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Políticamente... conservador

Católicos en la política: ¿Hasta dónde es posible el compromiso?

Leyendo la Instrucción Pastoral de los Obispos españoles “Teología y secularización en España. A los cuarenta años de clausura del Concilio Vaticano II”, me encuentro, casi al final del documento, con estas palabras: “Quienes reivindican su condición de cristianos actuando en el orden político y social con propuestas que contradicen expresamente la enseñanza evangélica, custodiada y transmitida por la Iglesia, son causa grave de escándalo y se sitúan fuera de la comunión eclesial” (n. 65).


El texto remite, a pie de página, a la “Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política”, de 24.11.2002, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En esta “Nota” se recuerda que cuando “la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad”. Es el caso, entre otros, que se plantea a la hora de salvaguardar “la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad”.

En temas de este calado, no cabe, según se deduce de estas declaraciones, ni la ambigüedad ni el compromiso, sino que se impone, como una obligación de la propia conciencia rectamente formada, la coherencia. Aunque cueste. Aunque salga caro. Aunque no sea rentable. Y nadie puede descalificar la necesidad de que todos, también los políticos, intenten ser coherentes con los dictados de su conciencia.

No es utópico pensar que la conciencia de un cristiano, o la de un hombre de bien, pueda chocar con una disposición legal positiva. La historia está sembrada de casos de ese tipo. Baste recordar a figuras como Tomás Moro o, más recientemente, al Rey de los Belgas, Balduino I.

Pero, a veces, el conflicto, más que inevitable, es buscado, o al menos no evitado, cuando fácilmente podía serlo. Será muy raro, por poner un ejemplo, que en un Ayuntamiento no se encuentre un concejal que se preste a asistir a un “matrimonio” de dos personas del mismo sexo. Lo que sí resulta paradójico es que, si en esa Corporación Municipal hay algún cristiano, sea precisamente él el que se ofrezca voluntariamente a celebrar el “enlace”.

Es evidente que la conciencia personal de ese representante político ha de ser respetada y podemos pensar que tendrá sus razones para actuar como actúa. Lo que ya resulta más dudoso es que a esa persona la veamos “repicando y en la procesión”. O comulgando un día, como un católico devoto, y al día siguiente obrando como un católico que sea coherente con lo que la Iglesia enseña no puede nunca obrar.

La Iglesia no puede imponer nada a los políticos, pero sí puede recordarles, a todos, la necesidad de la coherencia. Y si son católicos, puede pedirles que, si desean seguir siéndolo, no traicionen públicamente, con el consiguiente posible escándalo, los preceptos de su fe. Difícil tarea y ardua responsabilidad para pastores y fieles. Difícil, pero necesaria y urgente.


Guillermo Juan Morado (Doctor en Teología).

Análisis Digital, 4 de agosto de 2006

Arabia Saudí busca colegios privados en España para convertirlos en escuelas islámicas

Arabia Saudí busca colegios privados en España para convertirlos en escuelas islámicas

Los multimillonarios jeques de Arabia Saudí, que desde hace décadas financian la construcción de mezquitas en todo el mundo, intentan ahora adquirir en España algunos colegios para convertirlos en centros de enseñanza islámica.

Según revela J. Pagola en ABC, la operación se efectúa a través de la Embajada Saudí, que tras fracasar en su intento de adquirir en Madrid el edificio que albergaba un colegio de las Madres Mercedarias, mantienen ahora negociaciones con los propietarios de una escuela, situada cerca d ela mezquita de la M-30, donde ahora dan clase religiosas de la Merced.

En España hay más de 600.000 musulmanes y aunque abundan los lugares de culto islámicos -tanto oficiales como clandestinos- apenas hay escuelas en las que se enseñe a los niños aplicando las estrictas normas del Corán y la Sharia.

La Comisión de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia calcula -a lo bajo- que existen entre 200 y 400 lugares de oración en nuestro país, pero no todo son las tradicionales grandes mezquitas.

Además de vistosos edificios como los de la M-30 en Madrid, Ceuta, Melilla o Marbella, existen multitud de espacios en los que los musulmanes se juntan para relacionarse, estudiar y rezar (practicar el Salat).

Esos lugares en los que se reúnen son clave en el desarrollo de la cultura islámica, al margen de los centros o mezquitas "oficiales".

Desde allí también se da cobertura a los inmigrantes recién llegados y se satisfacen las necesidades de educación coránica y de lengua árabe que no están cubiertas por la enseñanza pública, según dicen los propios musulmanes (pese al Acuerdos de cooperación del Estado español, con la comisión islámica de España que existe desde 1992 y que garantizan el derecho a recibir las enseñanzas de religiones minoritarias).

Periodista Digital, 30 de julio de 2006

Israel tiene una guerra que ganar

Israel tiene una guerra que ganar

Un importante filósofo israelí aludía algunos años atrás a sus paisanos como "un pueblo cansado, confuso y sin dirección". Antes de convertirse en primer ministro, Ehud Olmert pronunciaba públicamente estas extraordinarias palabras: "estamos cansados de luchar, estamos cansados de ser valientes, estamos cansados de ganar, estamos cansados de derrotar a nuestros enemigos". En ese desmoralizado espíritu, el estado de Israel se retiró dos veces en cinco años bajo fuego, procedente del Líbano y procedente de Gaza - y hoy, como consecuencia, está librando guerras en esos mismos lugares.

Miembros individuales del congreso han destacado este problema; sugiero que la rama ejecutiva tome a Olmert al pie de la letra y anime a este fatigado pero excepcionalmente cercano aliado. Incluso si Israel puede defenderse muy capazmente (como han confirmado los sucesos recientes), carece de voluntad para hacer los esfuerzos prolongados para derrotar a sus enemigos. Y los enemigos de Israel - Hamas, Hezbolá, Irán - son también los enemigos de América.

Sobre esta premisa, sugiero que la administración haga las siguientes peticiones a Jerusalén, con el fin de proteger los intereses americanos. Específicamente:

· No involucrarse en intercambios con grupos terroristas, como el intercambio en el 2004 de un civil israelí con antecedentes y los restos de tres soldados a cambio de 429 terroristas y criminales vivos. Esto devuelve a los terroristas al campo de batalla al tiempo que anima secuestros adicionales.

· No permitir a Hezbolá la adquisición de miles de misiles katyusha procedentes de Irán y su despliegue en el sur del Líbano. El presente arsenal, estimado en casi 12.000 katyushas, no sólo amenaza todo el norte de Israel, como han demostrado los últimos días, proporciona a Irán una amenaza estratégica con implicaciones para toda la región.

