lo venían imponiendo de tapadillo, sin el amparo de la ley, a causa de lo cual debían tensar la cuerda sólo hasta el límite de los tribunales. El miedo y la leyenda negra contra todos los que osaran quejarse hacían el resto. Pero con el actual redactado pueden entrar a degüello en institutos y universidades (en la escuela ya no tienen necesidad), e imponer sanciones, impedir trámites de traslado, ascensos, becas y, si se envalentonan, dictar expulsiones.

 

 

 

Esto, para los que son propietarios de plaza por oposición. Pero para los interinos, los sustitutos, los aspirantes u opositores a una plaza de profesor, el requisito del idioma será una frontera de cristal transparente, pero infranqueable. La lengua se convertirá, así, en un verdadero pasaporte laboral, y nadie de dentro o de fuera de Cataluña podrá acceder a un puesto de trabajo

 

 

 

Sólo hay una cosa buena en esta reforma: han enseñado la patita, se les ha visto el plumero, sabemos sus intenciones. Han cometido su primer error. Quienes quieran conocer su lado oscuro no deben fiarse de sus palabras, sobre todo de las buenas. Mienten siempre. Yo siempre me he dejado guiar por sus intenciones y los hechos sobrevenidos: es la única manera de saber cómo se van a comportar. Repasen la historia de sus tropelías identitarias y lingüísticas y comprobarán la relación directa entre ese tipo de intenciones y sus imposiciones reales.

 

 

 

Por eso, no se den por satisfechos si sale un Estatut descafeinado. La letra del articulado podrá decir lo que quiera, pero el ejercicio diario del poder se ejercerá con todas sus intenciones e incumpliendo todas las leyes, como hasta ahora.

 

 

 

Termino con algunos de los atropellos genuinos del Tripartito. Las actuales "Aules d'Acogida", encargadas de acoger y preparar a los alumnos de lenguas no románicas que provenían de la inmigración y con serias dificultades de entendimiento lingüístico, ahora son obligatorias también para sudamericanos castellanohablantes. A pesar de que el responsable lleva un nombre muy exótico: "Coordinador lingüístic, d'interculturalitat i de cohesió social del centre", sus funciones se reducen a enseñarles catalán y sólo catalán. Allí se pueden pasar un año, o hasta que el responsable del aula lo considere oportuno. El objetivo es obvio: encarcelar sentimentalmente el aprendizaje y el contacto de estos "nouvinguts a la llengua pròpia de Catalunya i a la seva identidat nacional".

 

 

 

Debería darles vergüenza impedir que miles de niños y jóvenes sudamericanos puedan acceder a libros de texto en castellano o bilingües para seguir sus estudios con mayor facilidad. Porque ya que no sus profesores, al menos los libros podrían paliar el choque inicial y disminuir la desventaja del desconocimiento de la lengua. Pero no hay editoriales bilingües, ni sirven los currículos de los libros del resto de España. Se hacen diferentes para evitar, precisamente, esa posibilidad.

 

 

 

El fracaso del primer año de muchos de estos jóvenes es casi sistemático. No les importa un carajo. Su fracaso escolar se mide en función de si han aprendido o no catalán y si se comportan o no como buenos catalanistas.

 

 

 

Ese Coordinador Lingüístico de extensos atributos está en conexión con el asesor lingüístico multiusos (TIC), aunque a la hora de la verdad todos empiecen y terminen en la lengua.

 

 

 

Una de sus últimas fechorías ha sido utilizar a los alumnos para que delaten a los profesores que no den las clases y los textos en catalán, a través de unas encuestas que deben firmar los dos delegados y el tutor.

 

 

 

Alguna vez me he imaginado el guión de una obra de teatro donde el eje central fuera una oficina de especímenes extravagantes obsesionados por encontrar el modo de erradicar el español de Cataluña. La realidad, sin embargo, siempre me chafa todas las estupideces que pienso que pensarían estos enfermos de la lengua propia.

 

 

 

La última proviene del informe DAFO. De salida, los informes DAFO son instrumentos de marketing, aplicables a cualquier sector empresarial, para optimizar recursos y objetivos, pero la novedad aquí es que se aplicará en favor de los fines perseguidos por el nacionalismo para conseguir una limpieza lingüística en nuestros centros de enseñanza.

 

 

 

Cuatro conceptos completan el diagnóstico de cualquier informe DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. En cada una de ellas se señalan los puntos que impiden o fortalecen una optimización de recursos. Conocerlos y señalarlos es el primer paso para resolverlos con eficacia, en pos del fin perseguido. Pues bien, en el apartado de Amenazas, entre los puntos señalados por los técnicos, contratados por el Departamento de Educación de la Generalitat, y entregados a los directores para operar a partir de ellos está el "entorn fortament castellà-parlant".

 

 

 

Es decir, para estos planificadores de la educación en Cataluña, los castallanohablantes son una amenaza para la eficacia del sistema educativo. ¿Cómo pueden hablar de democracia, cohesión social, interculturalidad, bilingüismo…? ¡Cuánto filibustero! Son capaces de montar el Forum de las Culturas y traer a miles de personas del Tercer Mundo para demostrar su solidaridad, pero son incapaces de ofrecer un mínimo de tolerancia a quienes viven junto a ellos.

 

 

 

¡Cuánta penitencia estética para pagar tanta culpabilidad!

 

 

 

Por Antonio Robles

 

 

Libertad Digital, suplemento Ideas, 3 de mayo de 2006 

 

 

La hegemonía intelectual de la izquierda progresista

Una tipología elemental de lo que se entiende por izquierda progresista se apoya en cuatro o cinco rasgos fundamentales.

1. - La creencia de una existencia en sí de la igualdad humana, cuando los seres humanos sólo somos iguales en dignidad, pero en sí mismos diferentes unos de otros.

2. - La igualdad humana acompañada del rechazo a toda distinción de clase, género o raza.

3. - Hostilidad a todo lo que confiere poder desde el mundo económico, llámese empresas, negocios o mercado.

4. - Desprecio a los sentimientos patrióticos y a todo aquello que huela a militarismo u orden cerrado.

5. - Buena disposición a creer en la buena fe de todos aquellos que hablan de lucha y de liberación.

6. - Sentimiento de culpabilidad por el pasado de su país si ha intervenido en guerras de conquista o colonización.

En definitiva, el intelectual de izquierda progresista tiende a repudiar el mismo orden social que le permite tiempo libre para estudiar, pensar, enseñar e incitar al cambio.

La paradoja de nuestros días es que por primera vez en la historia existe una hegemonía cultural del progresismo a escala completa, en las universidades, academias, colegios, iglesias, prensa y televisión. Pero al mismo tiempo el proletariado industrial ha desaparecido, dejando de formar parte del imaginario colectivo y la opinión popular se aleja más y más de las ideas denominadas "progresistas".

El fracaso mundial de la socialdemocracia en el poder ha hecho que este pase a manos de los ejecutores de políticas liberales en casi todo el mundo.

La hegemonía intelectual de la izquierda progresista se da en todo el ámbito de la cultura y en la creación de la opinión pública, pero el manejo de los hechos políticos y económicos está en manos de los ejecutores liberales.

El intelectual progresista a través de una hermenéutica de la sospecha siente la persecución obsesiva del poder y de la opresión del discurso tradicional, pues éste se maneja a través de la balanza equilibrada entre orden y libertad o autoridad y espontaneidad popular.

Pero, ¿cómo funciona esta hegemonía? Como un grupo de interés unido por la ideología dominante de la igualdad, que se asegura un cargo rentado en una actividad de servicios respaldada por el Estado.

El intelectual progresista de izquierda adquiere de por vida una renta estable como garantía contra el desastre social.

El obtener una renta por actividades cuyos riesgos no caen sobre sus hombros, hace que su principal preocupación sea conseguir nuevos fondos para alimentar el grupo de interés para asegurar a cada uno de sus miembros la permanencia en el cargo.

¿Cómo reacciona ante la crítica o la disidencia interna? Con el complot del silencio, sostenía Arturo Jaureche. A lo que habría que agregar: Con la demonización y la denuncia de incompetencia intelectual de aquel que piensa distinto.

La crítica a lo políticamente correcto encarnado por el progresismo paga un precio costoso. Criticarlo, sea al enquistado en las universidades como al de las Iglesias, la prensa o la televisión es perder prestigio intelectual por carecer del reconocimiento de los pares que en su mayoría guardan silencio ante el disidente.