· No permitir que las armas alcancen a los terroristas de la organización Fatah, como sucedía recientemente según el Jerusalem Post, cuando alrededor de 3000 rifles americanos y millones de repuestos de munición eran entregados con la desencaminada ambición de ayudar a una facción palestina a derrotar a la otra por puntos.

· No entregar el West Bank a los terroristas de Hamas. Esto pone en peligro los intereses norteamericanos en muchos modos, sobre todo porque amenaza al gobierno hachemita de Jordania.

Israel tiene un papel significativo en la guerra contra el terror liderada por Estados Unidos. Puede defenderse mejor y ayudar a su aliado norteamericano no aspirando a acuerdos con enemigos intratables, sino convenciéndoles de que Israel es permanente e imbatible. Este objetivo no exige violencia periódica, sino esfuerzos sistemáticos y constantes para cambiar la mentalidad regional. Por tanto, los legisladores norteamericanos deberían sugerir a Olmert que no vea la presente lucha como excepción momentánea a la diplomacia, sino como conflicto a largo plazo.

Con el ascenso de un Irán agresivo y quizá armado nuclearmente pronto, el mapa estratégico de Oriente Medio se encuentra al borde del cambio fundamental. Esta amenaza por excelencia debería proporcionar el contexto a toda decisión israelí en adelante -- ya sea retomar territorio en Gaza, en qué poner las miras en el Líbano o si lanzar acciones militares contra Siria.

Paradójicamente, los sucesos de las últimas semanas traen buenas noticias: muchos habitantes de Oriente Medio temen las ambiciones iraníes, no solamente los israelíes. Los temores con respecto a Irán animaron al reino Saudí a coger el testigo de la condena a los ataques por parte de Hamas y Hezbolá contra Israel como "aventuras apresuradas". Como ha documentado Jaled Abú Tomaeh, del Jerusalem Post, los contraataques de Israel han provocado "una coalición anti-Hezbolá". Parece que las políticas israelíes influenciaron enormemente la evolución de esta fuerza en ciernes.

Mientras los árabes se preocupan más de los islamistas iraníes que de los sionistas israelíes, se presenta el momento de la oportunidad. La coordinación cercana entre Washington y Jerusalén es necesaria, incluyendo recordatorios puntuales a los israelíes de que tienen una guerra que ganar.

Daniel Pipes

Colaboraciones nº 1126 | 2 de Agosto de 2006

Grupo de Estudios Estratégicos (GEES).

http://www.gees.org/

La derecha ante el Frente Popular

La derecha ante el Frente Popular

Una leyenda profusamente difundida pretende que, desde las mismas elecciones del Frente Popular, la derecha, particularmente Gil-Robles y Franco, intentaron el golpe de estado contra ellas. Así, no habrían actuado de modo distinto de Azaña y demás republicanos cuando perdieron las elecciones de 1933.

Sin embargo, la realidad es muy otra, aun dejando de lado el hecho de que las elecciones del 33 fueron democráticas, mientras que las del 36 en ningún país se considerarían como tales. En la misma noche electoral, y a la mañana siguiente, Gil-Robles y Franco presionaron a Portela Valladares, jefe del Gobierno, y a otras autoridades para que declarasen el estado de guerra. El objetivo no era propiciar un golpe de estado, sino impedir que las turbas continuasen adueñándose de las calles y de los propios colegios electorales, ante la defección de las autoridades. De hecho, Alcalá-Zamora firmó para Portela tanto el estado de guerra como el de alarma, si bien recomendó no usar el primero en la medida de lo posible, criterio que siguió Portela. Y así el estado de alarma, que traía consigo la censura de prensa y otras restricciones a los derechos ciudadanos, permanecería en vigor hasta la reanudación de la guerra, en julio.

Consumada la imposición del Frente Popular, la CEDA reconoció el resultado de las elecciones, lo que han invocado charlatanes tipo H. Southworth para demostrar la legalidad y normalidad de las mismas. Ese reconocimiento, pese a las evidentes y graves anormalidades de los comicios, podía testimoniar, una vez más, el talante moderado y legalista de la CEDA, capaz de aceptar la alternancia política.

Pero su aceptación obedeció a sentimientos menos loables: el pánico. Habían ganado los mismos rebeldes del 34, jactanciosos de su hazaña y que habían amenazado en su propaganda electoral con exterminar a la derecha. Ésta, desde la CEDA a la Falange, procuró no "provocar" a los eufóricos y agresivos ganadores, y se aferró a Azaña como última esperanza frente al renovado impulso revolucionario. Pues no parecía imaginable que Azaña, un burgués, fuera a seguir la ruta de sus amigos revolucionarios, los cuales pensaban prescindir cuanto antes de la burguesía, aunque fuera la progresista.

La CEDA mantenía posibilidades de presión, pues mientras no se reunieran las Cortes, a mediados de marzo, seguía siendo mayoritaria en la Diputación Permanente. Pero renunció a cualquier oposición, aprobando el 21 de febrero la amnistía impuesta por las turbas en la calle; también aprobó el restablecimiento de la autonomía catalana, suspendida desde 1934 y asimismo repuesta por Companys y los suyos, para enfado de Azaña, sin esperar el trámite legal de la reunión de Cortes.

Con la misma mansedumbre, la derecha aceptó la readmisión de los empleados despedidos por huelgas políticas o por la sublevación de octubre del 34, pagándoles además una indemnización, de hasta seis meses de paga, que ponía a muchas empresas al borde de la quiebra y les obligaba a despedir, además, a empleados que habían respetado la ley.

En sus diarios y cartas a su cuñado Rivas Cherif, Azaña se jactaba de haberse convertido en un "ídolo nacional", un "ídolo de las derechas", las cuales "sienten estupor ante nuestro triunfo y respeto ante nuestra autoridad". Y se recreaba, con desprecio: "¿Causa profunda de todo esto? El miedo. Te divertirías mucho si estuvieras aquí".

Ese miedo le daba gran satisfacción. A Gil-Robles, comenta, "la Pasionaria le ha cubierto de insultos. No sabe dónde meterse, del miedo que tiene". "Tienen un miedo horrible. Ahora quieren pacificar, para que las gentes irritadas se calmen y no les hagan pupa". Él mismo no ahorraba desplantes a los banqueros y empresarios, o a quienes, como Batet, habían salvado la República en Barcelona, en octubre de 1934; o se complacía en el arresto de López Ochoa, defensor de la República en Asturias en la misma ocasión: "Ya hay otro generalote preso".

También el líder de la Falange, José Antonio, ordenó a los suyos discreción, "evitar todo incidente" e impedir "actitud alguna de hostilidad hacia el nuevo Gobierno o de solidaridad con las fuerzas derechistas derrotadas". De nada iba a valerles. Enseguida, el 27 de febrero, el Gobierno clausuró centros falangistas, y unos días después cerró su periódico, Arriba, mientras recomenzaban, como en 1934, los atentados mortales contra jóvenes del partido. Acosada, la Falange comenzó a replicar, también como en 1934, con otros atentados, empezando con uno fallido, el 12 de marzo, contra Jiménez de Asúa.

Al revés de lo que ocurría en los actos de terrorismo contrarios, la pesada mano del poder se descargó entonces, sin prestar mucha atención a las normas legales. Fue prohibido el partido, cerrados todos sus centros, encarcelada casi toda su directiva, incluido José Antonio, y detenidos otros muchos militantes. Sin embargo, bastantes jóvenes derechistas, cansados o indignados con la actitud sumisa de la CEDA, acudieron a nutrir las filas de la Falange.

A continuación, el Gobierno y las izquierdas asestaron un golpe devastador a la CEDA, reduciendo fraudulentamente, entre injurias, la presencia parlamentaria de la derecha moderada (le arrebataron 37 escaños). En protesta, la CEDA se retiró de las Cortes, a finales de marzo, bajo una tormenta de denuestos y amenazas de ser tratada como "golpista". Pocos días más tarde volvió, humillada.

A las quejas por las constantes violencias, Azaña replicó, el 3 de abril: "Dejemos llegar a nuestro ánimo el sentimiento de la misericordia y de la piedad. ¿Es que se puede pedir a las muchedumbres irritadas o maltratadas, a las muchedumbres hambreadas durante dos años, que tengan la virtud que otros tenemos de que no trasparezcan en nuestras conductas los agravios de que guardamos exquisita memoria?".

Azaña falseaba los hechos: había sido durante su anterior Gobierno, en el primer bienio, cuando el hambre había alcanzado sus mayores cotas, que resurgían aceleradamente con el Frente Popular. Pero, sobre todo, su peculiar "misericordia y piedad" legalizaba el crimen. Escribiría Lerroux: "¿Maltratadas? ¿Agraviadas? Se habían rebelado, habían sido vencidas, fueron juzgadas y sentenciadas. ¿Qué otra cosa hizo Azaña con el general Sanjurjo y sus compañeros sublevados en agosto de 1932?". Además, Azaña había aplicado una represión feroz, como también señala Lerroux: "Nosotros no deportamos a sus jefes a los desiertos africanos, ni aplicamos la ley de fugas a sus obreros maniatados, ni exterminamos a sus campesinos rebeldes como en Casas Viejas".

El deprimido Gil-Robles se alejó por unas semanas de la primera fila de la política, adquiriendo protagonismo el más enérgico Calvo Sotelo, monárquico y partidario de acabar con una república a la que consideraba antesala de la revolución. Calvo centró su actividad en la denuncia de la oleada de crímenes y disturbios que se habían adueñado de la sociedad española, procurando que el Gobierno cumpliese e hiciese cumplir la ley, con lo cual lo legitimaba. Sin embargo, pospuso el tratamiento de las denuncias derechistas hasta después de cumplir dos designios fundamentales: asegurarse una mayoría aplastante en las Cortes y destituir al presidente de la República, obstáculos legales a su completa dominación.

Una vez logrados esos objetivos, la cuestión del orden público se trató los días 15 y 16 de abril, en simultaneidad con la primera manifestación masiva de protesta a la que se atrevían las derechas, y que fue atacada a tiros por las izquierdas, causando numerosos muertos. Calvo Sotelo habló en las Cortes, entre burlas y amenazas de "arrastrarlo" a él y a otros dirigentes derechistas, especialmente por parte de la Pasionaria y de Margarita Nelken. También Gil-Robles recibió amenazas de muerte por parte del jefe comunista José Díaz y por la Pasionaria.

Calvo dio los datos, muy graves y probablemente incompletos a causa de la censura, de los muertos, asaltos e incendios en sólo un mes y medio. Azaña, pese a la timorata, más que moderada, actuación de la derecha, le espetó: "¿No queríais violencia? ¿No os molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tomad violencia. Ateneos a las consecuencias". Con estas frases renunciaba, sencillamente, a toda pretensión de legitimidad para el Frente Popular.

Dos meses más tarde, el 18 de junio, con una situación muy empeorada, las derechas presentaron una proposición no de ley para intentar que el Gobierno cumpliera sus obligaciones –lo que, por otra parte, lo habría legitimado–: "Las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España". Entre amenazas e insultos gravísimos, una vez más, Gil-Robles dio nuevos datos: 269 muertos y 1.267 heridos en sólo cuatro meses, innumerables incendios de iglesias y centros políticos derechistas, huelgas constantes y a menudo violentas, etc. Denunció la llamada "republicanización de la justicia", es decir, la supeditación de ésta al Frente Popular.

Calvo Sotelo, por su parte, citó frases revolucionarias de Largo Caballero, el Lenin español, a quien estaba unido el Gobierno por un "cordón umbilical". El Ejército no podía adoptar una actitud subversiva, pero "sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjese". Casares Quiroga, el jefe de Gobierno tras haber subido Azaña a la presidencia de la República, pintó un panorama social casi idílico, y amenazó a Calvo con hacerle responsable de cuanto pudiera ocurrir. Calvo replicó con sus famosas palabras:

"Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para el bien de mi patria. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: 'Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis'. Y es preferible morir con honra a vivir con vilipendio".

Concluyó previniendo a Casares contra la eventualidad de convertirse en un Kérenski o un Karoli, que habían abierto el paso al comunismo en Rusia y Hungría, respectivamente.

Mientras tanto, iba tomando cierta consistencia la conspiración militar dirigida por Mola, de la que hablaremos luego.

Pío Moa

Libertad Digital, suplemento Libros, 28 de julio de 2006

La estrategia de Hizboláh; combatientes y civiles

La estrategia de Hizboláh; combatientes y civiles

La estrategia de Hizboláh; combatientes y civiles

La distinción entre combatientes y no-combatientes parece saltar por los aires cuando las milicias chiíes disparan sobre los israelíes desde hospitales, mezquitas y escuelas; aquellos sitios que precisamente el Derecho de Guerra trataba de salvaguardar a toda costa. Cuando uno de los dos bandos busca que la figura del que lucha se confunda con la del que no lucha, cualquier convención parece quedar en papel mojado, y el Derecho de Guerra se convierte en instrumento contra el propio Derecho de Guerra.