La ideología igualitaria es tranquilizadora, se instala y se extiende suavemente en los ámbitos comentados, pero tiene un grave inconveniente la amenaza que representa el talento y la excelencia humana. El músico Salieri al no poder ser más que Mozart, le reclama al crucifijo antes de echarlo al fuego: "Tu me distes la vocación pero no los talentos". Este es el gran drama de la izquierda progresista, la esterilidad en la producción de sentido y en el orden de la investigación. La Universidad de Buenos Aires bajo el rectorado del judeo-argentino Oscar Schuberoff en estos últimos 16 años es el más claro ejemplo de lo que queremos decir: Raleó a los pocos profesores talentosos y no permitió el acceso a ningún sapiente. Hoy el descrédito internacional de la UBA está generalizado.

En el fondo es un ataque sostenido al concepto de mérito y aunque postula apoyar los estándares generales de educación y cultura, lentamente los socava. Porque no cree en la importancia de ningún criterio universal, salvo el de la igualdad de los hombres, es por ello que rechaza viceralmente la larga tradición del pensamiento tradicional que hunde sus raíces en la filosofía griega, la religión católica y el derecho romano.

Este pensamiento tradicional tan íntimamente vinculado a la vida de los pueblos occidentales y especialmente a los iberoamericanos se le torna incomprensible al intelectual progresista de izquierda, porque en las elecciones no cuenta nunca con los votos y jamás sintió el placer de participar de sus fiestas.

La ideología igualitaria lo lleva, irremediablemente, al resentimiento en la moral que tan magistralmente caracterizara el filósofo Max Scheler(1875-1928) "Propio del resentimiento es la falsificación de los valores pues como no puede ver con alegría valores superiores,(los talentos en el genio, las virtudes en el santo y las proezas en el héroe) oculta su verdadera naturaleza bajo la exigencia de igualdad. En realidad lo que quiere es la decapitación de los que poseen esos valores superiores que le indignan". (op.cit.p.188).  

Alberto Buela

 

Altar Mayor, Nº 85 – febrero-abril de 2003

Conservadurismo, rule of law y defensa de las libertades

En la defensa de los principios conservadores frente al activismo judicial y el uso alternativo del Derecho, la batalla de la cultura jurídica ha sido clave. También aquí el movimiento conservador norteamericano ha plantado cara a la hegemonía de la izquierda, consiguiendo importantes éxitos. Otro ejemplo de tenacidad y lealtad a las propias convicciones.

Una de las características del sistema jurídico anglosajón es la creación judicial del Derecho. Más que la legislación, en EE.UU. son los precedentes los que van creando el ordenamiento jurídico, especialmente cuando son confirmados por el Tribunal Supremo. Esto ha determinado que los Tribunales federales, especialmente el Tribunal Supremo, hayan adquirido una importancia política capital, de modo que –como expliqué en el artículo de 10 de marzo de 2006- con el tiempo los Tribunales norteamericanos se han convertido en el foro de la moral y política en general, de la cultura  en sentido amplio.

Esto ha sido aprovechado por los activistas progresistas, quienes han recurrido a lo que se ha llamado “la seducción política del Derecho”. A su favor han tenido el hecho de que la práctica totalidad de las Facultades de Derecho están considerablemente orientadas a la izquierda, de modo que los juristas de élite han decidido legislar sin pasar por el proceso político. Bien desde la cátedra (divulgando la concepción de la Constitución como un “documento vivo”, cuyo significado varía con el tiempo y cuya determinación corresponde a los jueces) o desde el estrado (“descubriendo” en el texto constitucional nuevos “derechos” –considerando como tales lo que el americano común considera comportamientos erróneos-), la izquierda norteamericana ha conseguido imponer su agenda: aborto, discriminación positiva, matrimonio entre personas del mismo sexo, limitación de la libertad de expresión de los grupos religiosos, etc.

Precisamente el sistema de common law anglosajón ha favorecido esta utilización ideológica del sistema judicial. Grupos bien organizados, entre los que destaca la American Civil Liberties Union (ACLU), se han dedicado a litigar para conseguir precedentes judiciales que conllevaran el “descubrimiento” de esos nuevos derechos, incluso mediante el recurso a la construcción artificial de casos. Quizá el más famosos de ellos, hasta el punto de haberse convertido en un punto clave de la política norteamericana de los últimos 40 años, es el de Roe v. Wade, que concluyó en 1973 con la decisión del Tribunal Supremo de considerar el aborto un derecho constitucional de la mujer. Caso paradigmático no sólo porque el aborto y la defensa de la vida constituyen uno de los elementos que explican los cambios electorales de gran parte de los antiguos nichos de votos del partido demócrata, sino porque es un ejemplo perfecto de la orquestación de casos judiciales para conseguir una meta política. Así lo ha dicho la propia mujer cuyo “derecho a abortar” confirmó el Tribunal Supremo en 1973 (después de que naciera su hijo, por cierto).