Acerca de combatientes y no-combatientes

En el siglo pasado, el Derecho de Guerra primero, y el Derecho Internacional Humanitario después, se basaron en la distinción entre combatiente y no-combatiente, y crearon unos protocolos de comportamiento para tiempo de guerra; hoy expertos analistas e indignados columnistas apelan a ella para estudiar unos y denunciar otros, las operaciones israelíes en Gaza y Líbano. Pero una vez más, la falta de rigor y la obsesión ideológica convierten cualquier debate en estéril o imposible, y las nociones de combatiente y no-combatiente adquieren el carácter que más interesa al tertuliano de turno o al analista de salón.

A partir de 1889, las convenciones de La Haya y Ginebra fueron un intento de dar contenido a ambas expresiones. El derecho de guerra, heredero de años de brutales confrontaciones entre europeos, señala la distinción entre combatientes y no-combatientes, así como los derechos y obligaciones de ambos. Los Estados, susceptibles de chocar militarmente, fijaban unas reglas para hacer la guerra más humana. Pero más allá de lo plasmado en las distintas convenciones, puede subrayarse cómo la distinción combatiente-no combatiente es más primaria que todo eso, y responde a la pregunta por la naturaleza misma de la guerra.

Puesto que la guerra es duelo, choque violento entre dos voluntades enfrentadas, la primera pregunta debe ser acerca de quién se enfrenta, de quién es sujeto de guerra; no todo el mundo lo hace, por múltiples razones, desde religiosas hasta físicas, y ello exige distinguir entre quienes participan en las hostilidades y los que no. Aún en el caso de la guerra total, distinguir contra quien se lucha, sean unidades militares, milicias populares o caballeros en campo abierto, parece la pregunta inicial, necesidad ontológica antes que estratégica. A la pregunta ¿quién es el enemigo?, eminentemente política, sigue la pregunta acerca de quién lo representa en el campo de batalla, contra quién es necesario combatir y luchar, contra quien organizar la estrategia y la táctica.

El combatiente combate y es combatido. Pero, recuerdo de lo evidente en la época de la histeria pacifista, el no-combatiente es digno de respeto y cuidado en cuanto no participa en las hostilidades. El Derecho de Guerra y el Derecho Internacional –tan reivindicado por quienes parecen no haber leído una sola línea de él- muestran tanto los derechos como las obligaciones de los combatientes, los no-combatientes y los neutrales. Cualquier derecho u obligación que les asista depende primariamente de su adscripción real y concreta a cualquiera de estos grupos. En consecuencia, no comportarse como un no-combatiente o como un no-neutral trae consigo dejar de ser tratado como tal, y perder los derechos y deberes.

En la era de la guerra sucia, parece pertinente recordar el fundamento de cualquier derecho de guerra: es obligación del no-combatiente no participar en la lucha. Desde el momento en que participa en ella pasa a ser combatiente, independientemente de la forma o de la táctica que emplee, de que vista de uniforme, de que luche de manera emboscada o abierta. Deja de gozar de la protección de los no-combatientes, será combatido por el enemigo. De igual forma, el combatiente que por diversas razones deja de serlo, deja de ser objetivo, como reconocerán las Convenciones de Ginebra y La Haya; no son objetivo militar ni el personal civil, ni el sanitario o religioso ni los heridos o prisioneros. Éstos últimos porque ya no combaten. La distinción entre combatientes y no-combatientes no depende, en última instancia, ni del uniforme ni de la actividad política, sino del hecho primario y radical de participar en la lucha.

Consideraciones evidentes, que deben constituir el punto de partida. Después vendrán las consideraciones jurídico-legales; si el que combate lo hace en nombre de una nación a la que representa, entonces es sujeto de unos derechos y deberes fruto del reconocimiento mutuo entre unidades políticas; el soldado representa a la nación, es un enemigo público y por tanto es posible combatirle sin odiarle. Si lo hace en nombre propio y movido por intereses privados, será considerado un bandido o un criminal, y será tratado como tal; ninguna consideración propia del legítimo combatiente espera al terrorista y al criminal, que será juzgado o ajusticiado según costumbre de la comunidad que lo apresa.

Acerca de civiles y militares

Por el contrario, la distinción entre civil y militar es institucional y sociológica; diferencia a aquellos que integran las fuerzas armadas del resto de la población. Con la institucionalización de la guerra como realidad política y su asunción por parte del Estado, aquellos que estaban llamados a realizarla pasaron a ser militares. Por eso, en sentido estricto, militar es aquel que integra el Ejército, y por oposición a él, el civil es aquel que permanece al margen de las Fuerzas Armadas.

Físicamente, tal distinción queda plasmada en el uso del uniforme. éste, además de proporcionar cierta cohesión, jerarquía y distinción en el campo de batalla entre el amigo y el enemigo, tiene una función política excepcional; define quién tiene derecho al ejercicio de la violencia en nombre de la comunidad y quien no. El uniforme es así la plasmación política de la figura del combatiente legítimo, representante de la colectividad cuando las disputas dejan de ser diplomáticas para convertirse en bélicas.

La utilización del uniforme no sólo señala a quien es sujeto y objeto de la guerra, sino que, además, señala quien no lo es. Desde el momento en que la comunidad señala quiénes de los suyos combaten señala a las claras quiénes no combaten. Presenta a los militares, y al hacerlo descarta a los civiles. El militar pasa a ser el combatiente, y el civil el no-combatiente. A partir de este momento, cobran sentido las leyes de la guerra, las convenciones de Ginebra, el Derecho internacional humanitario. Sólo señalando bien a las claras quién combate con pleno derecho se puede señalar quien debe, también por derecho, quedar fuera de la violencia.

En este sentido, el Derecho de Guerra señala los límites de la violencia; la figura del combatiente legítimo limita la violencia, temporalmente en la medida en que cesa cuando el combatiente, por derrota o rendición, deja de ser combatiente; espacialmente porque en la medida en que la lucha se desarrolla allí donde los militares se presentan batalla, el resto queda al margen de las hostilidades.

Ahora bien, si esto es así, la distinción entre combatientes y no-combatientes y la distinción entre civiles y militares derivan una de otra, pero proceden de dos órdenes distintos. El primero se deriva de la naturaleza de la guerra; el segundo de la institucionalización social. Razón por la cual, la identificación entre combatiente y militar no es necesaria; y lo que es más interesante, tampoco la identificación entre no-combatiente y civil. El siglo XX muestra que se puede combatir sin ser militar y ser militar sin combatir.

Hizboláh; combatientes y civiles

Finales de julio de 2006; las televisiones españolas muestran las imágenes captadas por una aeronave israelí que sobrevuela el sur del Líbano. En la pantalla, una docena de milicianos de Hizboláh combaten entre callejuelas contra el Ejército israelí. El espectador contiene el aliento; parece una película, pero están muriendo seres humanos de verdad. En un momento dado se ven forzados a retirarse, en un desordenado repliegue. Por fin llegan a sus vehículos, en los que se montan antes de que acabe la grabación.

El espectador acostumbrado a las soflamas antiisraelíes del presentador y del redactor puede no haber prestado atención a las furgonetas de los milicianos. Si lo hubiera hecho, hubiera observado las rayas oscuras sobre fondo blanco, los dos círculos brillantes en la parte delantera del techo y los dos menores en la trasera. Ambos transportes son iguales, sospechosamente iguales y uniformes. Entonces el atento espectador da un respingo en el sillón; las furgonetas en las que se meten los milicianos de Hizboláh son ambulancias.

Organizaciones no gubernamentales, periodistas, políticos árabes se escandalizan cuando las noticias hablan de voladuras de ambulancias o camiones cargados de alimentos en la carretera a Damasco. Denuncian la extensión de los bombardeos a la población civil, a los no-combatientes. Pero sobre el terreno la cosa no parece tan clara; ¿qué ambulancia transporta a un niño herido y qué ambulancia contiene un comando de Hizboláh fuertemente armado?¿qué espacio formalmente civil es, en realidad, un centro de combatientes pro-iraníes?

Lo que está poniendo de manifiesto la guerra en Oriente Medio es que el Ejército israelí tiene en frente a unas milicias de Hizbolah que han hecho saltar definitivamente por los aires la diferencia tradicional, a la que aún se acoge Occidente como último recurso de humanidad, entre combatientes y civiles. Hizbolah en Líbano, Hamas en Gaza o al-Qaeda en Iraq tienen en común la condición de sus miembros; todos ellos son, voluntaria y declaradamente, tanto civiles como combatientes, y su estrategia consiste, de hecho, en fusionar los dos mundos.

La novedad estratégica parece consistir no sólo en convertir al combatiente en civil, sino en convertir al civil en combatiente activo. La teoría clásica de la guerra irregular había bordeado tales límites; la guerra popular de Mao Tse Tung partía de la idea del apoyo activo del pueblo, escondiendo, avituallando, informando. Después, el analfabetismo estratégico y la atracción por la violencia brutal de Ernesto Guervara dieron lugar a la aberración del “foquismo”; la provocación revolucionaria de la máxima represión posible contra la población civil, en la creencia de que ésta se convertiría en combatiente. La estrategia revolucionaria buscaba convertir a los civiles en combatientes activos contra el Estado.

Pero algo diferente parece abrirse paso en la era de las ONGs, de la CNN y de las comisiones de derechos humanos. Los grupos terroristas islamistas, como revolucionarios, utilizan a la población civil; como observadores de la historia de las democracias occidentales, lanzan a los civiles a la guerra, pero con una novedad; lo hacen de forma pasiva, como instrumento estratégico y político contra Occidente, contra Estados Unidos o Israel.

A estas alturas, más allá de la desinformación que aqueja a los medios de comunicación europeos, más prestos a reportajes sentimentales y emotivos que a informaciones objetivas sobre el terreno, parece evidente que las milicias de Hizboláh utilizan ambulancias para moverse por las calles; sitúan sus almacenes y arsenales en mezquitas y hospitales; lanzan sus mísiles desde los patios de las escuelas. Sitúan sus cuarteles generales en las zonas más densamente pobladas de las ciudades. Características todas atribuibles también a Hamas o a los grupos terroristas en Iraq; la detención de los secuestradores de la cooperante italiana Sgrena destacaron “la frialdad y complicidad de los familiares con las actividades de los detenidos” (ABC, 23-07-2006), que preparaban armas y operaciones en una casa repleta de niños jugando.

El mismo día, Estados Unidos entrega a Israel más bombas guiadas con precisión quirúrgica, en busca de evitar lo que los milicianos pro-iraníes tratan de buscar. Como su pequeña aportación estratégica, Hizboláh funde el espacio del combatiente con el del no-combatiente, ante la boca cerrada de la comunidad internacional, que invoca un Derecho de Guerra despreciado por las huestes de Nasralá.

El tradicional Derecho de Guerra parte de la convicción de que las partes enfrentadas buscan expresamente alejar la violencia de la población civil; sin embargo, en la era de las guerras sucias, grupos por todo el mundo buscan precisamente lo contrario; Sadam lo hizo; aunque no pudo esconder a sus militares entre los civiles, su búsqueda de escudos humanos llevó a lo más burgués de la izquierda europea a haraganear por Bagdad en busca de protagonismo. En Líbano hoy, la población civil ya no es el espacio que salvaguardar de las bombas; se ha convertido en el campo de batalla desde el que Hizboláh lanza sus ataques y espera atrincherado al Ejército israelí.

El uso pasivo de civiles; estrategia y política

Razones estratégicas y políticas parecen explicar este retroceso a épocas de barbarie, retroceso practicado por terroristas y milicianos por todo el mundo. Utilizar pasivamente a la población civil pudiera ser la única forma de hacerlo cuando ésta se cansa del mesianismo de Hizboláh, y al tiempo proporciona varias ventajas estratégico-políticas.

En primer lugar, dificultan que Israel tome la decisión de atacar. Los guardianes de la virtud en Europa presuponen un gusto israelí por la muerte de inocentes; lo cierto es que encaminar la acción expresamente hacia la muerte de civiles es una prerrogativa exclusiva de Hizboláh y Hamas. Quienes identifican ambas partes del conflicto olvidan lo fundamental; la intención es parte imprescindible de la acción humana, y sólo Hizboláh y Hamas tienen la intención confesa y confesada de matar a quienes ni visten uniforme ni combaten en las hostilidades. Que las bombas israelíes matan inocentes es incontestable; que sólo los grupos terroristas lo hacen intencionadamente, también.

Entrelazando las estructuras de mando y ataque con la vida civil en Líbano, Hizboláh establece una primera dificultad a Israel; la de tomar la decisión de un ataque que costará vidas humanas. Tales escrúpulos occidentales, en Beirut o Bagdad, proporcionan una ventaja estratégica a los emboscados; en una primera fase los golpes quedan impunes, los soldados secuestrados se esconden entre mujeres y niños y los misiles surgen de corrales y sótanos libaneses con la certeza de que la respuesta no será ni inmediata ni definitiva.

En segundo lugar, las operaciones militares contra las barriadas y los campos de refugiados repletos de familias chiíes se convierten automáticamente en operaciones limitadas en sus objetivos y arriesgadas en su ejecución. Escondidos en los sótanos y las plantas bajas de los pueblos del sur del Líbano, disparando bajo los dormitorios de niños inocentes, los terroristas buscan protección ante las tropas israelíes. La infantería israelí operará buscando evitar el daño a inocentes; cualquier tanquista se lo pensará dos veces antes de disparar sobre una vivienda ocupada por civiles tanto como por milicianos armados. En Gaza o en Líbano, los no-combatientes son la trinchera más efectiva para Hamás y Hizboláh.