Ante esta situación, ¿cuál ha sido la respuesta desde el campo conservador?

Por un lado, a partir de los años 70 se dedicaron a fundar despachos de abogados freedom-based de interés público sin ánimo de lucro, como respuesta al activismo ideológico de los tribunales federales y a la creciente influencia política de los grupos similares de la izquierda. Estos despachos plantaron batalla en el frente judicial, en defensa de la libertad de enseñanza, la libertad religiosa y la igualdad ante la ley (en contra de la discriminación positiva, que da trato preferencial a los ciudadanos en función de su raza). A título de ejemplo puede mencionarse cómo, de este modo, en 1973 (año de Roe v. Wade), nació la Pacific Legal Foundation,para defender la libertad en el orden, según los principios de la tradición jurídica anglosajona (imperio del Derecho, gobierno limitado, etc.).

Conforme han ido adquiriendo más importancia los temas religiosos (o incluso meramente referentes al modelo de hombre y sociedad), nuevos actores se han sumado a esta estrategia judicial. Así, en 1990 nació el American Center for Law and Justice (cuyo presidente, Jay Sekulow, ha sido una figura clave en la estrategia de confirmación de jueces propuestos por el Presidente Bush, especialmente John Roberts y Samuel Alito), y en 1999 el Thomas More Law Center.

Pero más allá de la batalla jurídica, volvieron a aplicar uno de los axiomas más verdaderos del movimiento conservador Americano en los últimos 50 años: las ideas tienen consecuencias. Por tanto, al tiempo que trabajaban en las consecuencias, decidieron atajar las causas de las mismas. Es decir, plantearon la batalla de la cultura jurídica, empleando para ello el llamado “originalismo”. Es decir, en lugar del uso alternativo del Derecho, los juristas deben interpretar las normas (especialmente la Constitución) en su sentido original. El nombramiento de Edwin Meese III como Fiscal General en la primera administración Reagan fue decisivo para la consolidación de esta corriente. Una de las ideas fuerzas que Meese ha aportado al debate constitucional norteamericano es que la Constitución no limita únicamente los poderes ejecutivo y legislativo, sino también el judicial. Los jueces, por tanto, no tienen legitimidad para imponer sus preferencias políticas como Derecho.

Pero como decía anteriormente, la mayoría de las facultades de Derecho están tomadas por la izquierda. Lejos de arredrarse, los conservadores decidieron fundar sus propias Facultades de Derecho, como la Ave Maria School of Law (católica) o la Regent University School of Law. Hay que señalar que el mundo académico norteamericano ha tenido que reconocer la seriedad y excelencia de estas iniciativas (en el último torneo universitario de estudiantes de derecho –moot court competition- el mejor de 150 equipos provenía precisamente de Regent).

Esta estrategia ya está dando frutos, y poco a poco también en el mundo jurídico van avanzando las posiciones conservadoras. Lo que hace 20 años era impensable ha sucedido. Más de 100 profesores de Derecho han colaborado en los Comentarios a la Constitución americana publicados por la Heritage Foundation, bajo la dirección del propio Edwin Meese III. Y entre estos más de 100 profesores figuran en pie de igualdad –junto a juristas de las más prestigiosas Universidades del país, como Harvard, Berkley o Columbia- profesores de Ave Maria o Regent.

Todos los analistas coinciden en que sin este trabajo cultural, nombramientos como los de Roberts y Alito para el Supremo (y tantos otros en tribunales inferiores) no hubieran sido posibles.

Una vez más, la experiencia americana demuestra que el coraje, el trabajo a largo plazo y, sobre todo, la fidelidad a los principios, son garantías de éxito para la derecha. ¿Vimos algo semejante en la reciente Convención Popular?

 

Publicado en American Review por Pablo Nuevo López
American Review, 20-04-2006