Estrategia que rompe con las pretensiones israelíes y occidentales; ¿acaso humanizar la guerra no ha significado tratar de alejarla de la población civil? La potencia de fuego israelí queda inutilizada cuando de lo que se trata es de distinguir al adolescente palestino del terrorista que porta un cinturón bomba bajo sus ropas. La respuesta de Hizboláh y Hamás a tal dilema parece evidente; pocos escrúpulos tienen los terroristas ante la duda. Pero Israel ni puede ni quiere actuar de manera semejante, no sin renunciar a su espíritu democrático ni a su prestigio internacional. Entre la necesidad de acabar con la infraestructura de Hizboláh, que parasita la vida civil libanesa, y el imperativo supremo de no dañar inocentes, cualquier actuación israelí satisface a muy pocos. Indudable ventaja estratégica de Hizboláh construida sobre la sangre de los suyos.

En tercer lugar, la trinchera humana no sólo proporciona un beneficio defensivo; es un arma política de primer nivel. Israel lleva cincuenta años en guerra; parece difícil doblegar a sus ciudadanos, aunque no imposible; las bombas en los cafés de Tel Aviv aún proporcionan ciertos éxitos para los terroristas. Pero más allá de eso, Hizboláh, Irán y Hamas se hacen la pregunta adecuada; ¿cuántos inocentes muertos forzarán a Europa y Estados Unidos a enfrentarse a Israel?; ¿con cuantos amenazar para tener manos libres en la carrera hacia la Bomba?¿cuántos libaneses muertos soportarán los telediarios en Israel, Alemania o Estados Unidos? Hizboláh es consciente de que los muertos libaneses son misiles dirigidos contra las mentes occidentales.

Fanáticos o iluminados, los terroristas del mundo hacen un análisis certero; Occidente es un tigre de papel. Europa se escandaliza virginalmente cuando la sangre salpica las pantallas de los televisores, y se llena la boca con la palabra “paz”, sin querer siquiera saber qué significado tiene. A su lado, Israel es el vecino molesto que recuerda que la política tiene una cara oscura llamada guerra, que la existencia de un Estado no es un derecho adquirido sin esfuerzo y que la democracia no trae, necesariamente la paz. Demasiado para una Europa que se alzó al grito de “¡No a la guerra!” en socorro de Sadam, con la convicción de que era mejor dejar matar disimuladamente al sátrapa de Bagdad antes que abrir el futuro de los iraquíes aún para matarse ante nuestros televisores.

Dos son los dogmas que se extienden por Europa; nada resulta valioso, y nada merece ser defendido. Sólo un mandamiento parecen entender los europeos; no al esfuerzo, no a la lucha, no al sufrimiento. Israel comete el crimen supremo de negar ambos dogmas; defiende su país con uñas y dientes, y acepta el esfuerzo de mantener su propia existencia cada día del año. Frente a ellos los palestinos también recuerdan una tensión que parece eterna. Tensión constante, existencia militarizada que la Europa del pacifismo y del hedonismo parece incapaz de comprender, y que se le hace insoportable.

Hizboláh y Hamas son demasiado conscientes de ello; los muertos israelíes hacen tanto daño a Israel como los muertos palestinos. Perversión histórica, los inocentes muertos en los combates, sean del bando que sean, se contabilizan en el marcador de Israel. Dando la vuelta al arte de la guerra, la muerte de los propios es un objetivo más apetecible que la muerte del enemigo. Las guerras hoy no se ganan en el campo de batalla, sino en la opinión pública occidental, y para eso hacen falta civiles muertos que endosar a Israel; una vez más, cuanto peor, mejor. Pero, a la sombra del arma nuclear iraní, ocupado en evitar su definitiva aniquilación, Israel obvia los editoriales, los titulares y las manifestaciones encabezadas por Pedro Zerolo. Y este es el mayor crimen que Israel podría cometer ante los profetas del nuevo milenio, los del pensamiento único.

¿Entierro del espíritu de Ginebra?

Hoy, sesudos analistas especulan sobre los objetivos de los israelíes en el Líbano. Los titulares se llenan de referencias a la población civil, a los combatientes, a los no-combatientes, en una espiral de inexactitudes y abstracciones que se acercan cada vez más al moralismo irreal. Se relacionan vertiginosamente Guantánamo, Líbano, los vuelos de la CIA, el precio del petróleo. Todo ello aderezado con la reivindicación constante del Derecho de Guerra.

Las Convenciones de Ginebra y La Haya fueron fruto de la convicción común de que era necesario alejar la guerra de la población civil. Reconociendo la hostilidad como parte de la política, las naciones reconocieron una necesidad común a todas ellas, superior a cualquier litigio que llevara al conflicto. Hoy, en el siglo inaugurado por el 11S, Occidente es heredero de un derecho de guerra al que no puede ni quiere renunciar y aplica unas categorías jurídicas y legales a quienes nada quieren saber de él.

La distinción entre combatientes y no-combatientes parece saltar por los aires cuando las milicias chiíes disparan sobre los israelíes desde hospitales, mezquitas y escuelas; aquellos sitios que precisamente el Derecho de Guerra trataba de salvaguardar a toda costa. Cuando uno de los dos bandos busca que la figura del que lucha se confunda con la del que no lucha, cualquier convención parece quedar en papel mojado, y el Derecho de Guerra se convierte en instrumento contra el propio Derecho de Guerra.

El papel del civil se desdibuja definitivamente cuando el padre de familia chií observa impasible cómo desde la planta baja de su casa los milicianos de Hizboláh lanzan sus misiles contra las tropas israelíes. Se rompe cuando el bunker de Nasralá se construye en un populoso barrio de Beirut, junto a la mezquita o al hospital, fundiendo combatientes y no-combatientes en un mismo espacio. La figura del civil tiene sentido cuando existe un combatiente legítimo que proyecta pero también atrae sobre sí la violencia del enemigo, alejándola de los demás. Aquí ocurre exactamente al revés.

Las clásicas leyes de la guerra, a las que pese a todo aún se acogen Israel en Líbano o Estados Unidos y Reino Unido en Iraq, sólo tienen sentido en la medida en que ambas partes tengan la finalidad común de salvaguardar a la población civil de los desastres de la guerra. Cuando una de las partes busca expresamente lo contrario, convertir la población civil en el campo de batalla desde el que vencer y desmoralizar a la otra parte, convierte al Derecho de guerra en arma de quienes no lo reconocen contra quienes sí lo hacen. Así, sólo parece cuestión de tiempo que las leyes que tanto tiempo costó edificar para humanizar la guerra salten por los aires. Hoy comprobamos que sólo el ideal universalista de Occidente impide que miles de personas, tras las que se atrinchera Hizboláh, reciban el mismo trato que éstos ofrecen a sus enemigos; pero también hoy observamos que ello comienza a resquebrajarse.

GEES

Apuntes nº 35 | 31 de Julio de 2006

La Federación Ibérica de Telespectadores y Radioyentes y la contraprogramación.

Desde la Federación Ibérica de Telespectadores y Radioyentes (FIATYR), deseamos hacer llegar a la opinión pública, nuestro rechazo más contundente a la flexibilización de la normativa que obligaba a las cadenas de televisión a anunciar las programaciones con once días de antelación (la adaptación de la directiva más permisiva de Europa).

La nueva disposición (tres días), supone en la práctica, legalizar la contraprogramación, con el consiguiente perjuicio para el espectador.

Las explicaciones que hemos podido escuchar de algunos responsables políticos son inadmisibles, refiriéndose a que no se cumplían los once días preceptivos. Efectivamente: somos los espectadores más desprotegidos de Europa: la normativa en ámbitos fundamentales no se cumple, ni existe ningún organismo que lo sancione en su caso, tal y como ocurre en todos los países desarrollados del mundo.

Constatamos una vez más, que se viene actuando en beneficio de las empresas multimedia y en contra de los derechos de los espectadores.

Madrid, 28 de julio de 2006.

Maribel Martínez Eder (Portavoz de FIATYR).

www.asociacionplazadelcastillo.org

La Plataforma Popular Gay se querella contra Acebes, Elorriaga y Fernandez-Díaz por “coacción a los alcaldes del PP” que ofician bodas gays

El resultado de la polémica dentro del Partido Popular se ha saldado con una querella criminal contra el secretario general del PP, Ángel Acebes, el secretario ejecutivo de comunicación, Gabriel Elorriaga, y el secretario general del Grupo Parlamentario, Jorge Fernández Díaz, por discriminación, incitación a la discriminación y coacción a los alcaldes del PP para que no cumplan una Ley en vigor, la que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo

El presidente de la Plataforma Popular Gay, Carlos Alberto Biendicho, explicó a Europa Press que se ha presentado el escrito ante el Juzgado de Guardia de León, dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por tratarse los afectados de aforados. "Están presionando a todos los alcaldes y ediles del PP para que no apliquen una normativa que, a pesar de estar recurrida ante el Tribunal Constitucional, en la actualidad está plenamente en vigor y hay que cumplir, como ya han afirmados otros líderes del PP, como Josep Piqué, Alberto Núñez Feijoo, Celia Villalobos o Manuel Lamela", advirtió.

La Plataforma presenta esta querella después de que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, oficiara el pasado sábado su primera boda entre personas del mismo sexo, al casar a dos militantes del PP.

En una entrevista en RAC1, Fernández Díaz apuntó que "muchos votantes del PP se sienten agredidos en sus convicciones y en sus sentimientos delante de determinadas iniciativas políticas".

El 'número dos' de los diputados del PP en el Congreso agregó, en referencia al mismo tema, "que un político que se presenta a elecciones tiene que tener presentes sus convicciones, sensibilidad y sentimientos de sus votantes".

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso ya había reprochado a Ruiz Gallardón su deslealtad. De hecho, el Partido Popular continúa inmerso en una polémica tras la boda entre dos homosexuales oficiada el sábado por el alcalde de Madrid. Como ya hizo el pasado viernes, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Jorge Fernández Díaz, apoyó el discurso del secretario popular de Comunicación, Gabriel Elorriaga, un reproche a Gallardón por el daño inflingido a la imagen del PP. La cuestión es más de fondo: el matrimonio verdadero es la unión de un hombre y una mujer.

Las leyes, se esté de acuerdo o no con ellas, se tienen que acatar. Sin embargo, el alcalde de Madrid no estaba obligado a oficiar una boda gay. Para Jorge Fernández, la ley se puede aplicar “con discreción y con prudencia" o, "como en el caso de la boda gay, con trompetería, convirtiendo un acto, una boda, en un acto político".

El alcalde de Villalonga oficia una boda gay para "cumplir la ley"

Juan Ros, del PP, alcalde de una pequeña población de la comarca valenciana de La Sabor, reconoció ayer que ofició la boda gay entre dos vecinos homosexuales “para cumplir la ley”. Así, argumentó que "la Ley está para cumplirla" y que habrá que acatar "lo que sea legal".

El alcalde, abogado de profesión, aseguró que no tuvo "ninguna duda" cuando los dos vecinos de la población se lo pidieron. Sin embargo, y a diferencia de la boda que ofició el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el alcalde de Villalonga y la pareja de novios quisieron mantener total discreción del acto que se realizó en el Consistorio.

Análisis Digital, 2 de agosto de 2006

Supongamos que Ruiz-Gallardón tiene razón, aunque sea sólo un poco

Supongamos que Ruiz-Gallardón tiene razón, aunque sea sólo un poco

El PP, metido en un anacrónico debate entre laicismo militante y confesionalismo rancio. Zapatero encantado y Rajoy callado. ¿Alguien ha leído algo en la derecha en los últimos cien años?

Alberto Ruiz-Gallardón, el alcalde de Madrid, lo ha conseguido. Niño en el bautizo, muerto en el entierro, novio en la boda. Bueno, novio no, pero sí protagonista absoluto de una polémica que le ha dado mucho espacio en los medios de comunicación. ¿Qué más quiere un político con mucho oficio y talla sobrada, en una España en la que empieza a escasear el sentido común?

Hay quien opina que el PP debe arriesgarse a perder las elecciones para defender los que se llaman ahora "valores". Y hay quien opina que el PP debe ganar elecciones renunciando a lo que sea y aceptando los "valores" de la izquierda si hace falta. Tal vez Gallardón intuya que las dos posturas implican una renuncia cómoda y cobarde a pensar, y en definitiva una sumisión total de la derecha española a principios que no son los suyos.

La cuestión es que Zapatero, al que llamaban tonto, ha conseguido exactamente lo que quería. Está desarrollando su programa revolucionario, dando un giro tercermundista a nuestra política exterior, abriendo las puertas a la inmigración masiva, afirmando la existencia de varias naciones en España y negociando con ETA, y mientras ha conseguido crear problemas de conciencia al PP con asuntos absolutamente demagógicos –mucha ignorancia y mucha propaganda, vaya- como la "memoria histórica" o esto del matrimonio. Con un poco de suerte hasta logrará estimular una escisión en el PP o la aparición de un tumor maligno en la axila derecha, y con eso el zapaterismo podría durar décadas. Qué bien.

El péndulo progre

Ahora resulta que los gustos sexuales tienen que ver con las ideas políticas, con los principios culturales y con las convicciones religiosas de cada uno. En realidad esto es una solemne tontería, pero la izquierda lo está afirmando y se ha encontrado con una derecha –en su sentido más amplio: que nadie huya de sus culpas- dispuesta a aceptar la memez.

Vamos a escandalizarnos todos. Jean Marie Le Pen está a favor de las uniones entre homosexuales, entre otras cosas porque demuestran que "el matrimonio está reconquistando un prestigio que se temía que hubiese perdido". Bueno, por eso y porque muchos homosexuales franceses votan a la derecha nacionalista, que obviamente no discute lo que cada uno se lleve a la cama, sin por ello negar la evidencia de qué es un matrimonio y qué no lo es. Y si en Catania se celebró en 2004 la Gay Mediterranean Expo es, entre otras cosas, porque el concejal de cultura es el homosexual postfascista Nino Strano, y porque entre un quince y un veinte por ciento de los homosexuales italianos son capaces de votar a la derecha-de-la-derecha.

¡Escándalo!, aúllan en coro los sedicentes progres y los píos conservadores de sacristía. "Pero esas cosas no pasan en España", responden, sospechosamente unidos. Y si están unidos es porque en el fondo creen lo mismo, que sexo, política, convicciones y fe deben marcar disciplinadamente el paso. Ninguno de ellos se ha fijado en los resultados electorales del distrito de Chueca, en Madrid. Los laicistas no han preguntado a los homosexuales si de verdad quieren mayoritariamente desvirtuar la noción de matrimonio, metiendo en ella con calzador algo muy distinto, como son las garantías civiles para las parejas de gays; tampoco les han preguntado si quieren servir de ariete contra la Iglesia o contra el PP. Y los supuestos conservadores tampoco son mucho mejores, pero en conjunto todo beneficia a Zapatero y su izquierda.

Más papistas que el Papa

¿Es coherente Gallardón? Realmente no tengo muy claro con quién debería serlo, más allá del PP que lo colocó en sus listas, de los ciudadanos que lo votaron, de la Iglesia a la que pertenece y de la nación cuya bandera besó como alférez paracaidista que se confiesa orgulloso. Gallardón busca un equilibrio en una España desequilibrada, en la que parece imposible hallar una respuesta que no sea –casi- la homosexualidad obligatoria o –casi- el confesionalismo impuesto. Pues vaya.

A todo esto, ¿qué es un matrimonio? Una unión entre hombre y mujer abierta a la concepción y educación de hijos. Es decir, un núcleo familiar. Así que, se pongan como se pongan los progres, y diga lo que diga la Ley, el matrimonio excluye que dos personas del mismo sexo se casen entre sí. Ahora bien, como ha dicho el actor Aldo Buzzanca, afiliado a Alleanza Nazionale, "precisamente porque soy de derecha no soy ningún puritano y combato todas las formas de discriminación", aunque "el matrimonio está ligado a la procreación y por eso tampoco apruebo la adopción por parejas de gays". Es, en suma, una posición como la que el PP defiende y para nada incompatible con lo que la Iglesia cree, en nombre del Derecho natural.

Y es que, salvo que alguien quiera volver al Estado confesional –sí, sí los hay, pero afortunadamente pocos-, hay que separar netamente las normas jurídicas vigentes para todos de las normas morales vigentes sólo para los católicos. En común, una misma idea del hombre y de la comunidad, que es inherente al ser de España. Pero el Estado no debe meterse en la cama con los españoles, ni en un sentido ni en el otro. De hecho, la Iglesia afirma la dignidad y los derechos individuales de los gays, y no pide a los políticos que los nieguen, sino sólo que defiendan la verdad sobre el matrimonio. ¿Alguien desea ir más allá? Hará un flaco favor a cualquier derecha posible o imaginable.

¿Intenta Gallardón mirar al futuro?

Tengo la impresión de que Gallardón, muy consciente de sus capacidades y de sus posibilidades, no sabe hacia dónde ir. Si va hacia el confesionario corre el riesgo de sumergirse en una parte de la derecha sociológica que, manipulada, aspira a veces a ser toda la derecha, sin ser a menudo otra cosa que un resto del naufragio tradicionalista del siglo XIX. Es decir, derrota segura. Pero si va hacia el laicismo terminaría aceptando lo que Zapatero afirma y la izquierda impone, con lo cual toda victoria sería para la izquierda. Y da bandazos, intuyendo pero no sabiendo que es posible una derecha, sintética y no sincrética, firme y no monolítica, que venza en el siglo XXI.

Claro, esto es más fácil de decir que de hacer, pero hay que intentarlo. Hace falta una derecha capaz de aceptar que en España hay homosexuales, y que muchos están en sus filas, sin identificar a los gays con la manipulación progre de una tendencia sexual que no es precisamente de hoy. Una derecha católica pero no confesional, en la que estén los católicos pero sin llevar sólo monaguillos en las listas. Una derecha capaz de combatir con dureza las drogas pero cuyos líderes no se sonrojen si en su juventud fumaron un porro. Normalidad, en suma, con visión a largo plazo. Sentido común, a ser posible con sentido del humor, como cuando el ex ministro Francesco Storace explicó a su manera este asunto: "A veces hacemos chistes de gays, ¿y qué? También hacemos chistes de curas y de militares, y no por eso despreciamos a la Iglesia o al Ejército".

Gallardón y Rajoy lo tienen muy fácil para hacer la tarea: que salgan a la calle y que se limiten a ver cómo vive de hecho su gente, que intuitivamente va encontrando la manera de vivir hoy con los principios de siempre. Seguramente Gallardón se equivocó con lo de la boda, pero el intento, algo torpe, tiene el mérito de no ser sectario, rancio, nostálgico ni gruñón, cualidades hoy por hoy muy necesarias. Como quien dice, una derecha capaz de llevar en la misma lista electoral, si hace falta, al actor porno heterosexual (y de derechas) Rocco Siffredi y a los diseñadores gays (y de derechas) Domenico Dolce & Stefano Gabbana, a los que corresponde el análisis más claro de este lío: "Zapatero ha instrumentalizado la cuestión gay".

PS. Anticipo mis disculpas a puristas y puritanos por el muy libre uso que hago de la palabra "derecha". Los lectores normales entienden.

Pascual Tamburri

El Semanal Digital, 2 de agosto de 2006